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Tema de la semana | Ataques a medios en Sinaloa, ¿a quiénes hacemos responsables?

¿A qué partidos y políticos les molesta el ejercicio del periodismo insumiso cuya única pretensión es ayudar a que los sinaloenses tomen las mejores decisiones de cara al proceso electoral para decidir por gobernador, presidentes municipales y diputados locales y federales? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para sacar adelante sus intolerancias?

El miércoles 17 de marzo el sitio web de revista ESPEJO sufrió durante una hora la nueva escalada de ataques cibernéticos que pretendió evitar que los contenidos llegaran a las audiencias, de la misma manera que tres días antes la versión digital del diario Noroeste emitió la alerta a sus lectores por la acometida de hackers que hicieron lenta la navegación, sin lograr tumbar por completo la plataforma. Por fortuna, la protección tecnológica funcionó y la situación no pasó a mayores en ambos casos.

Sin ser la primera vez que delincuentes que simulan operar en diferentes regiones del mundo atacan a medios digitales de Sinaloa, la reincidencia reciente de los intentos por obstruir la libertad de expresión y el derecho a la información aporta mayores rastros del fortalecimiento de la delincuencia cibernética por la también repetitiva impunidad.

La acometida contra Noroeste empezó una semana antes por parte de personas que haciendo gala de recursos económicos, humanos y logísticos realizaron la colocación de calcomanías en diferentes puntos de Culiacán en la inútil tarea de desprestigiar al medio de comunicación cada vez que publica críticas a cierto partido y personaje, hacia los cuales apuntan las sospechas de la autoría intelectual y material de las agresiones.

Este nuevo episodio de peligro fue retomado por la organización internacional Artículo 19 para exigir que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión investigue, esclarezca y sancione los hechos. Contra Noroeste, señaló, se han registrado 12 ataques cibernéticos en los 6 meses recientes.

Anteriormente se han presentado las denuncias correspondientes a ataques a los sitios web de medios informativos sinaloenses. En octubre de 2020 los directivos de Noroeste, el noticiero radiofónico Línea Directa y la Revista Espejo elevaron la queja ante la delegación de la Fiscalía General de la República, que a su vez la turnó a la competencia de la Feadle. Hasta la fecha se desconoce el avance de la investigación.

El documento entregado a la FGR realizó la cronología de la actividad de la delincuencia cibernética y la Fiscalía realizó peritajes con expertos y conoció los rastreos a los atacantes que elaboraron los webmaster de las tribunas periodísticas afectadas. En el caso de ESPEJO había sufrido por lo menos tres ataques digitales a su sitio web en 15 días, siendo el último de estos por la tarde del domingo 21 de septiembre.

El tiempo lo está ganando la impunidad que favorece la actuación ilícita de quienes con enormes recursos tecnológicos y financieros están detrás de los enemigos de la libertad de expresión. ¿A qué partidos y políticos les molesta el ejercicio del periodismo insumiso cuya única pretensión es ayudar a que los sinaloenses tomen las mejores decisiones de cara al proceso electoral para decidir por gobernador, presidentes municipales y diputados locales y federales? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para sacar adelante sus intolerancias? ¿A quiénes hacemos responsables de vulnerar las garantías constitucionales?

Por la falta de acción firme contra quienes resulten responsables, continúan los intentos por silenciar el periodismo que escruta, revisa y deletrea las conductas y mentalidades autoritarias que pretenden que su voz sea la única que se escuche como monólogo ad hoc para el totalitarismo. Y la impunidad, insistimos, es la mano que mueve la tenebrosa operación para el silencio como celada para sociedades que sin medios de comunicación confiables y profesionales irían a ciegas hacia todos los abismos.

Más allá de los deslindes que hacen los candidatos al Gobierno de Sinaloa, como son los casos del priista Mario Zamora que advierte de “fuerzas oscuras, intolerantes, gente que le teme a que salga la verdad porque ha vivido siempre a base de la mentira”, o el morenista Rubén Rocha que reprobó los ataques a Noroeste “venga de quien venga, nadie debe de atentar contra la libertad de expresión”, lo que importa es que la ley se aplique como escarmiento a quienes hicieron del delito cibernético el modus operandi para defender pactos espurios de poder.

Estado de derecho es la solución. El necesario para que los que dañan el libre proceso de la comunicación masiva respondan por sus fechorías frente a fiscales y jueces, y así la debida correspondencia delito-sanción envié la advertencia de que nadie podrá pisotear el marco jurídico ni aplastar las libertades que garantiza la Constitución.

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