Seguridad

En Sinaloa la seguridad pública atiende a intereses privados

Hasta el 2018, según el segundo informe de gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública prestaba un servicio particularizado a 24 empresas agrícolas y 107 comerciales, en los que tenía asignados 123 elementos en el primer caso y 252 en el segundo.

En Sinaloa hay una fuerza policial pública encargada de cuidar a los ciudadanos, pero solo a quienes puedan pagar por ese servicio.

Se trata de la Dirección de Servicios de Protección, la tercera policía más importante por el número de elementos activos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública, hay 670 elementos que están capacitados, entrenados y operan en todo el Estado, pero lo hacen como protección privada.

Hasta el 2018, según el segundo informe de gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública prestaba un servicio particularizado a 24 empresas agrícolas y 107 comerciales, en los que tenía asignados 123 elementos en el primer caso y 252 en el segundo.

Por esa protección privada, la Secretaría cobró hasta 130 millones 116 mil pesos, según la ley de ingresos correspondiente a ese ejercicio fiscal.

“La prestación del servicio público a quien pueda pagarlo y por lo tanto discrecional, es un hecho aceptado por la Secretaría de Seguridad Pública, tanto que el mismo segundo informe de gobierno revela prestar lo que llama ‘servicios no redituables’ con 179 elementos”, indicó un informe hecho por el partido Morena para el Congreso local.

“Se trataría de otro caso que impide el cumplimiento de los propósitos de imparcialidad y no discriminación en el servicio, en tanto implica la prestación de un servicio particular a funcionarios y exfuncionarios públicos, sólo por el hecho de prestar o haber prestado un servicio público”.

Este trabajo, sin embargo, es legal, de acuerdo con la Ley de Seguridad Pública:

Artículo 179.- Las autoridades competentes del Estado dictarán las medidas conducentes para brindar los elementos necesarios para la protección que en su caso resulte necesaria a los siguientes servidores públicos estatales: Gobernador Constitucional del Estado, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Secretario General de Gobierno, Secretario de Seguridad Pública, Procurador General de Justicia, y a todo aquel que realice actividades relacionadas con la seguridad pública que, en razón de su empleo, cargo o comisión asuman riesgos en el desempeño de sus atribuciones. Para los efectos de las disposiciones contenidas en este capítulo, se entiende por elementos necesarios a la designación que se haga, en el número que sea indispensable, de elementos policiales del Estado y de los municipios, para brindar la seguridad y protección del servidor público y a la correspondiente asignación del armamento, municiones, equipo táctico y de comunicación, vehículos, bienes, instrumentos u objetos que faciliten dicha medida, lo anterior en los términos del presupuesto respectivo y de conformidad con el Reglamento que para tal efecto emita el Titular del Poder Ejecutivo o el Ayuntamiento que corresponda. 

Artículo 182.- De acuerdo a la naturaleza del riesgo, de la amenaza recibida o bien por las funciones que desempeña, también tendrán derecho a recibir las medidas de protección y seguridad el cónyuge del servidor público y demás familiares en línea ascendente hasta en primer grado y descendentes hasta en un segundo grado. Las disposiciones contenidas en este capítulo podrán aplicarse hasta los tres años siguientes a la conclusión del encargo, término que en todo caso será prorrogable tomando en consideración las circunstancias particulares del caso.

De seguir activos en empresas y para la protección de políticos como en 2018, por lo menos una quinta parte de las y los policías estatales se encuentran laborando para intereses privados.

Por ejemplo, parte de esos servicios los tienen políticos como Víctor Manuel Martínez Mendoza, delegado de la FGR en Sinaloa; Emma Guadalupe Félix Rivera, Auditora Superior del Estado; y Alfredo Villegas Arreola, diputado federal por el PRI, de acuerdo con datos otorgados por transparencia.

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