Gobierno

Muestran fiscales “autonomía de papel”

La intención de las fiscalías autónomas transexenales, es que las y los fiscales generales no tengan una presión política, de ahí la relevancia de conocer por qué están dejando su cargo.

En México se gestan cambios que ponen en entredicho la autonomía de las fiscalías generales estatales.

La renuncia de cuatro fiscales donde se instalan nuevas gubernaturas y la salida acordada públicamente con otro hace comenzar una nueva discusión: ¿es necesario tener fiscalías transexenales con autonomía?
De acuerdo con expertos en Derecho Constitucional, Transparencia y Anticorrupción, la respuesta es sí. Sin embargo, la situación que envuelve a las fiscalías de San Luis Potosí, Colima, Sinaloa, y Chihuahua merece una explicación mayor.

“Lo que nos demuestra la realidad una y otra vez es que esta autonomía existe únicamente en el papel, porque en la práctica, y no vayamos muy lejos, con la Fiscalía General de la República, quién puede dudar que el Fiscal es un empleado del Presidente, hace lo que el Presidente quiere y realmente no es una fiscalía totalmente autónoma”, dijo Mariana Cendejas, investigadora de Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey.

“(…) ¿Qué puede haber en las mentes de estos fiscales que están renunciando o los están orillando a renunciar, porque si yo soy una titular en una fiscalía y me nombraron para ejercer el cargo transexenal y llega otro gobierno, por qué tendría que renunciar al cargo? eso es lo que tenemos que saber”.

Los fiscales que ya renunciaron en el proceso de cambio de gobierno son Federico Garza Herrera de San Luis Potosí; Gabriel Verduzco Rodríguez, de Colima y César Augusto Peniche Espejel, de Chihuahua, Juan José Ríos Estavillo, en Sinaloa, está en proceso de dejar su cargo.

La intención de las fiscalías autónomas transexenales, mencionó Cendejas, es que las y los fiscales generales no tengan una presión política, de ahí la relevancia de conocer por qué están dejando su cargo.

Además, las fiscalías deben garantizar que no haya un uso faccioso de la procuración de justicia en el País por los poderes ejecutivos, agregó Luis Andrés Dena Ramírez, abogado experto en derecho Constitucional y miembro del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, México y Observatorio Digital.

“Al día de hoy solo tenemos una autonomía únicamente desde el punto de vista formal. Las fiscalías formalmente autónomas, porque sus leyes orgánicas y constituciones de los estados las dotan para no depender del poder ejecutivo, lo cierto es que el poder ejecutivo tiene un peso importante al momento de la selección de los fiscales”, señaló el abogado.

No contar con fiscales verdaderamente autónomos, prosiguió, deja en entredicho la posibilidad de que los poderes estatales sean investigados cuando se acuse casos de corrupción o que las carpetas de investigación tengan suficiente objetividad.

“La ventaja de tener un fiscal transexenal es que se permite tener estabilidad en el cargo que va a ocupar y que por lo tanto los favores políticos que pudiera deber empiezan a difuminarse un poco, en cambio cuando se trata de un fiscal que fue apoyado por un gobernador para alcanzar ese puesto, aquí surge una duda razonable ¿hasta dónde un fiscal no habrá de recibir instrucciones de aquella persona que facilitó su llegada?”, mencionó.

En la selección de fiscales hay distintos modelos en el País, pero en lo que atañe a San Luis Potosí, Colima, Sinaloa, y Chihuahua las leyes orgánicas establecen que la elección de perfiles dependen sustancialmente de los poderes ejecutivos. Es decir, con propuestas de las y los gobernadores ante los congresos locales.

“Esas personas que han llegado a los cargos de Fiscal con apoyo irrestricto de quien lo propuso, es lógico que le deba un favor, porque de cierta manera el gobernador hasta de cierta manera cabildea su nombramiento y eso se traduce en favores políticos que tarde o temprano tienen que pagarse”, señaló Dena Ramírez.

Para Gonzalo Armienta Hernández, Integrante del claustro de doctores en derecho de la UNAM y académico por la Universidad Autónoma de Sinaloa, las renuncias de los fiscales generales es un retroceso a la lucha por la autonomía, sobre todo porque una de las razones es el efecto político.

“El problema es que hay que respetar la Constitución, el gobernador no puede destituir a alguien de un organismo autónomo, tendría que iniciar un procedimiento jurídico”, expresó.

“Ahora bien, si el gobernador y el fiscal llegan a un acuerdo, cuál es la intención real del fiscal de dejar o no un cargo, porque de acuerdo al orden constitucional no tiene por qué recibir ninguna presión de un gobernador”.

Los especialistas coincidieron en que tras las salidas de los fiscales ahora se deberá observar quiénes son las propuestas, a partir de sus perfiles laborales y sus nexos políticos o familiares con las administraciones estatales.

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