Derechos Humanos

Periodistas y libertad de expresión, entre las prioridades olvidadas de López Obrador

Desde junio de 2019 la 63 Legislatura en funciones recibió la iniciativa ciudadana de Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa… el Congreso del Estado mandó la propuesta a la “congeladora” parlamentaria.

Por si todavía quedaban dudas del desinterés del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para atender con todas las capacidades del Estado los delitos contra la libertad de expresión, el hecho de destinarle un presupuesto de 14 millones de pesos para 2022, que representa el 5% menor al autorizado en el año en curso, contrasta con el aumento de ataques a periodistas y medios de comunicación que en el primer semestre de 2021 reporta 362 casos según datos de la organización Artículo 19.

Cabe mencionar que algunos órganos autónomos de Sinaloa reciben el doble del presupuesto público el que la federación le asigna a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, desfase que es consecuente con la política de gasto de la llamada Cuarta Transformación que le apuesta a trascender con obras faraónicas como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles o la refinería Dos Bocas, mientras el periodismo mexicano se realiza poniendo por delante el letrero de “¡somos prensa, no disparen!”.

Por desgracia el régimen presidido por el Movimiento Regeneración Nacional demuestra desprecio a las libertades, a lo autónomo, al derecho de saber, al sueño de vivir en paz y a la exigencia internacional por restablecer en México las garantías constitucionales. Le da tratamiento de segunda a lo esencial como son los casos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (antes SEIDO) que tendrá un recorte de 60 millones de pesos y la Fiscalía Especial en investigación del delito de Tortura de la FGR con la reducción del 4% en el gasto de 2022.

En Sinaloa, Morena aplica al pie de la letra la mentalidad de AMLO que considera vano lo que es fundamental. Desde junio de 2019 la 63 Legislatura en funciones recibió la iniciativa ciudadana de Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa que establece condiciones adecuadas para el desempeño de ambas tares de defensoría social. Sin embargo, pese a la mayoría que ese partido tiene en el Congreso del Estado mandó la propuesta a la “congeladora” parlamentaria.

Desde que López Obrador tomó posesión como presidente de México, el 1 de diciembre de 2018, han sido asesinados 20 periodistas en el país, y 142 de 2000 a la fecha. A como avanzan estos crímenes en la actual administración pública federal se igualará o superará la estadística de 59 comunicadores privados de la vida por motivos relacionados con el ejercicio de la actividad, registrada en el sexenio de Enrique Peña Nieto que es el más letal para la prensa.

Entonces la realidad diría, en sentido contrario al desinterés de AMLO, que urge defender y fortalecer a las instituciones y leyes que son los pilares de la libertad de expresión.

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