Derechos Humanos

Tema de la semana | Proyecto de la Suprema Corte tumba Ley Antiaborto en Sinaloa

La ley que se promovió por Juan Pablo Yamuni y fue aprobada por la 62 Legislatura, se impugnó por diputados de Morena y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación preparó un proyecto para “tumbar” la Ley de Derecho a la Vida, una reforma aprobada por el Congreso local al artículo Cuarto bis A de la Constitución política de Sinaloa que prohíbe el aborto en el Estado.

La propuesta se presentó al final de la 62 Legislatura por el diputado Juan Pablo Yamuni, apoyada por la mayoría parlamentaria.

Apenas instalada la 63 Legislatura se impugnó por el grupo parlamentario de Morena de manera simultánea con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y esta se analizó como acción de inconstitucionalidad.

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¿Qué dice la ley?

La Suprema Corte analizó este caso desde dos perspectivas, la primera sobre el derecho ineludible de las mujeres a decidir y sobre el derecho a la salud, luego de una serie de puntos establecidos por la Cámara y la CNDH.

¿Qué se alegó contra la ley?

  • En primer lugar, argumentaron que los poderes locales no tienen facultades para definir constitucionalmente el momento en el que inicia la vida.
  • Violenta el derecho a la dignidad humana de las mujeres, así como el de libertad de decidir su plan de vida, a la vida privada y el libre desarrollo de su personalidad, la libre autodeterminación sexual y reproductiva, así como libertad a decidir el número y espaciamiento de hijos y de los derechos de igualdad y privacidad.
  • Que la norma otorga el carácter de absoluto al derecho a la vida; establece, de manera absoluta, que el derecho a la vida prevalece sobre todos los demás.
  • La medida no es proporcional, pues produce una afectación desproporcionada de los derechos de las mujeres.
  • Contraviene a resoluciones y jurisprudencias de orden nacional e internacional sobre los derechos de las mujeres.
  • La Ley destaca que la admisibilidad del castigo del aborto debe distinguirse de la cuestión moral de la licitud del aborto.
  • La norma impugnada no da oportunidad de decisión.
  • Advierten práctica clandestina de abortos en condiciones de riesgo.

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El análisis llevó tres años y la decisión, de acuerdo con el proyecto que aún debe ser votado por el Pleno de la Corte, establece que el derecho a la vida se debe observar primero desde los derechos de la mujer y no desde el producto.

“Acceder a la interrupción voluntaria y segura del embarazo contribuye al bienestar de las mujeres y de las personas gestantes. Los estándares de bienestar –partiendo del reconocimiento democrático de la diversidad de entendimientos sobre la vida buena– no pueden ser definidos con indicadores inflexibles y deben recoger estos diversos entendimientos sobre el ‘estar bien'”.

Suprema Corte de Justicia

Además, la Suprema Corte dio pauta a corregir al Poder Legislativo sobre sus formas de implementar reformas de orden constitucional.

“No corresponde a ninguna legislatura local ni a este Pleno definir con contundencia el origen de la vida humana, pues la vida es un continuum. Sería un artificio jurídico inaceptable pretender resolver normativamente un dilema respecto del cual no existe consenso científico, moral, ni religioso”, aclaró la Corte.

La Ley de Derecho a la Vida trata de dar el estatus de persona al feto, es decir, al producto desde su concepción en la mujer.

Esa premisa restringe a las mujeres a poder decidir sobre su cuerpo, incluso en las mujeres que fueron víctimas de violación, como actualmente se permite por la Constitución local.

La Corte indicó que dar el estatus de persona a un producto embrionario no puede ser posible, dado a que se contrapone a las resoluciones nacionales e internacionales sobre los derechos reproductivos de las mujeres y a la vida digna de estas.

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Por ello, el proyecto señala como inadmisible mantener la reforma.

“Para esto Pleno, es evidente que la pretensión de la legisladora ordinaria es otorgar el estatus de persona, equiparable a las personas nacidas, al embrión o feto para, y a partir de este otorgamiento, proceder a la adopción de medidas restrictivas de los derechos de las mujeres y las personas gestantes. Esta inclinación resulta constitucionalmente inadmisible”.

“En opinión de este Pleno, ninguna protección a la vida desde la concepción – implantación en términos jurídicos– puede motivar restricciones en los derechos de personas ya nacidas o ejecutarse acudiendo a la ficción jurídica que separa lo inseparable: el embrión de la persona embarazada”.

La resolución deberá ser votada por el Pleno, pero de salir a favor abrirá el debate sobre la no criminalización del aborto en Sinaloa, como ha sucedido en otros estados del País, entre ellos Veracruz, Oaxaca y Ciudad de México.

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