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A Sinaloa no le servirá la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica si es de adorno

La institución, así se tome el Congreso más tiempo para dictaminarla, primero debe despojarse de influencias de todo tipo que puedan entorpecer la calidad y avance de las investigaciones.

Es de elemental justicia que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Sinaloa debe nacer con autonomía real y plena, sin supeditarse a órdenes de servidores públicos que han demostrado ineficiencia al encabezar el Ministerio Público, ya que el combate a delitos financieros no requiere de otro elefante blanco que vea y deje pasar a individuos y grupos que se especializan en violentar el marco jurídico y permanecer impunes.

Esta instancia investigadora, cuyo igual a nivel nacional es la Unidad de Inteligencia Financiera, necesita de la planeación e implementación con mayor visión operativa y la independencia inclusive de la Fiscalía General del Estado por la naturaleza de la función a desempeñar. Añadirla al aparato burocrático de la FGE significa colocarle barreras que tarde o temprano interferirán en los resultados finales.

Al hallarse en la fase de dictaminación en el Congreso del Estado, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica llama al debate de los diputados incluyendo a colegios de abogados, organismos sociales y expertos en el tema para evitar que emerja del proceso legislativo una entidad investigadora de magros frutos, repitiéndose casos como el de la Fiscalía Anticorrupción cuyos avances dejan mucho que desear.

A Sinaloa nada le beneficiaría que la UIPES surgiera con la independencia operativa comprometida y la autonomía sólo plasmada en el papel. La institución, así se tome el Congreso más tiempo para dictaminarla, primero debe despojarse de influencias de todo tipo que puedan entorpecer la calidad y avance de las investigaciones en un área de intervención que se relaciona con la disposición ilegal de recursos económicos.

Vale la pena escuchar inquietudes como las que plantea la diputada de Morena, Victoria Sánchez Peña, quien opina que es poco profesional y serio el proyecto de dictamen que preparan las comisiones de Puntos Constitucional y Gobernación y de Seguridad Pública. El llamado es abrirle espacios al análisis antes de que la 63 Legislatura saque adelante una UIPES que haga de todo menos investigar y llevar ante los juzgados a quienes incurran en delitos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y enriquecimiento injustificable.

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