Corrupción

CONTRA-INFORME | La anticorrupción como discurso en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel

Ante la conclusión de una administración que se esforzó más en publicitar el discurso del combate a la corrupción pero que no lo ejerció de manera contundente, en Iniciativa Sinaloa proponemos una Agenda Mínima para el Combate a la Corrupción en Sinaloa.

Marlene León y Miriam Ramírez / Directora Ejecutiva 
y Coordinadora de proyectos de Iniciativa Sinaloa, A.C.

La mañana del 1 de enero de 2017 las portadas de los principales noticieros en Sinaloa hablaban de un nuevo gobierno que prometía honestidad y un enérgico combate a la corrupción.

El mensaje era alentador después de un periodo en el que había hecho crisis la opacidad, el dispendio de los recursos, las contrataciones irregulares y el desvío de los recursos públicos.

Un día antes, en su toma de protesta ante el Congreso local, el gobernador Quirino Ordaz Coppel aseguraba “la honestidad será nuestra bandera, el dinero público es de los ciudadanos.

Los principales compromisos expresados esa tarde se enfocaron en las reformas para crear el Sistema Anticorrupción y modificar el Código Penal para castigar los delitos relacionados con la corrupción. Transparentar las compras públicas, integrar la figura del Testigo Social y realizar solo obras públicas planeadas y presupuestadas. Aseguró austeridad y disciplina financiera.

Al paso de casi cinco años, realizamos un análisis de la estrategia anticorrupción implementada por la administración de Ordaz Coppel, un eje de gobierno que fue ampliamente publicitado en entrevistas y portadas de medios de circulación nacional cuando recién iniciaba su periodo.

Sin embargo, contrario al discurso oficial, los resultados reales no alcanzan a cumplir los compromisos iniciales enunciados por el propio mandatario.

En Iniciativa Sinaloa observamos que el gobierno que encabezó Quirino Odaz Coppel negoció y perdonó la corrupción, concluyó con un alto rezago en investigaciones administrativas, fue omiso ante las denuncias ciudadanas por corrupción y se caracterizó por un excesivo, opaco y discrecional dispendio de los recursos públicos para publicidad oficial.

En este ejercicio de contra informe analizaremos el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, los juicios penales contra ex funcionarios del gabinete de Mario López Valdez, la obra pública y su reforma de ley, así como el uso de la publicidad oficial y las contrataciones públicas desde un enfoque anticorrupción.

1.- El fallido intento de castigar la corrupción. Casos Echeverría, Villarreal, Colchones

En el clímax de su discurso de toma de protesta, Quirino Ordaz Coppel anunció reformas al Código Penal de Sinaloa para convertir el peculado, cohecho y abuso de autoridad en delitos graves. “Para que todo aquel funcionario que haga mal uso de los recursos públicos no pueda salir con libertad bajo fianza y se quede en la cárcel”.

Y aunque el Código Penal sí se reformó, en términos prácticos esto no se alcanzó. El gobierno de Ordaz Coppel tuvo la oportunidad de castigar la corrupción y sentar precedentes históricos en Sinaloa, pero por el contrario cedió, perdonó y perdió en casos claves de corrupción.

Ernesto Echeverría Aispuro, siete millones para evadir la cárcel 

Cuando Ordaz Coppel llegó al gobierno, su entonces secretario de Salud, Alfredo Román Messina, reveló que recibieron una administración “saqueada y en ruinas”, con un déficit de casi 350 millones de pesos, y con una deuda histórica que ascendía a más de 2 mil millones de pesos.

Ante esta corrupción denunciada por el propio gobierno, se inició una investigación contra el ex secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, y su equipo de colaboradores; los acusaron de asignar de manera irregular 29 contratos. Sin embargo, del total de estas contrataciones, únicamente una de ellas fue judicializada e investigada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Mientras la FGE llevaba la acusación en materia penal, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), inició las investigaciones por la vía administrativa pero solamente para dos contratos que fueron adjudicados de manera directa y sin la autorización del Comité de Adquisiciones. 

El proceso administrativo concluyó con la inhabilitación por tres años del ex subdirector de Recursos Financieros de los Servicios de Salud de Sinaloa, Ángel Alfonso Jackson Inzunza y con siete años y una sanción económica de 31.9 millones de pesos para Echeverría Aispuro. Las inhabilitaciones fueron anunciadas con bombo y platillo, a través de una rueda de prensa que fue difundida ampliamente por los medios del Estado.

Sin embargo, hasta antes de fallecer por consecuencias de Covid-19, Echeverría Aispuro continuaba defendiéndose en el Tribunal de Justicia Administrativa y la sanción no se había hecho efectiva. 

Por su parte, la ruta por la vía penal que siguió el caso de Echeverría Aispuro es conocida por la mayoría. El Estado pactó la suspensión condicional del proceso y permitió que el ex secretario de Salud, Echeverría Aispuro, pagara siete millones de pesos para evitar la cárcel.

