Corrupción

Villarreal tendrá que ser juzgado por dos delitos de corrupción

El ex Secretario de Administración y Finanzas trató de que se le quitara un delito de la acusación en su contra por desviar 263 millones de pesos, pero una jueza local se lo negó y otro federal lo confirmó.

En el pasillo de los tribunales de juicios orales hablaban Librado Romero Martínez y Rafael Trejo Soto, dos de los hombres más importantes en el juicio abierto sobre el desvío de 263 millones de pesos en la Secretaría de Administración y Finanzas.

– Ahora resulta que no está segura la jueza de dónde quedó el dinero, que no se sabe aún.

– Es que ya es juez y parte

Luego el fiscal a cargo del caso de corrupción más importante en la historia de Sinaloa y uno de los abogados que defienden a los acusados soltaron las risas burlonas.

Ambos iban saliendo de una audiencia donde la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada les daba como fecha el 24 de junio para tratar el tema de un posible perdón.

En este caso hay tres acusados: Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario de Administración y Finanzas; Ernesto Herrera Félix, ex Tesorero estatal; y José Carlos López Ramírez, jefe de la caja general del gobierno del Estado.

Los tres están pasando por uno de los juicios más largos en temas de combate a la corrupción y también el más importante en la historia del Estado.

En el segundo semestre de 2016 desviaron 263 millones de pesos de cuentas específicas con recursos federales para pagar salarios, aguinaldos y bonos a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ese dinero no se repuso.

La jueza sostiene desde el inicio de este juicio, en enero de 2018, que debe tratarse con la seriedad necesaria.

Así se enfrentó a la negación de los abogados defensores, quienes aseguraron que sus clientes no podían ser juzgados por dos delitos, sino por uno solo.

La Fiscalía Anticorrupción los acusó de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, y la jueza ha repetido en más de tres ocasiones que por la gravedad del asunto deben tomarse como continuados.

Es decir, juzgarlos de la forma en que dijo la jueza hace que sea considerado grave y por lo tanto perderían “beneficios” establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre ellos la suspensión condicional del proceso.

La suspensión condicional del proceso es una forma anticipada de terminar un juicio, siempre y cuando se tenga una propuesta de reparación del daño.

Los abogados de Villarreal y sus ex socios aseguraron ya que el dinero se usó para cumplir con obligaciones del gobierno, por ello no habría daño al erario, solo la participación de una práctica equivocada.

La jueza ya advirtió en por lo menos dos ocasiones que solo se puede acceder a esa forma si el caso no es grave, por ello solicitaron un amparo en septiembre de 2020, cuya resolución fue negativa. Solicitaron después una revisión y esta fue también negativa.

“Ya les había dicho yo lo que les dijo el juez de amparo”, recalcó Quiñónez Estrada en la última audiencia pública.

En ese amparo los abogados se quejaron de posibles violaciones a sus derechos por ser acusaciones ambiguas, confusas y abstractas, pero el juez les señaló que su postura era “deficiente e inoperante”.

El juez federal les recordó a los abogados que quien hizo la acusación por los dos delitos fue el Ministerio Público, no la jueza.

Los abogados presentaron la sesión en video de septiembre de 2020 y fue desde ahí que el juez federal les rechazó toda la queja.

Con esta negación del amparo, Armando Villarreal Ibarra y sus ex socios tendrán que ser juzgados por dos delitos y no uno, además estos son continuados y por lo tanto se consideran graves.

En medio de todo esto, la Fiscalía Anticorrupción, que ha aceptado todos los acuerdos para evitar un castigo mayor, tendrá que defender así su acusación y no la justificante de posibles violaciones a los derechos del ex Secretario de Administración y Finanzas.

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