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Datos biométricos en telefonía celular: el problema es no saber en manos de quién van a estar

Que la información personal tampoco sea utilizada con propósitos de manipulación política o mercantil. Hay mucho por hacer antes de imponer por decreto que los mexicanos cedamos los datos biométricos personales.

El resolutivo del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que determina como medida cautelar que no se obligue a un usuario de telefonía celular a entregar sus datos personales y biométricos, le mete calma a la discusión nacional sobre la decisión del Gobierno Federal de crear el padrón nacional de usuarios de estos dispositivos móviles.

El tribunal establece que tampoco debe negársele el servicio o cancelársele el registro a quien se niegue a registrar sus datos personales y biométricos porque esas decisiones “podrían no ser las idóneas ni proporcionales ya que no se advierte una relación directa o casual entre la existencia de este padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos, además de que puede afectar derechos humanos”.

Aunque los datos biométricos de los ciudadanos ya están al alcance de instituciones, empresas y bancos que los requieren para dar servicios a sus clientes, el problema ahora no es tanto el hecho de proporcionar dicha información privada sino la desconfianza de en manos de quién podrían caer para alentar delitos cuando la delincuencia ha demostrado estar en condición ventajosa frente a los aparatos nacionales y estatales de seguridad pública.

Lo que propicia desconfianza es la falta de credibilidad en autoridades y dependencias responsables de hacer valer el sistema de leyes. La corrupción que convierte la secrecía en mercancía al mejor postor, poniendo en riesgo la integridad física y moral de personas cuyos datos personales Y el derecho de habeas data están protegidos por la Constitución. Y opera para la suspicacia el hecho de que el 90% de los delitos como extorsión, secuestros exprés y cobro de derecho de piso se realizan por el sistema prepago de telefonía celular o dispositivos de procedencia indeterminada.

Es decir, para que la población decida abrir todos sus datos y ponerlos a disposición del gobierno o de empresas privadas tiene que haber antes la fe en las acciones federales, estatales y municipales contra la delincuencia hasta que la gente deje de ver a los criminales con vía libre en las calles, con patente de impunidad. Que la información personal tampoco sea utilizada con propósitos de manipulación política o mercantil. Hay mucho por hacer antes de imponer por decreto que los mexicanos cedamos los datos biométricos personales.

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