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¿Juicio político y cárcel, o más impunidad para los alcaldes con malas cuentas públicas?

Durante el ejercicio fiscal de 2019 los 18 alcaldes de Sinaloa, de acuerdo al dictamen de la Auditoría Superior del Estado, incurrieron en subejercicio presupuestal, uso de facturas falsas para justificar gastos, pasivos sin fuentes de pago, incumplimiento del Impuesto Sobre la Renta y asignación de sobresueldos o estímulos económicos.

FOTO: Cortesía / Congreso de Sinaloa.

FOTO: Cortesía / Congreso de Sinaloa.

La semana pasada el diputado local del Movimiento Regeneración Nacional, Pedro Villegas Lobo, hablo de la necesidad de que el Congreso del Estado implemente acciones más duras, inclusive hasta la procedencia del juicio político que los lleve a la cárcel, contra los presidentes municipales que incurren en manejos indebidos de recursos públicos según la revisión que realiza la 64 Legislatura y la dictaminación de la Comisión de Fiscalización que rechaza todos los informes contables.

Durante el ejercicio fiscal de 2019 los 18 alcaldes de Sinaloa, de acuerdo al dictamen de la Auditoría Superior del Estado, incurrieron en subejercicio presupuestal, uso de facturas falsas para justificar gastos, pasivos sin fuentes de pago, incumplimiento del Impuesto Sobre la Renta y asignación de sobresueldos o estímulos económicos, abriéndoseles el plazo para que subsanen las irregularidades antes de determinarse las sanciones de que serán objeto.

La práctica legislativa ha sostenido un amplio margen de tolerancia a los presidentes municipales para que sistemáticamente violenten el marco jurídico de rendición de cuentas y de responsabilidades de servidores públicos. A través de la negociación entre los grupos parlamentarios se exonera de culpa a los infractores con acuerdos políticos también ilegales que rebasan lo determinado por la ley.

El diputado Villegas Lobo es la voz en el desierto que exige ante la corrupción sistemática que detectó la ASE en las cuentas públicas de los ayuntamientos “que no queden en la impunidad, que sean sometidos a juicio político y llevados a la cárcel” en caso de existir denuncias expuestas ante los Órganos Internos de Control de los municipios, el eslabón de la cadena de rendición de cuentas donde se ejecuta la protección a los ediles irresponsables.

Sin embargo, la posición de este legislador, que es misma postura de los ciudadanos, podría no encontrar eco en el resto de los asambleístas porque los presuntos implicados pertenecen a los partidos que los diputados representan y ese es el punto en el cual la ley se vuelve elástica, negociable, letra muerta y material de impunidad.

O sólo que la recién instalada 64 Legislatura llegue decidida a darle la sanción correspondiente a los alcaldes que utilizan el erario hasta para otorgarse ellos mismos beneficios como el bono de 500 mil pesos que Jesús Estrada Ferreiro se asignó en Culiacán por “riesgos de trabajo”.

COBERTURA ESPECIAL | ESTRADA FERREIRO A JUICIO POLÍTICO

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