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¿Renuncia o jubilación al fiscal Ríos Estavillo? | La ley no se negocia, se aplica

En la medida que muestren flexibilidad o dureza en la máxima de que “la ley no se negocia, se aplica” perderán o ganarán legitimidad cuando apenas comienza en Sinaloa el régimen de la Cuarta Transformación.

En cualquiera de los dos escenarios que se resuelva la salida o permanencia en el cargo del Fiscal General del Estado, a Sinaloa le saldrá caro. Si Juan José Ríos Estavillo permanece al frente de la institución autónoma podría continuar la situación de impunidad ya demostrada en delitos de alto impacto y de corrupción; en caso de acceder el Congreso a otorgarle la jubilación con las prerrogativas que recibe un magistrado, ello tendrá un alto costo económico para el erario, pero sobre todo de impacto en los sinaloenses que son los que acabarán pagándole el oneroso retiro.

El desempeño del servicio público opera de manera diferente a como se manejan las relaciones laborales comunes y corrientes. El trato de privilegios a funcionarios, así presenten éstos los peores desempeños, ofende al esfuerzo cotidiano de las masas trabajadoras que dan tenacidad, responsabilidad y compromiso en sus empleos y se les remunera con lo mínimo indispensable para la supervivencia familiar.

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De acuerdo a documentos presentados por ESPEJO Revista Digital, Ríos Estavillo condiciona su salida de la Fiscalía a que se le pensione con el sueldo de magistrado, a pesar de no reunir el requisito de edad laboral para que se le otorgue tal beneficio. El nuevo gobierno, que encabeza Rubén Rocha Moya, le ha solicitado que deje el cargo que por mandato legal debería desempeñar hasta 2024 ya que el Congreso del Estado lo designó en 2017 para que ocupe la titularidad de la FGE durante siete años.

El brete está en que este asunto plantea la salida política o la solución conforme a la ley. Ríos Estavillo acude a la figura jurídica “proyecto de vida” que les ha sido respetado a magistrados del Poder Judicial que se jubilan antes de tener los méritos, y así intenta sacarle provecho personal a la coyuntura de la llegada de un nuevo gobernador que le solicita la renuncia porque quiere tener a un fiscal de todas sus confianzas.

Finalmente, le corresponderá a la 64 Legislatura recién instalada, con mayoría de los partidos que llevaron a Rocha Moya al gobierno, definir en que termina este dilema de la ley aplicada o la ley negociada.

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El Congreso y la administración pública estatal que entra en funciones el 1 de noviembre deben ser cuidadosos de las señales que envían a los sinaloenses. En la medida que muestren flexibilidad o dureza en la máxima de que “la ley no se negocia, se aplica” perderán o ganarán legitimidad cuando apenas comienza en Sinaloa el régimen de la Cuarta Transformación que presume ser distinto a prácticas políticas fundadas en despilfarros, canonjías y corrupción permitidas entre mafias del poder.

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