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El espionaje contra POPLab, a la lista de impunidad en ataques a la libertad de expresión

En México la procuración e impartición de justicia caminan a paso de tortuga al tratarse de ilícitos que afectan la libertad de expresión, mientras los criminales cibernéticos toman velocidad y alevosía alentados precisamente por la impunidad.

En el inventario de delitos contra la libertad de expresión, las agresiones a los sistemas internos de comunicación de medios informativos se han vuelto arma y mordaza contra el periodismo que ejerce la crítica y realiza investigaciones para exhibir a actores políticos y personajes públicos cuyas actuaciones representan peligros para la sociedad porque van en sentido contrario de la expectativa por más libertades, legalidad, paz y valores.

Hoy te toca el turno al equipo del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato (POPLab) con intromisiones en sus operaciones que coinciden con la realización de la labor de indagación periodística sobre el desempeño de la Fiscalía General de aquel estado y el titular de la dependencia, Carlos Zamarripa Aguirre. La mensajería de Telegram del editor de POPLab, Arnoldo Cuéllar, habría sido intervenida en 2019 y 2020 cuando se suscitó una interrupción del servicio de telefonía celular de su número privado que provino de un intento logrado de clonación realizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

En atención a esos delitos POBLab presentó denuncia el 2 de julio ante la delegación estatal de la Fiscalía General de la República en su oficina de Guanajuato pidiendo sean investigados y sancionados los hechos. Sin embargo, en reiteración de la impunidad ya existente la FGR turnó el caso a la Fiscalía del Estado por “no ser competencia federal”. Es decir, la parte acusada será la encargada de investigarse y castigarse a sí misma.

La historia se repite al tratarse de vulneraciones a la libertad de expresión y derecho a la información. A principios de octubre de 2020 los medios de comunicación Noroeste, Revista ESPEJO y el noticiero Línea Directa presentaron denuncia ante la delegación Sinaloa de la FGR luego de sufrir ataques a sus sitios web causando daños a las empresas periodísticas y audiencias de éstas. A la fecha nadie ha sido responsabilizado y sancionado por tales delitos.

En México la procuración e impartición de justicia caminan a paso de tortuga al tratarse de ilícitos que afectan la libertad de expresión, mientras los criminales cibernéticos toman velocidad y alevosía alentados precisamente por la impunidad. Periodistas asesinados y medios hackeados o espiados le dan forma a la brutal narrativa de mortajas y mordazas que al Estado mexicano parecen no importarles y de tal indiferencia adquiere ímpetu la cobarde mano de los atacantes y la impávida acción de fiscales y jueces.

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