Narcotráfico

Proyecto Amapola | Narcotráfico y capitalismo rural en la Sierra de Guerrero

Para un sector de la población rural, la participación en el narcotráfico es una de las maneras de reorganizar un esquema económico que los relega a una posición subalterna. Así, la producción de amapola puede verse como respuesta a las crisis económicas y sociales del campo mexicano.

Por Irene Álvarez

Introducción

En 1976, el candidato a la presidencia de México, José López Portillo, realizaba una gira por el sur de México. En la bahía de Acapulco, dio un discurso en el que señaló: “a diferencia del desierto, donde las manos vacías se encuentran porque la tierra no es generosa, en Guerrero las manos vacías están en esa condición por el despojo, que es socialmente doloroso”[1].

A pesar de su aparente sensibilidad, al final de su sexenio, el presidente López Portillo se hizo famoso por llevar el país a la quiebra, por sus mansiones extravagantes y por desacreditar el estatismo como forma de gobierno. Después de él, a fines de la década de 1980, comenzaría el ascenso de una élite tecnócrata que implementaría una serie de reformas políticas y económicas que marcarían la entrada del país al neoliberalismo. Sería entonces cuando el estado guerrerense iniciaría una nueva fase de desposesión.

En México, el neoliberalismo se tradujo en una apertura comercial que reestructuró el régimen de propiedad sobre la tierra. Se otorgaron derechos de propiedad sobre territorios que  antes no eran susceptibles de ser vendidos[2]. Asimismo, en 1994 la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) favoreció la inversión extranjera para la producción agrícola, lo que incentivó el desarrollo de la agricultura comercial sobre la de subsistencia. Dichas reformas estructurales produjeron una transición productiva que da preferencia a la agroindustria sobre otras formas de aprovechamiento de la tierra. Algunos estados como Michoacán y Sinaloa, en el occidente y norte de México, se transformaron en potencias económicas regionales e internacionales a raíz de la exportación de productos como el aguacate y el tomate; mientras que geografías sureñas, como Guerrero y Oaxaca, con altos índices de población indígena, se convirtieron en la fuerza de trabajo de los polos de producción de cultivos comerciales. En ese sentido, puede decirse que la implementación de las políticas neoliberales refuncionalizó el proceso histórico de desposesión de buena parte de la población rural de México.

En Guerrero, la participación del campesinado empobrecido en la producción y el tráfico de drogas ha sido una estrategia de supervivencia en un contexto caracterizado por relaciones económicas de explotación. Para un sector de la población rural, la participación en el narcotráfico es una de las maneras de reorganizar un esquema económico que los relega a una posición subalterna. Así, la producción de amapola puede verse como respuesta a las crisis económicas y sociales del campo mexicano. Los cultivos ilícitos no son producto de una falta de Estado: son un efecto de las políticas estatales.

Las poblaciones de la Sierra Madre del Sur hicieron de la siembra de amapola una práctica que les permitía hacer frente a estructuras de poder que las subordinaban. Sin embargo, y contrario a los relatos que asumen que  la pobreza es la característica que uniforma a todos los territorios productores de amapola, las regiones de Guerrero presentan perfiles socioeconómicos variados. De hecho, en algunas zonas los cultivos ilícitos han posibilitado el surgimiento de capitalistas rurales, es decir, de sujetos que poseen un conjunto de propiedades y un capital, e incluso cierta capacidad para participar, de modo creativo, en una economía de mercado.

En este apartado muestro cómo funciona la economía del derivado de la amapola -la goma de opio- desde una dimensión local. Es así como presento los resultados de una estancia de investigación realizada en las montañas del noroeste del estado durante diciembre de 2020. Si bien los datos presentados refieren a una estancia de trabajo de campo de duración limitada, realicé numerosas incursiones previas que permitieron que las entrevistas y recorridos que sustentan el presente trabajo tuvieran lugar. Igualmente, he mantenido un constante contacto con los participantes de mi investigación por medio de mensajes y llamadas telefónicas. En aras de mantener el anonimato del lugar y de los interlocutores de la investigación, fue modificada parte de la información a la que se hace referencia.

