Corrupción

Desvío en Finanzas | Villarreal queda perdonado por Quirino Ordaz Coppel y la Fiscalía Anticorrupción

Luego de repasar las ofertas para medidas de reparación, la jueza a cargo recordó cada uno de los momentos de este juicio, dejando claro que toda la responsabilidad caía en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel y la Fiscalía Anticorrupción.

Armando Villarreal Ibarra y dos de sus excolaboradores lograron el perdón, pese aceptar que desviaron 263 millones de pesos de las arcas del gobierno de Sinaloa en 2016, en la última parte de la administración de Mario López Valdez.

Este perdón lo lograron después de que el gobernador Quirino Ordaz Coppel y la Fiscalía Anticorrupción aceptaran la promesa de pagar 2 millones de pesos, abstenerse de viajar al extranjero y pagar para ofrecer una disculpa pública en una de las ediciones del periódico El Debate.

“Ya no es posible que el tribunal se oponga”, dijo la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada, quien llevó el caso por dos años en los que rechazó por lo menos tres solicitudes de perdón sin oposición de la Fiscalía Anticorrupción y del gobierno de Sinaloa.

“Ya no sé en este momento quién fue el que ofreció este beneficio”, agregó la jueza.

Luego de repasar las ofertas para medidas de reparación, Quiñónez Estrada recordó cada uno de los momentos de este juicio, dejando claro que toda la responsabilidad caía en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel y la Fiscalía Anticorrupción.

En resumen, dijo, después de dos años no se sabe qué pasó con el dinero porque la Fiscalía Anticorrupción decidió no investigar.

El juicio de corrupción más importante en Sinaloa

Este es el juicio más importante sobre casos de corrupción en la historia de Sinaloa. Villarreal Ibarra siendo secretario de Administración y Finanzas desvió 263 millones de pesos.

Con él fueron acusados dos de sus ex socios, Ernesto Herrera Félix, ex Tesorero estatal; y José Carlos López Ramírez, jefe de la caja general del gobierno del Estado.

Los tres trabajaron durante 2016 tapando hoyos financieros del gobierno del Estado, aunque no todo de forma legal.

Por ejemplo, necesitaban casi 300 millones de pesos para cubrir sueldos, aguinaldos y fondos, como el de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Ese dinero lo tomaron de cuentas federales, donde había dinero para obras públicas. Algunas de ellas nunca se hicieron.

Fueron más de 200 transacciones hacia cuatro cuentas distintas del gobierno de Sinaloa, la mayoría pagadoras y otras más concentradoras de recursos por ingresos.

La Auditoría Superior del Estado dio cuenta de todo esto y solicitó una investigación más profunda por la Fiscalía Anticorrupción, que tiempo después -en agosto de 2018- obtuvo una orden de aprehensión contra el ex secretario, pero no la hizo efectiva sino hasta que se dio a conocer por el semanario Ríodoce en enero de 2019.

Los pactos

Durante los dos años de este juicio la jueza se encargó de hacer públicos cada uno de los pactos hechos con el gobierno de Quirino Ordaz Coppel para evitar la cárcel y pagar únicamente 2 millones de pesos.

Como justificante se presentó un dictamen en el que la Secretaría de Transparencia exoneró a los ex funcionarios, señalando el dinero se usó para pagar cuentas pendientes del gobierno de Sinaloa.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) aceptó el dictamen, pero dejó en claro que por tratarse de dinero etiquetado para otras funciones, se trata de un caso de transferencias ilícitas, es decir, desvío.

“Tomando como fundamento y motivación lo antes dicho, y al confrontarlo con el artículo 191 que define qué es la figura de la suspensión condicional del proceso, en lo que respecta al pago de reparación del daño todos sabemos que el desvío fue por 263 millones y fracción de pesos y se solventaría con 2 millones de pesos pagados en seis mensualidades”, señaló.

