Juan José Ríos Estavillo tiene sus días contados en la Fiscalía General del Estado.
El pronóstico es que se cumpla el acuerdo con el gobernador electo Rubén Rocha Moya y el lunes 18 de octubre de 2021 deje la Fiscalía General del Estado, dando cátedra de lo que para él es un organismo autónomo constitucional.
En su carta de solicitud de retiro en poder de Revista ESPEJO mencionó que los organismos autónomos “suponen una evolución de la doctrina de separación de poderes, pero no la destruyen”.
Es así que cobró forma el proceso para su salida, el cual se ha atorado bajo las peticiones del Fiscal General. Aquí daremos detalles de ello, pero primero recordemos cómo sucedió este lío:
El gobernador electo Rubén Rocha Moya llegará al poder el 1 de noviembre de 2021 y mientras ha tejido un camino de cara a una “gobernabilidad estable”. Aquí entran cambios relevantes, pero ninguno a la fuerza, todos bajo diálogo y algunos de esos tensos.
Así fue que Juan de Dios Gámez Mendívil relevó a Jaime Montes Salas en la delegación estatal de Programas para el Desarrollo.
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Ese primer cambio bastó para tener una mayor interlocución con el gobierno federal sin tapujos ni rechazos y, en cambio, un camino abierto por Gámez Mendívil, uno de los colaboradores más cercanos de Rocha Moya.
Pero esos cambios no quedaron únicamente ahí, el golpe a la mesa para demostrar autoridad se dio cuando también pidió que se cambiara al titular de la Fiscalía General.
“¿A quién le ha gustado el papel que ha hecho el Fiscal”, han cuestionado desde la oficina de Rocha Moya para tratar de explicar por qué la solicitud.
Es así que comenzaron conversaciones entre Rocha Moya y el gobernador saliente Quirino Ordaz Coppel para que fuera este último quien resolviera la salida del abogado de la misma manera cuando cabildeó su designación.
A estas conversaciones se unió Ríos Estavillo y se logró un acuerdo.
“Yo tengo un acuerdo con el fiscal que lo hemos trabajado juntos el gobernador actual y yo, de que vamos a hacer un cambio antes de que concluya su periodo constitucional”.
Rubén Rocha luego de dar a conocer su equipo de transición el 30 de septiembre.
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Ya entradas las conversaciones, el Fiscal General pidió se hiciera el relevo siempre y cuando se le jubilara, permitiéndosele un retiro con una pensión de magistrado tras 15 años de trabajo. Eso lo formalizó en papel.
El Fiscal General vio solo por sí mismo, aunque su salida implica también el relevo de su equipo de trabajo, su círculo más cercano que lo han acompañado desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se trata de Nuria Alejandra González Elizalde y Miguel Ángel Valdez Zazueta, Vicefiscal General y Vicefiscal Zona Centro.
Ambos abogados buscaron su salida exigiendo el mismo trato al Fiscal General, incluso, en una de las reuniones de estas dos personas en Gobierno del Estado la Viscefiscal General señaló que ella “había cargado con la Fiscalía por años” y por lo tanto merecía esa salida.
Las negociaciones dejaron de ser tersas a partir de esas posturas con los vicefiscales, pero el interés principal no recaía ahí, sino en la salida del Fiscal General.
La jubilación de Ríos Estavillo debía pasar por el Congreso local, pues en la carta que elaboró se comparó él mismo como un magistrado del Poder Judicial y, por lo tanto, el trámite debía ser el mismo.
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Por si fuera poco, esa jubilación iba a tener que ser tomada con el presupuesto de la misma Fiscalía General, pues por ser un organismo autónomo no había forma de hacerlo con el Instituto de Pensiones.
Eso reavivó una manifestación interna en la Fiscalía General.
Al menos 29 personas trabajadoras de la Fiscalía General de Sinaloa reprocharon la falta de convenios o instituciones que les permitan jubilarse.
Todas ellas ya cumplieron con 25 años de antigüedad en el Ministerio Público y lo han comprobado con sus contratos colectivos y recibos de nómina con retenciones hechas por el Instituto de Pensiones de Sinaloa (IPES), el cual ahora no les reconocía porque la Fiscalía General ya no depende del Poder Ejecutivo, al menos en el papel.
