La expulsión de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros del Gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador puede leerse como rectificación en la lucha contra la corrupción en México y, en términos más claros, el fracaso de una de las principales banderas del régimen llamado de la Cuarta Transformación, con el correspondiente alto casi a la mitad del camino para revisar el desempeño de todas las secretarías del Gobierno Federal.
Diferentes medios de comunicación registraron el posible enriquecimiento súbito de quien hasta ayer despachó como secretaria de la Función Pública, bonanza inexplicable que incluye la compra de 5 propiedades en 9 años cuyos costos superan en mucho lo que Sandoval Ballesteros percibió como ingresos en ese mismo período. Sin embargo, a pesar de la evidencia el Gobierno Federal optó por defender a la ahora exfuncionaria.
En una investigación dada a conocer hoy, la organización ciudadana Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad expone que en funciones como titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval también compró pruebas rápidas para detectar la Covid-19 a un precio 3 veces más caro de lo que cotizaron el IMSS y otras dependencias federales por pruebas de características idénticas. La adquisición la hizo con un proveedor sin empleados y sin experiencia, que tiene su domicilio en la parte superior de una tienda de abarrotes.
“Por 90 kits, cada uno con 25 pruebas, la SFP pagó un millón 046 mil 250 pesos a la empresa Grupo Val Integra SA de CV. Cada paquete fue pagado en 11 mil 625 pesos (sin IVA) mientras que en dos estudios de mercado elaborados por el IMSS en diciembre de 2020 y enero de 2021 se identificó que los proveedores Productos Roche, Abalat y Fármacos Dinsa vendían un kit similar en un rango de 3 mil 100 y 3 mil 250 pesos”, denuncia MCCI.
A López Obrador se le notó contrariado, directo y enérgico al dar a conocer que decidió la sustitución de Irma Eréndira Sandoval por Roberto Salcedo Aquino, quien ocupaba el cargo de subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción. ¿Esto significa un viraje hacia la auténtica lucha contra la corrupción en México sin que ésta signifique investigar y castigar a los enemigos del régimen y solapar y dar impunidad a los deshonestos afines a la 4T? Está por verse y por lo pronto lo que sí está bajo la lupa es el plan de AMLO para moralizar la cosa pública, promesa icónica de su gobierno.
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