Corrupción

Fiscal de Sinaloa ordena una investigación en su contra por subirse el sueldo

La Fiscalía incluye a la Auditora General de Sinaloa, así como auditoras y jefes de departamento de la auditoría en la investigación por haber dado detalles como el nombre, sueldo real y puesto de los trabajadores, acto que se consideró como una posible amenaza a la integridad personal de los funcionarios.

Juan José Ríos Estavillo, Fiscal General del Estado, se subió el sueldo en 2019 y luego, tras ser exhibido por la Auditoría Superior del Estado, ordenó una investigación en su contra.

De acuerdo con una respuesta a la solicitud de información 00339821, la Fiscalía General del Estado reservó todo lo relacionado con los recibos de nómina de Ríos Estavillo por encontrarse dentro de una carpeta de investigación.

La carpeta de investigación que se inició es la FGE/FECC/0003/2021/C.I., y esta incluye al Fiscal General, su círculo más cercano entre fiscales, vicefiscales y directores, así como a Emma Guadalupe Félix Rivera, Auditora General del Estado, la Auditora de Cumplimiento Financiero, la Auditora de Cumplimiento Financiero a Poderes y sus Entes, el Jefe del departamento de Auditoría Financiera a Entes Estatales y Auditores de Cuenta Pública.

Los delitos que se investigan son Delitos Cometidos contra Servidores Públicos y Delitos Cometidos por Servidores Públicos, más los que resulten. Todo ello es por el perjuicio contra el patrimonio y el servicio público de la Fiscalía General del Estado.

Por un lado, la Fiscalía reconoce que hay un posible daño a la hacienda pública del organismo tras haber utilizado 5 millones 775 mil 8 pesos en 2019 para subir el sueldo del Fiscal General y 10 personas que se encuentran en su círculo cercano, tal como lo reveló la Auditoría en su último reporte..

Entre todos, hubo un gasto excedente de 5 millones 775 mil 8 pesos, solo en 2019.

En el reporte de salarios se indicó que una de las personas que más dinero extra recibió fue Ríos Estavillo.

El Fiscal General debió recibir un ingreso bruto por 1 millón 676 mil 300 pesos en 2019, pero la Auditoría indicó que el monto real bruto fue de 2 millones 369 mil 24 pesos, es decir, 692 mil 724 pesos más.

La persona con mayor sueldo extra fue Nuria Alejandra González Elizalde, Vicefiscal General del Estado, quien debió percibir 425 mil 709 pesos en 2019, pero la suma real fue de un millón 405 mil 350 pesos, es decir, 989 mil 641 pesos extra.

Ese sueldo y las prestaciones dadas deben presentarse en el sitio de transparencia, pero no ha sucedido. Esa información tampoco se otorgó tras solicitudes de información, pese a contener recursos de revisión ante la Comisión de Acceso a la Información Pública. Ahora se conoce que esta información se reservó por formar parte de una carpeta de investigación.

La Fiscalía incluye a la Auditora General de Sinaloa, así como auditoras y jefes de departamento de la auditoría por haber dado detalles como el nombre y puesto de los trabajadores, acto que se consideró como una posible amenaza a la integridad personal de los funcionarios.

Ríos Estavillo no se ha separado de su cargo pese a tener una investigación en su contra y tampoco ha pasado vista al gobernador Quirino Ordaz Coppel, pese a que el artículo 34 de la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos establece que la carpeta debe tenerla un fiscal asignado por el gobernador del Estado.

¿Qué dice la ley?

ARTÍCULO 34. La denuncia o querella contra alguno de los servidores públicos mencionados en el artículo anterior, se presentará ante el Procurador General de Justicia del Estado, quien mandará practicar las diligencias necesarias para la integración de la investigación correspondiente.

En el supuesto de que la denuncia o querella se enderece en contra del Procurador General de Justicia, ésta se presentará ante el Gobernador del Estado, quien designará a un Agente del Ministerio Público especial, para el solo efecto de que integre la investigación.

Consultado por la investigación al Fiscal General, el gobernador de Sinaloa dijo desconocer de tal, pero que revisaría el alcance según los ordenamientos legales.

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