Enrique Inzunza Cázarez, la mano dura

Será Enrique Inzunza Cázarez el Secretario General de Gobierno en la administración de Rubén Rocha Moya, una decisión tomada mucho antes de la candidatura del morenista.

El Magistrado retirado voluntariamente es un hombre que ha acompañado a Rocha Moya desde niño. Crecieron juntos en Batequitas, Badiraguato, y la relación resulta hasta familiar, pues el maestro rural arropó a Inzunza Cázarez para que este continuara sus estudios en Culiacán.

Han sido amigos, vecinos, casi familia y cómplices. Quien calculó que podía ser otra persona, realmente estaba equivocado y fuera del contexto real de la situación que envuelve a ambos políticos.

Tomaron caminos distintos en la administración pública, pero no alejados. Uno se adentró en el gobierno del Estado, en la actividad partidaria desde la izquierda, en los movimientos sociales, en lo legislativo, y el otro en lo jurídico, las leyes, el sistema y lo interno.

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Sin embargo, el camino no ha sido nada simple. La presión política sobre el abogado ha sido tal que la historia política del Estado se ha marcado por los rompimientos con gobernadores, secretarios y el actual Fiscal General, Juan José Ríos Estavillo.

Para 2011, con el gobierno de Mario López Valdez (Malova), el Magistrado ya era presidente del Poder Judicial y sobre ambos caía la responsabilidad de la administración de la justicia. En ese año la Procuraduría General de Justicia aún formaba parte del Ejecutivo.

Se tenía encima una “guerra contra las drogas” y niveles de violencia extrema, con rezagos en investigaciones y juicios. Además, se tenía en medio un cambio de orden constitucional con el cambio de sistema de justicia.

López Valdez se desprendió de sus labores y dejó a su brazo derecho al frente de todo ese tema, en ese entonces Gerardo Vargas Landeros, quien era Secretario General de Gobierno y hoy puede presumir ser alcalde electo de Ahome por Morena.

El secretario ejerció presión política, económica y mediática hacia el Tribunal, haciéndolo responsable del rezago en la justicia hacia las víctimas. También dirigió su mano para señalar al Poder Judicial por el retraso en la implementación del sistema de justicia acusatorio, con el que se formalizaron los juicios orales.

Por ejemplo, hubo casos emblemáticos de injusticia entre 2011 y 2016, como el feminicidio de la universitaria Perla Vega. La Procuraduría General del Estado llevó a un acusado de nombre Juan Carlos a los tribunales no sin antes torturarlo y hacerle firmar declaraciones donde asumía su responsabilidad.

Finalmente el caso se cayó en los tribunales, pues se acreditó la tortura y tras amparos los jueces locales no tuvieron más que dejarlo en libertad. El dedo acusador desde la oficina del gobierno de Sinaloa fue hacia el Tribunal.

Una situación similar sucedió con el feminicidio de la activista Sandra Luz Hernández. La Procuraduría General del Estado llevó a un acusado a los tribunales, no sin antes torturarlo y declararlo culpable ante los medios de comunicación. Ocho meses más tarde fue liberado tras comprobarse la tortura y más violaciones al debido proceso contra el hombre.

El entonces Procurador Marco Antonio Higuera Gómez fue severo y acusó corrupción en los tribunales, aunque solo quedó como una declaración ante medios de comunicación. En aquel tiempo,2015, quien dirigió el Poder Judicial fue el Magistrado José Antonio García Becerra y a la fecha el caso sigue impune.

Ese tipo de casos con esos métodos eran una constante en la administración de López Valdez. En 2017 se conoció que había alrededor de 500 carpetas de investigación en contra de policías por actos de tortura, aunque ninguno se ha resuelto.

En 2015 Inzunza Cázarez dejó la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, un respiro para el abogado en medio de la confrontación que llevó consigo también situaciones de violencia, como amenazas, entre otras.

Un año después vuelve este hombre que puede presumir vivir en la medianía pese a todo el poder económico que implica ser magistrado presidente, cuando la situación política era más sencilla por los tiempos electorales y las ganas del secretario General de Gobierno de ser el siguiente gobernador por el PRI.

El elegido fue otro, Quirino Ordaz Coppel, quien llegó al poder e instaló como su mano derecha a Gonzalo Gómez Flores. La situación y personajes eran distintos, pero la confrontación continuó.

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Los cambios no pararon ahí, en 2017 la Procuraduría General pasó a ser la Fiscalía General y se convirtió, al menos en el papel, en un órgano autónomo y el segundo ente gubernamental con más presupuesto en el Estado.

Como titular se eligió a Juan José Ríos Estavillo, un hombre que antes fue presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y desde ese apartado fue un crítico de la administración de Inzunza Cázarez.

