Derechos Humanos

Tema de la semana | ¿Aborto legal en Sinaloa?… inicia cuenta regresiva

El aborto voluntario ya no es criminal, pero ahora viene una batalla liderada por mujeres contra instituciones conservadoras para que esto sea ya una realidad total.

Por: Alexandra Figueroa y Marcos Vizcarra

Las mujeres y personas gestantes en el País ya no pueden ser llamadas criminales por abortar, pero en 28 entidades, entre ellas Sinaloa, pueden seguir siendo perseguidas como “presuntas culpables de delitos” por decidir de manera libre sobre su cuerpo.

El aborto voluntario ya no es criminal, pero ahora viene una batalla liderada por mujeres contra instituciones conservadoras para que esto sea ya una realidad total.

Cuando expresamos una realidad total, tomamos en cuenta la legislación que existe en Sinaloa, específicamente en el Código Penal:

La activista Mariel Yee, acompañante de mujeres y parte del Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa, explica que en Sinaloa el aborto no es del todo penalizado. Hay tres causas por las que las mujeres no pueden ser criminalizadas:

  • Por violación
  • Por imprudencia
  • Por peligro de muerte

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Recuadro hecho por el GIRE sobre el Código Penal de Sinaloa

Sin embargo, si las mujeres de Sinaloa no están bajo esos supuestos, seguirá habiendo policías y agentes del Ministerio Público persiguiéndolas, o personal médico negándoles sus derechos.

La Fiscalía General del Estado, un órgano constitucional autónomo, no ha fijado una postura al respecto y, bajo solicitud de información, se comunicó que no actuarán bajo supuestos.

En la lógica jurídica están en lo correcto porque el Código Penal de Sinaloa aun dice que abortar es un delito, aunque la Suprema Corte ya haya declarado esta legislación como inconstitucional.

“Que sea legal no quiere decir que sea jurídico”, mencionó el abogado y comisionado de Atención a Víctimas en Sinaloa, Óscar Fidel González Mendívil.

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Esa lógica podría hacernos comprender que la visión de los y las abogadas de la Fiscalía General del Estado, liderada por el abogado constitucionalista Juan José Ríos Estavillo, mantengan una racha ganadora ante los tribunales en los únicos cuatro casos que ha llevado desde 2018 a la fecha. Dos de esos están en proceso de resolverse en las próximas semanas. Es interesante que quien más debería posicionarse al respecto, un doctor en Derecho Constitucional, no lo haya hecho. Pero esto deberá cambiar en cualquier momento.

Las mujeres y personas gestantes no pueden ser llamadas presuntas criminales por decidir sobre su cuerpo y es ahí donde los tres poderes del Estado tienen que meter sus manos.

El primero en hacerlo es el Poder Judicial, que no puede hacer más que acatar la orden de la Corte a no criminalizar, es decir, por más investigaciones que inicie la Fiscalía General, la mayoría serán rechazadas por los jueces locales.

La clave está en que no todas podrán tomarse en cuenta, ha aclarado el magistrado presidente Ricardo López Chávez, pues mientras no haya regulaciones a las leyes locales tomarán en cuenta las de otros estados como Ciudad de México, Veracruz o Oaxaca, donde el tiempo máximo para la interrupción legal del embarazo son 12 semanas.

En esas entidades se decidió así por análisis sanitarios. Se tiene documentado que pasado ese tiempo se pone en riesgo la salud de las mujeres y personas gestantes.

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Esa situación provocará que la Fiscalía General siga abriendo más carpetas de investigación y solicitando órdenes de aprehensión si asegura que pasan del tiempo legal, aunque en el transcurso los jueces echen para atrás las acusaciones al encontrar malas actuaciones de los agentes del Ministerio Público.

Hay dos formas para evita situaciones como la planteada, una de ella que atañe al Poder Ejecutivo.

Basado en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podría enviar una circular al sistema de Salud y permitir el aborto de mujeres y personas gestantes con menos de 12 semanas de embarazo.

Eso podría poner en aprietos a doctores y doctoras que no quieran practicar abortos, quienes también tienen el derecho de objeción de conciencia, pero para esos casos ya hay resoluciones en las que se ordenó a los hospitales contar con personal que no se niegue a realizar el procedimiento, de lo contrario el Estado mismo deberá pagar indemnizaciones.

Lo anterior no es un supuesto, ya ha sucedido en diversos estados, entre ellos Aguascalientes por negarse a abortos por violaciones sexuales.

Aunque para esto anticipamos respuestas:

Se estará pendiente en lo que corresponda y si considera el Congreso que las autoridades de Salud tengan que actuar en consecuencia, esperaremos la legislación que se emite“, indicó Jesús Ramón Soto González, subsecretario de Asuntos Jurídicos del gobierno de Sinaloa.

“(…) La actual legislación no establece una carga en específico para el gobierno del Estado, pero en medida que el Congreso determine que tiene que hacerlo, pues se deberá seguir lo que se establezca”.

Así, el gobierno del Estado podría enviar una circular al sistema de Salud, pero no lo hará, por lo menos no en lo que resta de la administración de Quirino Ordaz Coppel, obligando así a las personas a ampararse para poder hacer efectivos sus derechos.

No extraña la actitud del gobernador saliente, ya ha trabajado así los temas de derechos humanos en otras ocasiones: hasta que haya una posición del Congreso local, el último de los eslabones para despenalizar el aborto en Sinaloa.

Para que pase la modificación en el Código Penal Estatal, deberá contarse con los votos de por lo menos 21 diputados de los 40, una cifra posible para la actual legislatura tomando en cuenta únicamente los votos del partido Morena.

Graciela Domínguez Nava, líder de Morena en el Congreso, lleva delantera sobre el tema, tanto que coordinó y encabezó una acción de inconstitucionalidad contra un tema similar: la Ley de Derecho a la Vida, cuyo contenido daba el estatus de persona al feto, es decir, al producto desde la concepción en la mujer.

Esa fue una reforma al artículo 4 Bis A de la Constitución local promovida por el panista Juan Pablo Yamuni en 2018.

La Corte decidió echar abajo esa norma y dejar precedente a otros 21 entidades del País con la misma regulación criminal.

Ahora Domínguez Nava ya anticipó que podría haber aborto legal en Sinaloa antes de marcharse, con la reserva de que alcance el tiempo para modificar también la Ley de Salud.

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Esa intención sería no solo para despenalizar, sino para crear condiciones para la interrupción legal del embarazo y así dotar también de recursos al sistema sanitario para la atención especial a las mujeres y personas gestantes que busquen abortar, siguiendo así los pasos de la Ciudad de México, Oaxaca y Veracruz.

La diferencia es que en este estado no habría movimientos religiosos ni morales que traben las discusiones, debido a que el no hacer las modificaciones podría provocar una lluvia de amparos que exhibirían al Congreso local, otra vez, como conservador y anti derechos.

Ahora las y los diputados tienen la oportunidad de evitar lo que sucedió con el matrimonio igualitario, cuando la Corte los hizo corregirse y luego un juez federal les ordenó aprobar, pese a sus creencias personales, religiosas y morales, el derecho a las personas del mismo sexo a contraer matrimonio.

Es cuestión de tiempo, pero el aborto será legal en Sinaloa.

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