Corrupción

‘Explota’ jueza en caso Villarreal

Quien ha llevado este caso por casi dos años reventó al saberse la única que lo ve con la gravedad que implica haber desviado 293 millones de pesos y reparar el acto con 2 millones.

La jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada ya no pudo más. El caso de desvío de 293 millones de pesos en la Secretaría de Administración y Finanzas en el segundo semestre de 2016 parece que solo a ella le preocupa.

Después de que la Fiscalía Anticorrupción decidió perdonar el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública, uno de los más graves en el catálogo de delitos de corrupción, ahora la defensa propone una salida alternativa llamada suspensión condicional del proceso.

Esa salida ya es conocida para la Fiscalía y los abogados que se encuentran defendiendo a Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario de Administración y Finanzas entre 2011 y 2016, y sus excolaboradores Ernesto Herrera Félix y José Carlos López Ramírez.

La suspensión no es otra cosa más que una forma de evitar la cárcel, siempre y cuando se haga una reparación del daño.

En este caso la Fiscalía Anticorrupción señaló al inicio del caso -en agosto de 2018- que el daño ascendía a los 293 millones, pero después de 2 años se arrepintió.

Para justificarse, la Fiscalía presentó un dictamen de la Auditoría Superior del Estado, el cual se hizo para resolver el mismo asunto pero de forma administrativa.

En ese documento, del cual ESPEJO tiene una copia, se concluyó que el desvío se hizo para cubrir pagos de gobierno del Estado y que no se sabía con certeza si todo el dinero había usado para eso.

La Fiscalía decidió que ese documento también servía para el tema penal y sin empero del gobierno de Sinaloa se quitó el delito.

En una nueva audiencia se presentó la propuesta de reparación por la defensa:

  • Pagar 2 millones de pesos en seis pagos.
  • Permanecer en los mismos domicilios de residencia hasta terminar el pago.
  • No salir del país.

Todos estuvieron de acuerdo y la jueza solo escuchó la propuesta, luego, de forma protocolaria, preguntó también al asesor jurídico del gobierno del Estado y al representante de nombre César Figueroa, quien se sumó al acuerdo.

La jueza le preguntó sobre sus facultades y este respondió que el gobernador Quirino Ordaz Coppel se las había dado. Luego le pidió mostrar algún documento con ese poder y este le mostró uno.

La jueza le dijo que en este no había ningún apartado donde se le daba la facultad de perdonar a una persona y que en este caso, el cual calificó como grave por la cantidad de dinero implicada.

Entonces mandó llamar a al Secretario de Administración y Finanzas Luis Alberto de la Vega para que fuera él quien se pronunciara.

El fiscal Librado Romero Martínez opinó que eso no debía discutirse, pues Figueroa había representado ya otros casos, pero la jueza cuestionó la falta de facultades del representante que aceptaba 2 millones de pesos como reparación de los 293 millones de pesos desviados.

“Estamos hablando de millones, no puedo voltear y fingir”, señaló la jueza.

El abogado Rafael Trejo pidió la voz y recordó que ya anteriormente se había establecido que el dinero se usó para pagos propios del Estado, pero la jueza remató:

“No existe ninguna prueba para saber qué se hizo con ese dinero”.

Volteó a ver a la Fiscalía, al apoderado legal y dijo negarse a “ser un instrumento” para aprobar la suspensión con esas condiciones.

Fue entonces que el abogado Enrique Olguín le recriminó su visión sobre el caso y le pidió retirarse del caso por su parcialidad, para que otro juez tomara su lugar.

La jueza no siguió la discusión y dio por terminada la audiencia, luego se levantó y dejó a abogados y los acusados boquiabiertos por igual. Quien ha llevado este caso por casi dos años reventó al saberse la única que lo ve con la gravedad que implica haber desviado 293 millones de pesos y reparar el acto con 2 millones.

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