Justicia

La justicia al revés en el caso Villarreal: la jueza al banquillo de los acusados

La alteración de roles que pretende convertir al acusado en acusador da a entender la desesperación del imputado y su equipo de abogados para que sea aceptada la negociación entre Gobierno del Estado, que es la parte afectada, y Armando Villarreal.

En el juicio contra Armando Villarreal Ibarra, ex secretario de Administración y Finanzas que es el principal coacusado por el presunto desvío de 260 millones de pesos durante el gobierno de Mario López Valdez, la materia del litigio dejó de ser el delito en sí para centrarse el alegato judicial en la petición de que la juez Sara Bruna Quiñónez Estrada deje el caso debido a que la defensa del ex funcionario la acusa de ser parcial.

La alteración de roles que pretende convertir al acusado en acusador da a entender la desesperación del imputado y su equipo de abogados para que sea aceptada la negociación entre Gobierno del Estado, que es la parte afectada, y Armando Villarreal, quien utilizó mal el dinero etiquetado para ciertos fines al destinarlos a rubros no establecidos como destino del recurso público.

Quiñónez Estrada resalta en el sistema judicial sinaloense por oponerse a acuerdos entre la Fiscalía General, Gobierno del Estado e indiciados que establecen el perdón a delitos de corrupción a cambio de que los acusados cubran una parte mínima de las cantidades económicas afectadas, a veces hasta con la facilidad de pagar en abonos. La misma firmeza que la jueza mantiene hoy en el tema Villarreal la sostuvo durante el desarrollo del caso en el cual Ernesto Echeverría Aispuro, ex secretario de Salud, finalmente logró pactar la exoneración de cargos por corrupción.

El Poder Judicial de Sinaloa debe definir como institución una postura frente a situaciones en las que las pruebas, los órganos de auditoría y la Fiscalía Anticorrupción proceden a desvanecerse por negociaciones que optan por la reparación parcial de daños al patrimonio público y se alejan del estado de derecho. Sentar precedentes de carpetas de investigación sobre hechos de corrupción que entran al trueque de dinero a cambio de la atenuación de la ley, significa ampliar el de por sí enorme zaguán de la impunidad.

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