Derechos Humanos

Ataques a Los Noticieristas, por la impunidad que incita a agredir medios y periodistas

Los ataques cibernéticos y amenazas contra medios de comunicación de Sinaloa continúan.

Los ataques cibernéticos y amenazas contra medios de comunicación de Sinaloa continúan debido a la certidumbre de los agresores de que no pagarán ante la ley por tales conductas delictivas, así presenten lo afectados las denuncias ante las instancias correspondientes y pese al discurso de políticos que ofrecen dar garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y en los hechos actúan como patrocinadores o cómplices por omisión de los atacantes a periodistas y tribunas informativas.

La más reciente acometida cobarde contra los artículos sexto y séptimo constitucional afecta al programa periodístico Los Noticieristas cuyo director, Luis Alberto Díaz, denunció interferencias de terceros que obstaculizan que los contenidos lleguen a las audiencias.

“No sabemos a quién, quién pudiera pagar para atacar a un medio de comunicación como Los Noticieristas, solamente queremos informárselo, estamos trabajando al respecto, por supuesto que tenemos sospechas fundadas de quién pudiera estar pagando esta campaña, pero seguiremos trabajando, mientras tanto síganos en radio, síganos en YouTube… vamos a estar con usted un día sí y otro también”.

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El 29 de septiembre de 2021, Revista Espejo presentó una nueva denuncia en la delegación Sinaloa de la Fiscalía General de la República debido a amenazas graves enviadas a través de la página en Facebook de este medio. No es nueva la atmósfera de miedo que ciberdelincuentes insisten en establecer para la labor periodística, como tampoco es novedosa la impunidad en que terminan estos hechos. En el transcurso del proceso electoral que se realizó este año, fueron recurrentes los ataques al programa Línea Directa, que entonces dirigía Luis Alberto Díaz, así como a Noroeste, Línea Directa, Revista Espejo, Ríodoce y Reacción Informativa.

La libertad de expresión y el derecho a la información continúan en situación de peligro permanente porque los criminales ocultan la identidad en la permitida acción para delinquir que otorgan cada vez más las redes sociales y también porque desde el gobierno en sus niveles federal, estatal y municipal se alienta la agresión a la prensa y en el peor de los casos se ejecuta desde oficinas de instituciones y/o autoridades, con la seguridad de que fiscalías y juzgados pondrán el resto: carpetas de investigación endebles y voluntad nula por hacer valer el sistema de leyes.

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Inclusive el gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha sido blanco de la delincuencia cibernética con afectaciones a él o sus dispositivos de comunicación, lo cual hace suponer que una vez que asuma el cargo implementará acciones institucionales de investigación, detención y sanción para que los transgresores de la libertad de expresión y el derecho a la información entiendan que en Estado de derecho el que la hace, la paga. Sea quien sea: un infractor común o integrantes de los poderes legítimos o de facto.

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