Política

Pasaporte Covid y toques de queda, evidencias de que la pandemia trastornó al gobierno

La mala idea de implementar el llamado pasaporte sanitario, más como distractor que por representar soluciones, realza las ineptitudes como método para tapar los errores cometidos.

La tentación por limitar las garantías individuales ha existido cada vez que las autoridades se ven rebasadas por los problemas y la ausencia de gobierno trata de subsanarse con ocurrencias que rayan en el autoritarismo.

Hoy, ante el avance que presenta la pandemia de coronavirus y la ineficiencia de servidores públicos que con sus desidias alentaron el repunte de contagios y decesos, la mala idea de implementar el llamado pasaporte sanitario, más como distractor que por representar soluciones, realza las ineptitudes como método para tapar los errores cometidos.

Por ejemplo, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, registra el comportamiento irresponsable durante el tiempo en que la Covid-19 ha causado estragos en Sinaloa: promovió el flujo turístico cuando lo adecuado era el confinamiento, actuó ante los mazatlecos como primer desobediente de los protocolos establecidos, encabezó aglomeraciones en la campaña política para relegirse en el cargo y festejó la victoria electoral con un concierto masivo en el estadio de futbol. Ahora es un aferrado promotor del certificado de vacunación como factor coercitivo.

En Cosalá se tiene otra muestra de determinaciones arrebatadas, fincadas en la alteración del orden jurídico. Debido a la tercera ola del SARS-CoV-2 fue establecido algo muy parecido al toque de queda, prohibiéndoles a los habitantes permanecer en lugares públicos después de las 10 de la noche. En realidad, en la cabecera de este municipio el estado de excepción ha sido permanente durante años y es determinado y supervisado por grupos armados que se pasean libremente por las calles regulando la actividad social, frente a la nulidad del gobierno.

El contexto les da la razón a organizaciones ciudadanas que consideran que las medidas de restricción a las libertades son adoptadas en Mazatlán, Cosalá y Culiacán como si se tratara de decidir asuntos triviales. Los activistas que intentan resaltar las violaciones al marco constitucional defienden que antes de promover transgresiones a los artículos 29 y 76 de la Carta Magna, los presidentes municipales deberían asumir sus responsabilidades y ser ejemplos a seguir en lo concerniente a atender la actual crisis endémica.

La salida más fácil no tiene por qué ser la suspensión de derechos humanos fundamentales.

En Sinaloa y en el resto del país debe fortalecerse la cultura de la responsabilidad compartida, consistente en que cada cual haga lo que le toca ya sea desde las estructuras gubernamentales, la acción cívica o el núcleo familiar. Imponer criterios coercitivos como medio restaurador o encubridor de la negligencia gubernamental equivale a remedios que siempre resultan peor que la enfermedad.

Por cierto, ¿dónde está el Congreso del Estado en su función restablecedora de la ley?

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