Seguridad

Cristóbal Castañeda Camarillo, la imposición militar

Los tratos, formas y estrategias de Castañeda Camarillo salen del común entre los policías, acostumbrados a recibir órdenes y cumplirlas a su manera.

Cristobal Castañeda Camarillo. Ilustración: Machateo

Cristobal Castañeda Camarillo. Ilustración: Machateo

Este es un policía diferente. En enero de 2017, cuando llegó a Sinaloa, se puso un chaleco antibalas, un casco color negro para ponerlo sobre su cabeza ya cubierta con una capucha del mismo color, tomó una metralleta para luego fajarse y subirse a la caja de una camioneta con policías y soldados obedeciéndole.

Para comprender quién es este policía llamado Cristóbal Castañeda Camarillo, podría resumirse la historia de una manera breve: es el testigo principal de la violencia en Sinaloa en los últimos cuatro años y medio.

Nació en Ciudad de México y se preparó en la Academia militar. Se formó como oficial hasta convertirse en teniente coronel y tener la jerarquía suficiente para desempeñarse como comandante en los diferentes niveles de mando y como colaborador y asesor de los mandos de escalones superiores, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra como dice el decreto hecho en la administración presidencial de Vicente Fox Quezada.

En 2017 llegó a Sinaloa en un paquete de seguridad diseñado por el general Salvador Cienfuegos Zepeda para el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Ese año fue el tercero más violento en la historia del Estado.

Ese paquete era una estrategia liderada por militares, con la condición de colocar a mandos en puestos clave de la seguridad pública.

Así se designó a Genaro Robles Casillas, un general con más de 40 años de servicio, en la Secretaría de Seguridad Pública, y al teniente coronel Castañeda Camarillo como su segundo al mando.

Los militares comandaron el plan de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que tuvo como base el gasto público para el pago de policías militares, la compra de armamento y la construcción de una base militar.

La presencia del Ejército en Sinaloa se reforzó en marzo de 2017 con la llegada de 300 elementos, los cuales alcanzaron unos 3 mil 200 durante 2018. Ese año hubo cambio de mando en la Secretaría, se nombró al militar especialista en inteligencia criminal Fermín Hernández Montealegre y se sostuvo a Castañeda Camarillo.

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El Gobierno de Ordaz siguió con el plan y se comprometió a proporcionar alimentación, hospedaje, viáticos necesarios y estímulos económicos de entre 3 mil y 8 mil pesos, según el grado militar.

Es decir, por los 3 mil 200 elementos, el Gobierno de Sinaloa pagó, al menos, 115 millones de pesos anuales.

También se compró armamento y ocho vehículos blindados tipo DN XI, a través de un convenio de colaboración con la Sedena por un monto de 36 millones de pesos.

Las compras no quedaron ahí, también dieron “ojos” a los militares con costo a la Secretaría. En total son 2 mil 361 equipos comprados entre 2017 y 2021 por el gobierno de Sinaloa, y se han invertido hasta 236 millones 443 mil 376 pesos.

Se adquirieron dos aviones no tripulados con un costo de 72.1 millones de pesos a la empresa Hydra Technologies de México y quedaron en manos del Ejército.

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El acuerdo por los drones se hizo junto a otros dos que implicaron la construcción de una base militar en El Sauz, en Culiacán, y un centro de operaciones meteorológicas, en Mazatlán, ambas pagadas por el Gobierno estatal y entregadas a la Sedena.

La más cara fue la base militar, con un costo total de mil 53 millones de pesos, de los cuales 739 millones 750 mil correspondieron a recursos estatales y 313 al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Todas esas compras y obras sirvieron para fortalecer al Ejército de Cienfuegos, que durante 2017 y 2018 estuvo en medio de una guerra intestina del Cártel de Sinaloa.

En 2019 llegó una administración federal distinta, pero el Ejército permaneció al frente de de la seguridad, con la Guardia Nacional recién creada e integrada militares. También se nombró a otro secretario, tocó el turno a Castañeda Camarillo. A la fecha, sigue al mando y la propuesta es que continúe en la administración de Rubén Rocha Moya (2021-2027).

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Un militar al que le cuesta trabajo ser policía

“Fue una petición del Presidente (Andrés Manuel López Obrador), porque el secretario de la Defensa (Luis Crescencio Sandoval) se lo solicitó”, dijo Rocha Moya a ESPEJO.

Su llegada a Sinaloa no fue para nada discreta, el colocarse un chaleco y salir a las calles para dar órdenes a policías no fue tan simple, había que depurar y hacer que los elementos estuvieran ejercitados, rindiendo cada hora pagada. Era imponer una disciplina militar a civiles con problemas de corrección.

No nada más eso. Bajo la disciplina militar hay principios: no protestar, no insubordinarse y no tomar decisiones propias. Las evaluaciones de control y confianza daban una señal clara de que eso no sería así.

Este militar se encontró con policías corruptos, desordenados y rebeldes.

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Los tratos, formas y estrategias de Castañeda Camarillo salen del común entre los policías, acostumbrados a recibir órdenes y cumplirlas a su manera. Esto ha llevado a desacuerdos y manifestaciones por policías enojados, exigiendo más recursos de viáticos o pagos extras.

En la disciplina militar eso no sucede y amparado en las leyes locales puso bajo investigación a decenas de policías, entre ellos celadores del penal de Culiacán, que bien podría reducirse a ser una coladera autogobernada por el cártel de Sinaloa.