Formación y crisis del sujeto amapolero

Si bien se ha vuelto un lugar común señalar que los precios de cualquier producto se explican, solamente, a partir de la relación entre oferta y demanda, existen también una variedad de factores que influyen en el monto de dinero que los productores reciben por su mercancía.

En el caso de la goma de opio, la capacidad organizativa de los “amapoleros”, la localización de los cultivos y el orden político en el que la compra-venta tiene lugar son algunos de los elementos que inciden en la valoración de la mercancía. A pesar de que es común que se agrupe a los productores de amapola bajo la categoría de “narco-agricultores”[3], no existe un colectivo unificado de campesinos dedicados a la producción de cultivos ilícitos, ni mucho menos condiciones de compra-venta que resulten iguales para todos.

Pueblo Alto es una localidad de menos de doscientos habitantes, los cuales son en su mayoría rancheros mestizos. Se trata de una de las zonas donde la producción de amapola es un fenómeno conocido. Está ubicada en el municipio de San Miguel Totolapan, a más de 2,700 metros sobre el nivel del mar. A diferencia de otras comunidades cercanas, la población puede describirse como próspera. Es posible observar gran cantidad de camionetas de doble tracción, viviendas amplias y una iglesia recientemente remodelada. Es, sin duda, una localidad dedicada a la producción de amapola. Prácticamente toda la población está, de alguna manera, involucrada en un negocio que comenzó a mediados de la década de 1960.

Durante mi estancia en el poblado, me hospedé en la casa de una de las familias más conocidas. En una de las tantas conversaciones que compartí con los integrantes del grupo familiar, los interlocutores más ancianos recordaron cómo empezaron a sembrar adormidera. Hablaron de unos hombres originarios de Sinaloa que llegaron a enseñarles a los campesinos las técnicas de cultivo. Los describieron como “arriesgados, valientes, aventados […], muy rápidos para tirar”, pero sobre todo como su familia, como “buenos amigos”.

Aunque después de un tiempo los sinaloenses regresaron a su tierra, los habitantes de Pueblo Alto continuaron con la relación comercial. Comenzaron a llevar kilos de goma de opio en autobuses comerciales, hasta ciudades norteñas como Culiacán y Ciudad Juárez. Allá sus amigos les “buscaban el mercado”, es decir, los “conectaban con su patrón” que les compraba la mercancía a “buenos precios”. En aquellos años, ya a inicios de la década de 1970, con el tráfico de unos diez kilos de goma de opio era posible comprar “un carro grande, un carguero”[4]. Una década después, cuando las nuevas generaciones comenzaron a dedicarse al cultivo de amapola, las ganancias seguían siendo considerables.

En una conversación que sostuve con alrededor de diez productores de diferentes edades, recordaron que “en [19]85, [19]90, [19]95 con un kilito [de goma de opio] se compraba […] una camioneta de doble rodada”[5]. Los compradores seguían siendo sinaloenses, aunque ya no eran las relaciones de amistad y confianza de antes. Seguían llevando el producto a las ciudades norteñas; sin embargo, el producto que se traficaba no era ya la goma de opio, sino la heroína procesada a través de método artesanales.

En palabras de un campesino que se dedicó durante años a llevar su producto a la frontera norte, la ventaja de procesar el producto es que “es más fácil transportar cien gramos de polvo de heroína que un chingado kilo [de goma de opio] todo apestoso”[6]. Durante la última década del milenio y los primeros años del siglo XXI, el negocio siguió más o menos estable, aunque ya no era tan redituable; sin embargo, la organización de la economía local cambió en 2012. Se pasó de tener contrabandistas que producían y traficaban drogas de modo independiente, a tener monopolios regionales que recurren a la violencia para eliminar competidores en su territorio. En las palabras de mis interlocutores:

“Antes era como más libre”, pero desde que “se metió esta gente [una variedad de grupos delictivos], ellos se encargan, como ellos tienen líneas [rutas], ya no dejan a uno que se meta ni que uno procese la goma [para convertirla en heroína]”[7]

En ese sentido, desde que Pueblo Alto experimentó un proceso de cartelización[8], los productores de amapola se convirtieron únicamente en cultivadores y les fue imposible ocupar otras posiciones en la cadena productiva del tráfico de drogas.