La relación entre ambos no siempre fue mala, en algún momento fueron maestro y alumno de Doctorado en Derecho Constitucional, con opiniones similares respecto a la administración de justicia y la forma de hacer política, pero todo cambió cuando el presidente del Judicial no lo apoyó en declaraciones ante la prensa sobre situaciones como el salario.

Ríos Estavillo se subió el sueldo y lo justificó asegurando que podía hacerlo y ganar lo mismo que un presidente del Poder Judicial. Inzunza Cázarez lo desmintió y entonces comenzó toda una odisea de desencuentros.

El más grande explotó en abril de 2018, cuando Ríos Estavillo dio conocer a los medios de comunicación un escándalo sexual del Magistrado con una jueza de Mazatlán. Luego comunicó también la información de forma inédita con un boletín de prensa.

El tema escaló mientras en los tribunales se trataban casos de corrupción importantes, como compras irregulares hechas por el ex secretario de Salud Ernesto Echeverría Aispuro, el ex secretario técnico de Turismo Luis Ángel Pineda Ochoa, el colapso del Tiburonario de Mazatlán y la orden de aprehensión contra Armando Villarreal Ibarra, ex secretario de Administración y Finanzas.

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Aunque no solo esos, también un caso de fraude contra empresarios de Ahome dueños del Ingenio de Los Mochis. Estos últimos fueron auspiciadores de campañas políticas, incluyendo la de Mario López Valdez en 2010.

La situación se volvió tensa, pero se suspendió en cuanto Inzunza Cázarez habló para decir que el Fiscal filtró información sin haberlo citado antes como persona denunciada.

La denuncia se retiró por la persona afectada, aunque la Fiscalía General no dio informes de ello al denunciado ni tampoco le mandó llamar para declarar. Quedó en un asunto mediático.

Los otros escándalos, los de corrupción, siguieron, y la presión desde el gobierno también. Aunque es aquí donde la batalla la comenzó a ganar.

Cada uno de los casos comenzó a caerse en los tribunales, pero no por descontroles de los jueces, sino por decisiones políticas de la administración de Quirino Ordaz Coppel apoyadas por Ríos Estavillo.

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Nunca un gobernador y un fiscal habían sido tan exhibidos en casos de corrupción en Sinaloa.

Para que sucediera las juezas y jueces se encargaron de dejar en claro en audiencias públicas que los responsables de tales desmanes fueran totalmente transparentes.

Ahora Inzunza Cázarez será una de las personas a cargo de la transición de gobierno y deberá sentarse en la misma mesa con Gonzalo Gómez Flores y en algunas ocasiones con Ríos Estavillo.

Este último, además, podría seguir en el poder, a menos que presente su renuncia o el gobernador Rubén Rocha Moya decida solicitar su remoción al Congreso por considerar su desempeño irregular, si encuentra algún abuso o ejercicio indebido de su cargo o cometer violaciones graves a la Constitución.

Una de las tareas del Magistrado retirado será revisar ese desempeño.

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El equipo más cercano de Rubén Rocha Moya está acotado a un grupo visible, mas no escandaloso. En este se encuentran Graciela Domínguez Nava, Feliciano Castro Meléndrez y Enrique Inzunza Cázarez.

Es por ello que no debe sorprender que los tres tendrán cargos de alto nivel en la siguiente administración, dos de ellos como secretarios y uno más como líder del Congreso local.

Con ello habría que poner al frente toda la estructura política existente ya desde distintos órganos de gobierno, incluso con aquellos que tienen autonomía de orden constitucional.

Casos concretos, la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP), donde una de las comisionadas que lo integran será presidenta durante la misma administración, se trata de Liliana Margarita Campuzano Vega. Una mujer preparada y experta en el tema, con una amplia trayectoria, principalmente en el Poder Judicial que encabezó Inzunza Cázarez.

Otro es el Tribunal de Justicia Administrativa, donde lidera las acciones Iván Chávez Rangel, ex secretario técnico de la presidencia del Poder Judicial del Estado. Ahora se suma que contiende por ser magistrado del Poder Judicial y se coloca como una carta fuerte.

Uno más es el del Tribunal Electoral del Estado (TEE), donde dos de las cinco magistradas son hermanas de Chávez Rangel e Inzunza Cázarez, por lo tanto existe la posibilidad de que se conviertan en presidentas del órgano.

Cada uno de los casos citados han alzado la voz para expresar su independencia y autonomía, aunque no se puede dejar atrás que existe una relación cercana -y hasta familiar- en estos.

Los órganos autónomos son solo una parte de la estructura ya tejida por Inzunza Cázarez, pues habrá que tomar en cuenta los 12 años como magistrado, de los cuales 10 fueron como presidente del Poder Judicial, teniendo la anuencia de 9 magistrados para cada una de sus decisiones.

Con todos ellos hay juezas y jueces, secretarios, defensores públicos, abogados y empresarios de todos los niveles cercanos a quien será la mano derecha -y dura- de la Administración Rochista.