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En la desaparición de cuatro jóvenes de la Bicentenario, la exigencia por una Fiscalía eficaz

Con datos oficiales que reconocen más de 10 mil casos de desaparecidos en Sinaloa, entre estos alrededor de 2 mil que se refieren a niñas, niños y adolescentes, suena ilógico que las autoridades estatales sigan reaccionando con posicionamientos políticos.

Cada vez son más las familias que se movilizan frente al implacable fenómeno de la desapariciones forzadas en Sinaloa mientras que, en el otro extremo de la problemática, la Fiscalía General del Estado se percibe inmovilizada, o tal vez rebasada, por el delito que ocasiona dos tipos de incertidumbres: la de los hogares que sufren la ausencia de uno de sus integrantes sin saber si lo recuperarán sano y salvo, y la duda de la sociedad respecto a autoridades cruzadas de brazos o haciendo lo que les corresponde.

En Sinaloa la desaparición forzada echa a perder cualquier logro a presumir en materia de seguridad pública. Cada amanecer hay historias de personas de todas las edades a las cuales pareciera que se las traga la tierra porque desde sus casas, paseos, actividades rutinarias y laborales pasan a formar parte de la extensa lista de privaciones ilegales de la libertad, ese otro inventario deleznable de la violencia.

Ayer los padres de cuatro jóvenes salieron a manifestarse en el centro de Culiacán al desconocer el paradero de sus hijos desde que el 14 de junio salieron de la colonia Bicentenario a un paseo a la zona de Mojolo. Ya no volvieron y junto a ellos se esfumó también la activación de los sistemas de búsqueda porque pese a denunciar los hechos ante la Fiscalía General del Estado la respuesta ha sido el silencio de la dependencia.

Aun tratándose de una situación que repercute en la percepción de inseguridad y que desvanece cualquier progreso en el abatimiento de otros delitos de alto impacto, la FGE carece de un plan estratégico contra las desapariciones forzadas y da la impresión de que actúa ante cada evento bajo las presiones de las familias de las víctimas sin la acción coordinada, inmediata y efectiva que exige una situación tan delicada.

Con datos oficiales que reconocen más de 10 mil casos de desaparecidos en Sinaloa, entre estos alrededor de 2 mil que se refieren a niñas, niños y adolescentes, suena ilógico que las autoridades estatales sigan reaccionando con posicionamientos políticos y retrasen la importante respuesta eficiente para buscar y encontrar con vida a los afectados. En espera de que Kevin Alfredo, Gerardo Esteban, Joshuan Antonio y Jesús Vicente regresen ilesos con los suyos, la exigencia a la Fiscalía continúa firme: A cada desaparición forzada le debe corresponder la obligación del Estado para salvar a la víctima.

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