La cadena productiva del tráfico de drogas

El diseño actual de la cadena productiva tiene un impacto en el valor mercantil de la goma de opio. En Pueblo Alto, por ejemplo, el proceso de compra-venta de goma de opio se da a través de la figura de “el corredor”: alguien que se encarga de vincular a los productores con los compradores de droga.

Este personaje es alguien que los campesinos “amapoleros” conocen, y al mismo tiempo, alguien que cuenta con la confianza de aquél que reconoce como su “patrón”. Típicamente, el patrón solicita al corredor que se encargue de conseguir un número determinado de kilos de goma de opio en un lapso determinado de tiempo. Este intermediario recurre a su vez a un “acaparador” local, el cual se responsabilizará de satisfacer la demanda del corredor, pidiendo a cada uno de los productores que se involucre en el proceso de sembrar la flor de amapola y cosechar la goma. Cuando la producción está lista, el corredor llega con una cantidad importante de dinero en efectivo que entrega al acaparador local y recoge la mercancía para llevarla con el patrón.

Tanto el acaparador como el corredor reciben alrededor de $1000 pesos por kilo de goma de opio recolectada. Por lo tanto, el precio que los productores reciben no corresponde al dinero que el patrón paga. Una parte del dinero se queda con los intermediaros. La cadena productiva del tráfico de drogas está diseñada de tal modo que nadie sabe con certeza quién es el comprador o distribuidor final, ni mucho menos a qué grupo pertenece. Ninguna de las personas que entrevisté en Pueblo Alto se reconoce como parte de una organización criminal. En las palabras de un corredor que entrevisté vía telefónica:

“No te conviene saber quién está detrás, puede ser un diputado, un empresario, no importa. No quieres que él sepa [quién eres] porque te puede chingar y él […] piensa lo mismo de ti”.[9]

En ese sentido, en entornos como Pueblo Alto, el intercambio de información y las interacciones se reducen al mínimo, logrando que el menor número de personas conozca la identidad de los involucrados. Sin embargo, dicha estrategia incrementa el número de intermediarios y, por lo tanto, los costos. A la larga, provoca que la mercancía final, la heroína en este caso, tenga un valor de mercado muy por arriba del que se paga a los productores de la materia prima, es decir, la goma de opio. En ese sentido, a mayor riesgo, mayor número de intermediarios y, consecuentemente, menor beneficio económico para los campesinos “amapoleros”.

A pesar de que, desde hace algunos años, la organización económica del negocio de la amapola hizo que los productores no se beneficiaran de una manera tan extraordinaria como antes, la actividad continuaba siendo altamente rentable.  A partir de 2016, los precios comenzaron a decaer, presumiblemente por el aumento dramático de la demanda de un potente opioide sintético de origen asiático, conocido como fentanilo. Este proceso generó un colapso en la demanda de la goma de opio[10]. En 2018, en Pueblo Alto un kilo de goma de opio llegó a cotizarse en apenas $5000 pesos, desencadenando una crisis económica a nivel local, y un éxodo de hombres jóvenes que migraron al norte del país para trabajar en fábricas y polos agroindustriales. En los últimos meses de 2020, los precios han mejorado, lo que ha hecho que muchos de los muchachos estén regresando a su terruño para participar, nuevamente, en la economía de la amapola. Ahora bien, las condiciones actuales distan de ser prósperas. Durante mi estancia de investigación en el invierno de 2020, la compra de un kilo de goma de opio llegaba a los $15,000 pesos. Para producir esa cantidad se necesita más de una hectárea. El margen de ganancia no es alto, ya que es necesario comprar fertilizantes o abonos químicos, además de vitaminas para la tierra, aspersores y mangueras que permitan transportar agua para regar el cultivo, y gasolina para poder realizar los viajes diarios a la parcela. Todo ello, sin contar la fuerza de trabajo, suma una inversión de alrededor de $10,000 pesos. A pesar de que las ganancias no son espectaculares, una de las ventajas de la goma de opio sobre otros productos comercializables como el aguacate, por mencionar un ejemplo, es que el derivado de amapola puede guardarse durante una temporada, esperando a que los precios mejoren o a que llegue un comprador.