Armando Villarreal Ibarra, un arreglo “inmoral”

El encargado de las finanzas en Sinaloa durante el gobierno de Mario López Valdez, Armando  Villarreal  Ibarra, protagonizó uno de los “inmorales” casos de perdón a la corrupción de Ordaz Coppel. 

Villarreal Ibarra, junto a Ernesto Herrera Félix, ex director de Tesorería y José Carlos López Ramírez, encargado de Caja General, fueron acusados por la Auditoría Superior del Estado de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público por el manejo de 293.5 millones de pesos. 

Pero tras un largo proceso penal iniciado por la Fiscalía Anticorrupción, el gobierno de Ordaz Coppel llegó a un acuerdo con los acusados para que solo pagaran 2 millones de pesos en seis mensualidades, no viajar al extrajero en seis meses y ofrecer una disculpa pública.  

Cada uno de los pasos que dio el gobierno para perdonar a Villarreal Ibarra y a los dos ex funcionarios, quedó documentado por periodistas que acudieron a las audiencias públicas y narraron las escenas en las que el Poder Judicial a través de la jueza Sara Bruna Quiñonez, se sorprendió, cuestionó y criticó las decisiones del Estado para negociar el acuerdo con los ex funcionarios.

La juez Sara Bruna Quiñonez rechazó el acuerdo en tres ocasiones. La primera vez fue durante una audiencia del 29 de enero de 2020, en la que Quiñonez expresó que un arreglo así merecería una explicación a la ciudadanía. En aquella ocasión la jueza exigió a los representantes legales del Estado presentar un documento en el que el propio Ordaz Coppel avalara la negociación. 

En una siguiente audiencia, el apoderado legal del Estado presentó un poder notarial firmado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, en el que, en una cláusula especial, lo facultó para autorizar suspensiones en los procesos penales. 

Así, el resultado por el desvío de 293.5 millones de pesos concluyó con la suspensión condicional del proceso al aceptar un acuerdo de un pago de dos millones de pesos en seis mensualidades por reparación del daño y una disculpa pública.

Los colchones podridos, el trofeo a la impunidad

Ante las afectaciones por la tormenta 19E, ocurrida el 20 de septiembre de 2018, el gobierno del Estado repartió apoyos emergentes, entre ellos, colchones nuevos. Días más tarde se supo que los colchones no eran nuevos, estaban dañados, manchados y en algunos casos podridos en su interior.

El caso parecía ser sencillo: uno o varios funcionarios realizaron una compra irregular que afectó directamente a la ciudadanía. Comprar colchones reutilizados a bajo precio, hacerlos pasar como nuevos y obtener un beneficio por la compra irregular.

El Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia en Sinaloa y lo que podría haber sido un hito en el combate a la corrupción, se convirtió en otro caso más de impunidad.

Tres años después del suceso, no hay un solo funcionario involucrado en la compra de los colchones que haya sido sancionado y la única persona que enfrentó un proceso penal fue absuelta por falta de pruebas.

El 17 de diciembre de 2020, la fiscalía anticorrupción perdió el caso contra Carlos Castro Olivas, entonces Coordinador Administrativo de la Sedeso, a quien había acusado de peculado y negociaciones ilícitas por la compra de los colchones podridos.

El caso se pudo haber ganado sí dos testigos clave hubieran declarado: Raúl Carrillo Castaños, ex secretario de desarrollo social y la subsecretaria de Economía, Morayma Yaseen Campomanes, ambos funcionarios del gobierno de Ordaz Coppel

La fiscalía aseguraba que Castro Olivas había comprado los colchones con un sobreprecio de 2.9 millones de pesos, que él era el encargado de operar los dispositivos electrónicos para las transferencias y quien buscó e hizo las negociaciones con los proveedores. 

Los dos testigos clave de la Fiscalía y con quienes acreditarían las conductas delictivas eran Carrillo Castaños y Yaseen Campomanes, pero ninguno de los dos acudió en reiteradas ocasiones cuando fueron citados.

Previo a este desenlace, la fiscalía había intentado reclasificar el delito, eliminar la acusación de peculado por la que Carlos podría recibir una pena de 10 años y perseguir sólo el delito de negociaciones ilícitas por el que la pena alcanza solo 4 años. El juez Guadalupe Chavez Reyes cuestionó a la fiscalía por la decisión de retirar el delito de peculado, ante lo que la fiscalía terminó aceptando que no habían logrado acreditar la ruta del dinero.

De nuevo, en cada paso que la Fiscalía dio para perder el caso, el apoderado legal del gobierno del Estado estuvo de acuerdo. Cuando finalmente el juez terminó por absolver a Castro Olivas por falta de pruebas, señaló la incapacidad de la fiscalía para investigar y acreditar los delitos. 

En una entrevista con Revista Espejo, la jueza Sara Bruna Quiñonez Estrada, quien ha llevado la mayoría de los casos por corrupción en Sinaloa, reveló que a lo largo de estos procesos observó que tanto el Estado como la Fiscalía han minimizado el impacto y las consecuencias de la corrupción.

