En Sinaloa se gesta un movimiento contra restricciones de los ayuntamientos de Cosalá, Culiacán y Mazatlán por la pandemia de Covid-19, y el límite serán los tribunales internacionales, según han señalado ciudadanos y activistas.

Los tres ayuntamientos dictaron medidas administrativas restrictivas, como el prohibir transitar después de las 10 de la noche o exigir el certificado de vacunación para ingresar a espacios públicos o privados como comercios, tiendas de servicios, restaurantes, bares y centros nocturnos.

El movimiento lo integran personas de Culiacán y Mazatlán, la mayoría ciudadanos, entre ellos biólogos como Lourdes San Juan Gallardo y activistas integrantes de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS).

“Lo primero que hicimos es acordar una carta dirigida a derechos humanos y solicitamos intervención, a este documento lo acompañan más de 400 firmas y nos constituimos en un colectivo y nuestro objetivo es defender nuestra libertad de libre pensamiento”, explicó la Bióloga.

En Cosalá se dictaron medidas como la prohibición circular por las calles durante las noches, incluyendo la restricción de fiestas y reuniones.

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En Culiacán y Mazatlán la medida criticada es la exigencia del certificado de vacunación. El origen de esa medida fue la de promocionar la vacunación en ambos municipios, pero se convirtió también en un requisito indispensable si se busca entrar a oficinas de gobierno, supermercados, mercados públicos, restaurantes, bares y centros nocturnos.

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Óscar Loza Ochoa, activista y ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Sinaloa, aseguró que las medidas son un frente mal tomado por las autoridades locales, pues la decisión le compete únicamente a la Federación, no a los ayuntamientos.

“Nos llama la atención a nosotros y nos parece grave que las acuerden toda vez que no son la instancia de acuerdo a lo que establece el artículo 29 constitucional y 76 también de la misma Constitución, porque al estar conscientes que como Ayuntamiento no tienen el prestigio, que no tienen la presencia ante los ciudadanos y que les hagan caso, toman medidas de carácter suspensivo de derechos o de restricción de derechos, porque es la única manera de imponer una medida cuando no se tiene prestigio”, señaló Loza Ochoa.

Loza Ochoa forma parte de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, organización que elaboró una medida cautelar hacia los ayuntamientos para solicitar la cancelación de la exigencia.

También se envió otra al Congreso local para exigir que el Congreso local se pronuncie, pues las administraciones municipales sostienen las medidas con un aval expreso desde el gobierno del Estado.

“No pueden quedarse callados, creo que están citados para mañana (los diputados), pero dudo mucho que sea para ver las medidas de carácter municipal”, indicó.

Las acciones legales propuestas por el movimiento se iniciaron con quejas ante la CEDH, pero estas también se presentaron ante un tribunal federal con una solicitud de amparo, la cual se rechazó.

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El movimiento solicitó una revisión del rechazo al amparo por un tribunal colegiado, que de negarse también entonces acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).