La demanda

Los campesinos definen el mercado de drogas “como una suerte, como un azar”[11]. La gente sembra amapola porque saben que ya “la andan buscando”, es decir, porque hay compradores en el pueblo o en la región. Aun así, los productores de Pueblo Alto han elaborado estrategias que les permiten tener cierto control, aunque sea mínimo, sobre el valor de su mercancía. De esa manera, el precio de venta de la goma de opio proveniente de dicha localidad, está por encima del de otras zonas de la cresta de la Sierra Madre del Sur —conocida como Filo Mayor— e incluso, de lo que se paga en pueblos aledaños.

Existen razones que permiten explicar este fenómeno. La primera de ellas es que se trata de un territorio con cierto grado de autonomía respecto a la influencia de grupos criminales o cárteles. Desde el año de 2015, Pueblo Alto y un grupo de comunidades colindantes han mantenido una defensa armada del territorio. Aunque se toleran las transacciones de mercancías ilícitas, el uso de armas y la circulación de vehículos está restringido a los habitantes de la localidad. Existe una vigilancia constante sobre lo que sucede en el poblado.

De modo interesante, esta forma de organización política es lo que les ha permitido establecer una capacidad de interlocución con líderes de grupos criminales. Por ejemplo, recientemente, los líderes del movimiento de autodefensas mantuvieron una reunión con líderes de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en la región. Durante dicho encuentro se discutió, entre otras cuestiones, un precio de compra para los productores de Pueblo Alto.  En palabras del comisario ejidal de la localidad:

“Aquí […] tenemos más libertad que en otros pueblos, y las partes que las tienen grupos criminales se las pagan bien barata. […] Aquí la tienen que pagar a lo que es, y si no les gusta que se vayan a buscar a otro lado”[12].

Es así como, en Pueblo Alto, el precio de la goma de opio supera lo que se paga a campesinos productores en zonas plenamente “cartelizadas”.

Otra de las ventajas es que Pueblo Alto está situado en medio de tres regiones controladas de modo efectivo, por distintas organizaciones criminales. Este posicionamiento estratégico, asociado con la capacidad de negociación garantizada por el grupo de autodefensas, permite que los campesinos productores vendan su mercancía al interlocutor que les ofrezca un mejor precio. En ese sentido, la organización social de la localidad y el perfil político de sus líderes permiten que los “amapoleros” interactúen con una variedad de compradores y, por lo tanto, mejoren el ingreso que obtienen de la comercialización de su mercancía.

En contraste, en comunidades del Filo Mayor que históricamente han sembrado amapola, pero que ahora forman parte de economías plenamente monopolizadas por un grupo criminal, su gente tiene condiciones de negociación menores o nulas frente a los compradores.

Así, por ejemplo, en el municipio vecino de Tlacotepec, las circunstancias son muy distintas. A continuación, menciono algunas de estas diferencias:

1) Para los productores de la zona del Filo Mayor que conecta con Chilpancingo —la capital del estado— resulta imposible vender su cosecha a compradores que no estén alineados con las autoridades de facto que dominan sus territorios, las cuales, como ya dijimos, compran a un precio inferior al del libre mercado.

2) Los cárteles o empresas monopólicas ejercen una intensa vigilancia sobre los territorios ocupados para la producción de narcóticos y, por lo tanto, sobre la cantidad de goma de opio producida, así que es muy difícil comercializar el producto fuera del mercado monopólico.

3) Igualmente, en contextos donde el control se ejerce por medios extremadamente impredecibles, algunos campesinos han dejado de participar en economías ilícitas porque saben que, de hacerlo, están obligados a relacionarse con actores que pueden actuar de formas inesperadas[13]. De esa manera, no participar de las economías ilícitas es una manera de escapar del poder que las controla, tratando así de asegurar la propia supervivencia.

