Seguridad

Los policías que no tuvieron un homenaje

“A mí esposo le hicieron un homenaje porque yo lo exigí, se lo hicieron en el panteón pero solo fueron unos cuantos. El director en ese tiempo me dijo que tenían mucho trabajo para andar organizando un homenaje”, dijo la mujer quien recalcó que tras el asesinato de su esposo luchó durante cinco años para que le dieran una pensión.

Valentín era comandante primero de la Policía Estatal de Sinaloa. Un hombre joven, de apenas 30 años, cuando fue asesinado con 300 balas. Justo un par de semanas después de haber participado en las muerte del criminal Rodolfo Carrillo Fuentes en el estacionamiento de Plaza Cinépolis.

Valentín cometió un “error” para sus jefes, entre ellos Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, quien en ese entonces era el jefe de la Policía Ministerial y líder de todas las demás policías. También actuaba como policía privado a las órdenes de grupos criminales.

Rodolfo Carrillo Fuentes murió en un tiroteo en el estacionamiento de la plaza el 11 de septiembre de 2004 y su escolta quedó mal herido. Ese hombre se llama Pedro Pérez, un policía ministerial subordinado de Aguilar Íñiguez. Hoy sigue prisionero por faltar a su trabajo y colaborar con el crimen organizado.

El jefe de la policía y su segundo al mando, Martiniano Vizcarra Burgos, renunciaron y luego estuvieron prófugos por seis años, hasta que el gobierno de Sinaloa los volvió a contratar en 2011, negando sus antecedentes.

Fuente: Diario Oficial de la Federación

“Las personas por las cuales se ofrece recompensa a que se refiere el artículo anterior, se encuentran vinculadas en investigaciones abiertas por ser parte de la delincuencia organizada o cuentan con orden de aprehensión librada por autoridades judiciales del orden federal y/o local”, se indicó en el Diario Oficial de la Federación en 2010.

Un año después se hizo una fe de erratas y se estableció que los policías estaban absueltos de esa investigación. Fue así que llegó de nuevo al Cártel de Sinaloa.

“Con blancas palomas no se combate crimen”, dijo Mario López Valdez en 2011, cuando dio a conocer el regreso de los Policías a Sinaloa.

En 2018 se conoció de nueva cuenta que ambos trabajaban para el crimen, durante el juicio del criminal Joaquín Guzmán Loera. Se les incriminó en Estados Unidos, pero el gobierno se México no abrió carpetas de investigación ni lanzó órdenes de aprehensión. En cambio, Aguilar Íñiguez murió de Covid-19 y Vizcarra Burgos disfruta de su pensión por más de 40 mil pesos dada por el gobierno de Sinaloa.

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En 2005, antes de huir, limpiaron huellas y un número importante de policías murieron a manos del crimen, entre ellos Valentín. No tuvieron tampoco un homenaje póstumo ni mucho menos un memorial.

Esos policías murieron en la pena y bajo el juicio sumario de criminales que hoy siguen sin ser investigados y mucho menos detenidos para ser encarcelados.

Andrea López es esposa de Valentín y también una de las lideresas del movimiento de viudas de policías. Esta agrupación aglutina por lo menos 250 familias de policías “caídos”, una forma de explicar que fueron asesinados o murieron a causa de su trabajo.

“A mí esposo le hicieron un homenaje porque yo lo exigí, se lo hicieron en el panteón pero solo fueron unos cuantos. El director en ese tiempo me dijo que tenían mucho trabajo para andar organizando un homenaje”, dijo la mujer quien recalcó que tras el asesinato de su esposo luchó cinco años para que le dieran una pensión.

Como Andrea, hay más de 250 familias esperando un cambio de paradigma en la ley, la cual desde 2009 no tiene modificación y por lo tanto el reconocimiento es menor al real.

Foto: Cortesía

De acuerdo con datos otorgados por transparencia, solo la Policía Estatal Preventiva, entre los años 2000 y 2018 registró 46 casos de policías asesinados. También hubo 6 muertes por causas naturales derivadas de su trabajo, como estrés o depresión.

A esos casos se debe sumar el número de policías ministeriales y municipales que fueron asesinados o murieron por causas naturales de los cuales no se conoce un número exacto. Hubo quienes llegaron a suicidarse víctimas del estrés postraumático de una “guerra” por la producción de drogas ilegales.

Esta “guerra” contra las drogas que ha dejado más de 15 mil asesinatos, 10 mil desapariciones de personas y el desplazamiento forzado de otras 35 mil, de acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía General y la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

El Congreso del Estado de Sinaloa hizo cambios en la Ley de Seguridad Pública, con la intención de tomar en cuenta esos reclamos de las familias, pero, en cambio, recibió observaciones del Ejecutivo.

Esos cambios se hicieron con el decreto 645 para que independientemente de la causa de muerte y de la antigüedad laboral de algún policía, sus familias reciban una pensión del cien por ciento de la remuneración que hubiesen percibido al momento de morir.

“Esas modificaciones son porque los policías, sobre todos los municipales, tienen un salario menor reportado ante el Seguro Social, porque perciben bonos, pero eso no es un salario correcto”, explicó la abogada Teresa Guerra Ochoa.

Foto: Cortesía

El gobierno del Estado devolvió la reforma tras encontrar que el otorgar esta pensión homologada a las familias de los policías fallecidos provocarían un aumento significativo en el gasto que el estado y los municipios tendrían que destinar a este tema.

Hacer eso provocaría un desajuste económico importante y los diputados sinaloenses no tomaron en cuenta que una reforma de este tipo requiere también estudios para asegurar la manera en que se obtendrán los recursos.

“Eso afecta sobre todo a los municipios, porque todavía hay lugares donde los policías no tienen seguro social y tampoco prestaciones, entonces será darlos de alta y mejorarles el sueldo, pero el Congreso no revisó eso”, dijo Guerra Ochoa.

La ley quedó a la espera de ser publicada, el Congreso deberá hacer cambios y estos tendrán que ser de fondo para asegurar la economía de las policías y evitar una crisis municipal.

Mientras las familias de los policías caídos hoy reclaman al gobierno de Sinaloa y al Congreso local. Dicen ver poca voluntad política para reconocer sus derechos esenciales de acceso a la salud, educación y empleo.

Son mujeres y hombres en la exigencia de un homenaje póstumo para los policías por haber entregado sus vidas. Con una lucha por una memoria digna para sus familiares muertos en la batalla de una “guerra” que no debió existir.

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