En su administración se tiene el récord de fugas, con 55 reos. En el mismo periodo se reportaron 74 asesinatos al interior del penal. También se han asegurado 68 armas.

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Por ese penal hay pasado también hasta 11 directores y por lo menos una treintena de policías bajo investigación por nexos criminales. Castañeda Camarillo ha dicho que está a la espera de que todo eso se resuelva en las fiscalías y tribunales.

A esos tribunales han llegado apenas unos cuentos elementos, tres para ser específico, y entre ellos uno de ellos uno de sus mayores confianzas, se trata de Carlos Alberto, policía estatal apodado como el Comandante Níquel.

Eso ocurrió porque el el 28 de enero de 2020, los jóvenes murieron víctimas de los disparos que provenían de una veintena de policías entrenados y recién egresados de la Academia de Policía en Sinaloa. Otras dos personas quedaron heridas. Hasta hoy no hay una explicación más allá de una verdad histórica contada por los mismos policías: respondieron a una agresión de los jóvenes y que en el lugar encontraron un arma de fuego. Sin embargo, eso no pasó y ahora se trata de resolver este crimen.

El caso está estancado en los tribunales desde hace más de un año y en múltiples ocasiones se trató de quitar responsabilidad a Carlos Alberto, pese haber estado encargado de dar las órdenes a ese equipo policial.

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La situación no es menor, a partir de que Carlos Alberto es de los policías de la confianza de Castañeda Camarillo, a tal grado de confiarle el grupo Élite.

Su rango para trabajar no es amplio, pues así como hay policías con crímenes señalados, también hay otros que han sido asesinados por su trabajo, por ser incómodos. Así sucedió con Joel Ernesto Soto, jefe de la Policía Estatal Preventiva en Sinaloa, asesinado el 24 de mayo de 2021.

“En una cobarde agresión, esta mañana, lamentablemente, perdió la vida el director de la Policía Estatal, Joel Ernesto Soto. Los hechos sobre la carretera Los Mochis-Culiacán”.

“Nuestro más sentido pésame a la familia y a la sociedad sinaloense que ha perdido a un gran hombre”, informó el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

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El ataque ocurrió después de una serie de agresiones contra la Policía Estatal en distintas zonas del Estado, sobre todo al norte de Culiacán, donde la situación de seguridad ha puesto a prueba a todos los mandos dentro de la Secretaría de Seguridad.

La prueba de ácido

El 17 de octubre de 2019 se armó un operativo por la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, Castañeda Camarillo estaba fuera de Culiacán. Se le mandó a Mazatlán a un evento público, del que tuvo que regresar para tratar de resolver el caos.

Ese día se le fugaron 49 reos del penal de Aguaruto y le hirieron a por lo menos dos policías estatales. Por lo menos 200 hombres armados con pistolas y rifles capturaron la ciudad capital de Sinaloa, el Estado que juró proteger.

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Aquel evento del 17 de octubre dejó en evidencia la fragilidad de las policías locales. No hubo manera de contener un evento de resistencia del Cártel de Sinaloa.

La ciudad de Culiacán quedó bloqueada, con carros, camiones y tráileres incendiándose puestos de forma estratégica como barricadas. El terror se apoderó de miles de personas que se encerraron en sus trabajos, dentro de supermercados, en casas ajenas o de familiares lejos de los ataques.

Ese día las cámaras no sirvieron y todo ese equipamiento que se compró no sirvió de mucho ante centenas de hombres armados que llegaron, sobre todo, desde el norte de Culiacán.

Esa región norte se ha consumado con un lugar de resistencia de los grupos criminales. La resistencia contra la detención de Guzmán López fue solo una muestra, pero meses más tarde ocurrió otra.

Grupos criminales ligados al Cártel de Sinaloa mantuvieron una pugna interna, la cual llegó a su punto máximo cuando 16 personas fueron asesinadas en los pueblos Bagrecitos y La Vainilla.

Hubo al menos 200 familias que abandonaron los pueblos alrededor y la mayoría sigue sin regresar por temor a ser asesinadas o desaparecidas.

Antes de que ocurriera todo este desastre, Cristóbal Castañeda Camarillo se reunió con Uttam Dhillon, director de la Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos (DEA por sus siglas en Inglés).

Fue una visita sigilosa, que se boletinó una semana después, de la que únicamente se explicó que fue por invitación del Gobierno del Estado para presentar datos sobre la disminución en el número de homicidios, así como de otros delitos relacionados con crimen organizado.

Visita de funcionarios estadounidenses en Sinaloa

Se habló de números, específicamente de los casos de asesinato, de robo de vehículo y robo a comercio. El escenario daba para eso y más, pues ese tipo de crímenes tienen una tendencia a la baja.

Ahí se presumió de decomisos, aseguramientos y coordinación con autoridades federales para combatir el crimen, una proeza para un estado con el estigma de ser la cuna de los grandes capos de la mafia mexicana, de los que centenas de historias refieren como cogobernantes para mantener la “paz”.

Quizás lo mejor que pudo pasar es que Castañeda Camarillo presumiera un orden y mejora de la seguridad estatal vestido de policía, portando un rifle consigo y mostrando que aquí todo iba en calma un mes de que todo eso quedara únicamente en un discurso con diapositivas en Power Point.

Ilustración: Machateo

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