Justicia

Tema de la semana | Marihuana, ¿para quién?

La aprobación de la Ley que regula la marihuana aprobada esta semana por la Cámara de Diputados es una más de las muestras de que lo más importante para la 4T es reducir a toda costa el costo político que pudo haber acarreado la iniciativa: Se beneficia a inversores, se incumple a usuarios y se olvida a quienes no tienen voz, los productores empobrecidos de la sierra.

Al primar la regulación de su producción y comercialización sobre el consumo, seguir penalizando a campesinos productores y no obedecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para eliminar totalmente su prohibición para los consumidores, la cámara de diputados deja claro que, en el tema de la legalización de la marihuana, busca salir librado de cualquier costo político previo a las próximas elecciones.

Al celebrar el dejar atrás el modelo prohibicionista, el bloque de Morena calla el hecho de que las decisiones tomadas para regular la producción y consumo de marihuana en el país se enfocan primero en convertir el uso de sustancias en un negocio. Olvidados quedan usuarios que, al no establecerse una libertad total de consumo, quedan aún a merced de la criminalización por parte de las autoridades, lo que limita una reorientación de las estrategias de seguridad hacía otro tipo de delitos.

La iniciativa deja también en la ilegalidad a los pequeños productores que, en muchas ocasiones, son campesinos que habitan zonas alejadas y olvidadas por el estado y que, en esa situación, encuentran en el cultivo de la marihuana la única opción para sobrevivir.

En contraparte, lo aprobado por los diputados elimina las pocas barreras para que empresas tanto nacionales como extranjeras puedan crear auténticos monopolios de la marihuana al amparo del Gobierno Federal, dificultando también la entrada al mercado a pequeños productores que busquen en esta actividad una nueva forma de subsistencia.

Estos ‘puntos negros’ en la legislación no han pasado desapercibidos por activistas, organismos e incluso algunos legisladores, quienes han señalado que así como fue aprobada por 316 votos, la legalización de la marihuana en México “busca convertir el uso de sustancias en un negocio y no en un derecho”.

Al respecto, un organismo como México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) ha señalado que  “el dictamen aprobado, aunque legaliza la producción y el comercio de la marihuana, no legaliza su portación y su consumo, se limita a una tolerancia que no elimina la posibilidad de ser detenido, tener sanciones penales o multas”, y su directora Lisa Sánchez advierte que así como viene “se perdió una oportunidad dorada para que las autoridades dejen de distraerse con la persecución de delitos de drogas y concentrarse en delitos que sí dejan víctimas, como los homicidios”.

En sí, lo que advierten múltiples actores sociales es que de nuevo los legisladores han privilegiado a aquellos con el capital y el poder para posicionar sus agendas en la conversación pública, relegando al mismo tiempo a aquellos que no tienen voz para defenderse ante las decisiones que se toman a kilómetros de distancia pero que de cualquier manera acabarán afectándolos.

En el ámbito de lo local, se puede observar ya el reflejo de lo que posiblemente acabará sucediendo en todo el país de ser esta iniciativa ratificada por el Senado: mientras que el sector agrícola busca como sumarse de manera eficiente al negocio de la marihuana y los grupos criminales ya cambian su esquema de distribución a uno más parecido al modelo californiano de los ‘dispensarios’ de hierba, los campesinos que se dedican a la siembra de esta planta en las sindicaturas y poblados del llamado Triángulo Dorado siguen en la precariedad, sin acceso a servicios básicos como agua, luz, educación o salud, además seguirán siendo criminalizados por las autoridades mientras que algunos metros sobre el nivel del mar más abajo, nuevos y viejos empresarios del negocio se beneficiarán de esta legislación.

Comentarios

Reflexiones

Ver todas

Especiales

Ver todas

    Reporte Espejo