Este reclamo no era nuevo, pero se activó de nueva cuenta luego de que diera a conocer que habría cambios en los mandos de la Fiscalía General y el propio Fiscal General solicitaba su jubilación.
“Nos encontramos todos inconformes, porque cómo es posible que él con 15 años se quiera jubilar con un sueldo de magistrado y nosotros ya tenemos tiempo, hay compañeros con dos o tres años que ya cumplimos nuestra duración, nuestro tiempo laboral y nuestra edad biológica y no nos resuelven y cómo es posible que el señor fiscal se quiera jubilar con 15 años y con un sueldo súper mayor. No es justo, estamos inconformes ante la postura que tienen”, dijo Xóchitl Yunive Valdez Guerrero, una mujer agente del Ministerio Público en Los Mochis para la agencia contra la trata de personas.
La lucha de las trabajadora de la Fiscalía General duró casi tres años, con decenas de reuniones sin acuerdos, pero el contexto actual les dio una nueva oportunidad.
La solicitud del Fiscal General sobre jubilarse como Magistrado se rechazó en el interior del Congreso local, de donde le mandaron decir que no había forma jurídica y sin escándalos de aceptar su pretención.
Es decir, aceptar la petición implicaba también un problema mayúsculo que podía escalar a un movimiento social importante. Ese rechazo también se hizo sobre las peticiones de los vicefiscales por el monto económico supuesto, el cual ascendía a por lo menos 500 mil pesos mensuales entre los tres.
Los días siguieron marchando y el acuerdo hecho con Ríos Estavillo era dejar la Fiscalía General a más tardar el 18 de octubre de 2021, para cumplir así el proceso natural de designación de fiscal.
El tiempo de la salida se estableció a partir de los procesos de selección que encabezará la coordinación general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, un organismo ciudadano que cuenta con voz dentro del Sistema local de Seguridad Seguridad Pública.
La Ley orgánica de la Fiscalía indica que el organismo ciudadano deberá abrir la convocatoria y valorar los perfiles. Luego tendrá que armar una propuesta de por lo menos cinco candidaturas y enviarlas al Poder Ejecutivo.
Tras observar las propuestas, el Gobernador en turno deberá enviará una terna al Congreso local, donde se hará la selección con votación del Pleno.
Esas peticiones económicas no eran viables y la única vía que quedó era que el Poder Ejecutivo asumiera ese retiro.
De manera sorpresiva, el movimiento de trabajadores al interior de la Fiscalía General se arregló: El Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa firmó un acuerdo con la Fiscalía General para poder jubilar a los empleados del organismo autónomo.
Incluso, formalizó entre las personas empleadas que a partir del 19 de octubre se iniciará a dar trámite con quienes ya solicitaron su jubilación.
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Después de ese trámite comenzaron los cambios. Así salió primero Nuria Alejandra González Elizalde, la Vicefiscal General, quien prefirió salir sin escándalo, sin peleas. Se fue abandonada por quien se la llevó a la Fiscalía General y le dio más responsabilidades de las que debía cargar.
Ríos Estavillo solo vio por su salida, no la de sus colaboradores.
En el lugar de González Elizalde se designó a Dámaso Castro Saavedra, agente del Ministerio Público con una carrera hecha desde hace más de 20 años y un perfil bien visto por la oficina de Rocha Moya para la transición. Ahora como Vicefiscal General ocupará también el encargo de despacho cuando el Fiscal General deje su puesto.
Así se cumplirá con los tiempos estimados de cambio, los cuales se definen por lo menos en tres semanas con las que se hará la convocatoria, entrevistas, terna desde el Poder Ejecutivo y elección por el Congreso local de un nuevo Fiscal General.
Esa salida se prometió a más tardar el 18 de octubre.
Sin embargo, en el camino deberá resolverse la salida, la cual ahora dependerá del Instituto de Pensiones del Gobierno del Estado, donde ya avisaron que darán trámite, siempre y cuando la pretensión económica se adecúe a un sueldo mensual menor a su petición.
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