Mujeres y hombres buscadores de personas desaparecidas en el norte de Sinaloa se manifestaron ante la Fiscalía General del Estado, para exigir transparencia en los proceso de identificación forense.

Mirna Nereyda Medina Quiñónez, fundadora del colectivo Rastreadoras de El Fuerte, que aglutina más de 500 familias con personas desaparecidas, señaló que el organismo mostró un funcionamiento parcial, orientado, principalmente, por presión mediática.

“Se nos hace un acto de burla para las familias, porque cómo va a ser posible que se busque y encuentre a una persona y en menos de 48 horas se entreguen pruebas genéticas, cuando hay cientos de familias con un familiar desaparecido y que tienen restos de los que creen que es su familiar, pero siguen a la espera hasta años”, aseguró.

La molestia de las familias que se manifestaron surgió después del reconocimiento en los restos de un hombre llamado Margarito Álvarez Cuadras, quien fue desaparecido el 15 de noviembre y hallado asesinado el 11 de febrero.

Las mujeres buscadoras señalaron que el caso tuvo una posible presión por haber sido secretario particular del Vicerrector de la UAS en la Zona Norte

“Es molesto que sea tan rápido, que las búsquedas no sean iguales, que aquí los estatus son los que mandan”, señaló.

A Margarito se le vio por última vez en una tienda de conveniencia ubicada sobre el bulevar Macario Gaxiola, en la colonia Bienestar, donde habría estado bebiendo con el propietario y los trabajadores.

El 12 de enero fue registrado el negocio por agentes de la Policía de Investigación, que encontraron manchas de sangre en el piso y algunos objetos. El perfil genético coincidió con el de Margarito.

El 22 de enero fueron detenidas tres personas, el propietario del negocio, el encargado de la tienda y el chofer de un taxi. Cinco días después un juez dictó prisión preventiva contra las tres personas por desaparición y asesinato.

El caso, pues, fue resuelto de forma rápida, un acto aplaudido por quienes integran los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, pero también cuestionado.

Solo Las Rastreadoras de El Fuerte tienen por lo menos 12 casos en los que pese a tener denuncias y señalamientos sobre hallazgos específicos, la Fiscalía General del Estado no ha practicado los protocolos forenses de identificación.

El Fiscal General, Juan José Ríos Estavillo, prometió una reunión en 10 días para revisión de expedientes, en la que participarán expertos forenses con la intención de tratar de resolver y calmar las manifestaciones.