Comentario final

A partir de noviembre de 2020 a la fecha, es posible ver un ligero repunte en la producción y los precios de la goma de opio. Aunque no dudo que existan factores exógenos –tales como el cierre de las fronteras por la epidemia de COVID-19[14] — en esta incursión etnográfica en zonas productoras, me interesé en rastrear las condiciones locales que configuran los mercados del derivado de adormidera.

Desde esa mirada, sostengo que los análisis macrosociales no alcanzan a explicar la realidad local, ni mucho menos nos dicen las razones que permiten que se formen regiones económicas heterogéneas y con dinámicas sociales propias. Tampoco nos indican qué es lo que la gente hace para sobreponerse a condiciones que los relegan a una posición subordinada o marginal.

En ese sentido, en este texto he mostrado la formación de un sujeto “amapolero”, es decir, de un actor histórico que ha sido capaz de acumular cierto capital económico a partir del negocio del narcotráfico, pero que también ha tenido que defender su propia posición en un esquema de negocios que, de modo creciente, lo relega a una posición desventajosa.

Click en la imagen para acceder al especial.

Bibliografía

El Sur. 2 de junio de 2020. “Por el Covid-19, el precio de la goma de opio tiene leve repunte; esperan campesinos alivio económico”, Caterina Morbiato, disponible en línea: https://suracapulco.mx/por-el-covid-19-el-precio-de-la-goma-de-opio-tiene-leve-repunte-esperan-campesinos-alivio-economico/

Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. 2006. “La Guerra Sucia en Guerrero”, consultado en National Security Archive. Disponible en: http://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB180/index2.htm

Le Cour Grandmaison, R., Morris, N., & Smith, B. 2019. “The last harvest? From the US fentanyl boom to the Mexican Opium Crisis”. Journal of Illicit Economies and Development1(3), 312-329.

Mendoza, Natalia. 2008. Conversaciones en el desierto. Cultura, moral y tráfico de drogas. CIDE: México D.F.

______________. 2012. “Microhistoria de la violencia en Altar, Sonora”, pp. 247-272 en José Antonio Aguilar, (ed.), Las bases sociales del crimen organizado y la violencia en México. Ciudad de México: SSP-CIES

Ronquillo, V. 2011. “La narco-agricultura: cáncer del campo mexicano”, La Jornada del Campo, 15 de enero de 2011, https://www.jornada.com.mx/2011/01/15/agricultura.html

Torres-Mazuera, G. 2012. “El ejido posrevolucionario: de forma de tenencia sui generis a forma de tenencia ad hoc”. Península7(2), 69-94.


[1] Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, 2006.

[2] La ideología revolucionaria, cristalizada en la Constitución de 1917 y posteriormente con la Reforma Agraria, permitió que grandes grupos de desposeídos se convirtieran en usufructuarios de tierras colectivas a través del ejido y la propiedad comunal. Una de las características de estas formas de propiedad era que permitían el uso productivo de la tierra, pero no su venta. Aunque el ejido posrevolucionario tenía semejanzas con la propiedad individual —derecho a la herencia, exclusión de otros ejidatarios— se distinguía de ésta por ciertas restricciones legales (Torres-Mazuera 2012).

[4] (24 de diciembre de 2020)

[3] (Ronquillo, 2011)

[5] (23 de diciembre de 2020)

[6] (23 de diciembre de 2020)

[7] (23 de diciembre de 2020).

[8] La monopolización de las actividades ilegales se ha denominado cartelización (Mendoza, 2012: 249).

[9] (10 de enero de 2020).

[10] (Le Cour Grandmaison et.al. 2019).

[11] (24 de diciembre de 2020).

[12] (23 de diciembre de 2020).

[13] Por ejemplo, es sabido el caso de un líder criminal de un municipio próximo que ha llegado a efectuar espectáculos públicos en los cuales destazó vivos a algunos de sus enemigos. Esto ha provocado una gran desconfianza y miedo entre la gente que teme efectuar tratos con él o con su grupo.

[14] (El Sur, 3 de junio de 2020)

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