Tema de hoy

Justicia en el caso Sanalona y también voluntad para que ningún delito quede sin castigo en Sinaloa

Justicia a Ana Carolina y Andrea Candelaria e igual intervención de López Obrador, Ordaz Coppel y Rocha Moya para que nadie agraviado en su integridad física o patrimonial sea revictimizado por las desidias de fiscalías y tribunales.

Cerrarle el paso a la impunidad se ha convertido en una labor imposible en Sinaloa, pues tienen que intervenir altos funcionarios del gobierno para mover los engranes del aparato público de procuración e impartición de justicia, tal como está sucediendo en el proceso legal concerniete al asesinato de dos mujeres de Durango, ocurrido el 28 de enero de 2020 en las inmediaciones de la presa Sanalona, en Sinaloa.

Resulta que en la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Culiacán, los familiares de las víctimas se le acercaron para exponerle que las investigaciones y juicio sobre el doble homicidio que involucra como presuntos responsables a elementos de la Policía Estatal Preventiva, avanzan al fracasó debido a la poca voluntad que muestra la Fiscalía General del Estado en el desahogo de pruebas y y realización de las labores periciales.

Por instrucción presidencial se involucraron en gestionar celeridad de la carpeta de investigación tanto el gobernador en funciones, Quirino Ordaz Coppel, como el mandatario estatal electo, Rubén Rocha Moya. Siendo que las fiscalías y jueces funcionan para proporcionar soluciones jurídicas por igual a los ciudadanos afectados por la violencia, en este asunto en particular queda demostrado que las instituciones del Estado de derecho necesitan también del influyentismo y la presión de las altas jerarquías del gobierno para poder funcionar adecuadamente.

Y están funcionando porque en la audiencia de ayer el caso que durante año y medio ha transcurrido entre maniobras dilatorias comenzó a moverse a favor de la justicia al aceptar el principal implicado, identificado como comandante Níquel, brindar una disculpa pública a los ofendidos, reparación del daño y ofrecerse como testigo para que el juicio avance después de una serie de maniobras de parte de la FGE con fines obstaculizadores.

Los hechos de Sanalona, donde elementos de la PEP egresados de la Academia de Policía de Sinaloa dispararon contra cuatro civiles desarmados, privando de la vida a dos e hiriendo a igual número, deben ser castigado conforme al marco legal, sin embargo, igual tratamiento agilizador de la justicia se requiere en el resto de los homicidios y demás ilícitos que en 99% quedan en la impunidad. Justicia a Ana Carolina y Andrea Candelaria e igual intervención de López Obrador, Ordaz Coppel y Rocha Moya para que nadie agraviado en su integridad física o patrimonial sea revictimizado por las desidias de fiscalías y tribunales.

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