La jueza Quiñónez Estrada fue clara con ese tema y al mismo tiempo cuestionó la postura del gobierno de Sinaloa por admitir un perdón a cambio de 2 millones de pesos, así como con la Fiscalía Anticorrupción por aceptar un dictamen de orden administrativo en un asunto penal.

Ya no es posible que el tribunal se oponga ante esta circunstancia poco a poco fueron derribando las barreras y los obstáculos que impedían en un asunto de esta naturaleza principalmente porque el desvío recayó en dinero publico y no se aclaró al publico en donde quedó el dinero”.

“En estas condiciones no hay mas remedio que autorizar la suspensión condicional del proceso en favor de Armando Villareal Ibarra, Ernesto Herrera Félix y José Carlos López Ramírez por un término de seis meses. Las condiciones serán residir en lugar que ya tienen registrado en la carpeta, Armando Villareal Ibarra, establece que su lugar de residencia seguirá siendo en los Mochis, Sinaloa. Deberán de firmar mensualmente ante la unidad de medidas cautelares y se abstendrán de viajar al extranjero, los pagos se realizarán del día 23 de julio hasta el 23 de diciembre del año 2021, terminando con los pagos si no existe un reporte de incumplimiento se resolverá lo conducente”.

Una investigación inconclusa

Los abogados defensores de Villarreal y sus ex colaboradores intentaron en múltiples ocasiones evitar la cárcel. Lo lograron, pero no fue sencillo.

Primero obtuvieron un amparo para reiniciar el juicio, aunque este debía ser exactamente igual, pero en la segunda ocasión la Fiscalía Anticorrupción cambió su forma de defender.

“Transcurrido el plazo de la investigación, el Ministerio Público en la acusación cambió su perspectiva y sólo acusó por el delito de ejercicio indebido del servicio público, omitiendo acusar por Desempeño irregular de la función pública, el cual tiene mayor penalidad. También estableció en la acusación que los hechos fueron instantáneos, aunque hayan sido continuados”, señaló la jueza.

La jueza negó que se quitara el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública al ex secretario de Administración y Finanzas y sus ex colaboradores, pues este era el más grave y el de mayor penalidad.

La jueza estuvo firme, tanto que obligó al Fiscal General Juan José Ríos Estavillo enviar una carta para que públicamente se desistiera de la acusación por ese delito.

Los abogados intentaron ahora sí solicitar una suspensión condicional del proceso, pero la jueza volvió a resistirse con un argumento nuevo. Encontró un vacío importante, señalando posible ilegalidad en aceptar un perdón con un emisario del gobierno del Estado sin facultades específicas. Eso obligó a que el gobernador Quirino Ordaz Coppel hiciera un poder notariado especial, así evitaría ir él mismo a los juzgados o mandar al Secretario General de Gobierno o al de Administración y Finanzas.

Los abogados y los fiscales, entre ellos Librado Romero Martínez, explotaron en distintas ocasiones, advirtiéndole a la jueza que, incluso, había juicios de amparo por sus resistencias.

La jueza no se dejó intimidar y ganó cada uno de esos juicios.

Sin embargo, poco pudo hacer para evitar que este caso terminara con un pago de 2 millones de pesos aunque el daño específico no se determinó porque la Fiscalía Anticorrupción decidió no investigar más y sumarse a la defensa del ex Secretario de Administración y Finanzas.

En cambio, prefirió aceptar un dictamen inconcluso de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y la Auditoría Superior del Estado. Ambas aceptaron el desvío y que les era “imposible” revisar todas las cuentas.

“Lo que estableció la auditoria en su dictamen fue una verdad a medidas porque aduce que sí hubo desvío, pero se utilizó para pagar, en una forma inmotivada y carente de sustento, fue dogmática su manifestación”.

Este caso ya dio su penúltimo paso, falta que se paguen los 2 millones de pesos y se cumplan las otras medidas de reparación, por eso la jueza decidió expresar su zozobra por el dinero que nadie quiso investigar.

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