La jueza que ha sido conocida a través de la prensa por sus posturas críticas hacia el desempeño de la Fiscalía y de los representantes jurídicos del Estado, cuestionó también la falta de voluntad política y las deficiencias de los servidores públicos para hacer valer la ley y la estructura existente para el combate a la corrupción. 

“Yo observé que minimizan mucho el hecho. Admiten por acuerdo una pena y qué facilidad. ¿Cómo se trata así? como si fuera algo mínimo y no es algo mínimo, porque no es nuestro dinero. Estamos como garantes con el dinero del pueblo, de un bien que nos es ajeno”, dijo en entrevista. 

“A usted le han tocado la mayoría de esos casos, que tienen que ver con el servicio público ¿Cómo ve entonces el combate a la corrupción en Sinaloa?”, se le preguntó a la jueza. 

“Yo considero que falta muchísimo. Estando ya las leyes existentes, estando ya la ley general, la ley de seguridad pública… todavía falta afianzarse, despegar y utilizar las plataformas y desde ahí despegar con gente comprometida. Mientras los funcionarios no se comprometan, no traigan en su psique, en su ADN hacer las cosas bien, como deben de hacerse, no sé a dónde iremos a parar. No me atrevo ni siquiera a pronosticar, porque la corrupción de la mano de la impunidad está carcomiendo a la sociedad, la está carcomiendo y la está tambaleando. Necesitamos todos de veras tomarlo en serio”. 

2.- Sistema Estatal Anticorrupción, denuncias, investigaciones y sanciones por corrupción rezagadas

La consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) es uno de los logros que presume constantemente Ordaz Coppel en su discurso. Si bien, el mandatario cumplió con enviar el paquete de reformas para todo el andamiaje legal que requería el sistema, en la práctica el Sistema Anticorrupción de Sinaloa está lejos de consolidarse como un verdadero engranaje que prevenga, investigue y sancione la corrupción. 

Justo una de las tareas del Ejecutivo en el SEA es la prevención, investigación y sanción de las faltas administrativas y los hechos de corrupción. De acuerdo a cifras oficiales, la STRC tiene un universo de mil 164 expedientes de investigaciones administrativas en trámite, algunas que se arrastran desde periodos pasados.

Según el cuarto informe de gobierno con corte a 2020, la STRC sólo había concluido 68 investigaciones del total. En el siguiente y último informe, la STRC reportó que en 2021 tenía 195 expedientes en trámite, de los cuales se pretendía resolver 71 investigaciones. 

Es decir, durante el gobierno de Ordaz Coppel, la STRC resolvió apenas una de cada 10 de las investigaciones internas que tuvo que llevar a cabo por hechos relacionados con la corrupción.

Entre 2020 y 2021, Iniciativa Sinaloa A.C. presentó tres denuncias por faltas administrativas graves asociadas a corrupción ante la STRC. Las denuncias señalan el manejo opaco e irregular de las obras públicas realizadas por la constructora estatal Precasin; los procesos de adjudicaciones directas de los Servicios de Salud de Sinaloa y la contratación pública de empresas fantasma durante la administración de Mario López Valdez y Ordaz Coppel.

Al cierre de este balance no se ha notificado el estatus o inicio de alguna investigación derivada de las denuncias en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, a pesar de que en dos casos (Precasin y Empresas fantasma) hubo un compromiso público por parte del gobernador para investigar y sancionar a los responsables.

3.- Obra Pública, una reforma anticorrupción y de transparencia menospreciada

Impulsada por un grupo ciudadano conformado por transportistas, constructores y organizaciones de la sociedad civil, en junio de 2020 el Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. A pesar de que la reforma fue construida con una visión de transparencia y anticorrupción y que implicó varios años de estudio, mesas de trabajo y foros de discusión entre promoventes y autoridades, fue hasta septiembre de 2020 que el gobierno de Quirino Ordaz finalmente la publicó.

Una vez que la Ley entra en vigor, el gobierno estatal ha mostrado desinterés en su implementación y ha continuado con prácticas de opacidad. Respecto a lo primero, la reforma plantea precisamente que todas las licitaciones para contratar obra pública que se realicen en Sinaloa deben ser atestiguadas por un Testigo Social (TS).

Esta figura ya existía en Sinaloa pero con fuertes limitantes, a partir de la reforma ésta se fortaleció al otorgarle un papel más activo en el combate a la corrupción. Los TS participan como vigilantes en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública y tienen la facultad de emitir un testimonio con validez vinculatoria en el que deben incluir sus observaciones y recomendaciones para mejorar los procesos de contratación de obra. El trabajo de los TS, según se establece en la ley, es remunerado económicamente. 

A partir de la reforma, el padrón de TS se incrementó de cuatro a 17 ciudadanos vigilando las contrataciones públicas del Estado. Sin embargo, la figura social ha sido menoscabada por el gobierno de Ordaz Coppel, pues a casi un año de la creación del padrón, el Ejecutivo adeuda el total de las retribuciones a los TS, quienes han generado 41 informes públicos de un número igual de contrataciones de obra pública. Representando una forma de inhibir y desincentivar la participación ciudadana en la vigilancia de los procesos de contrataciones públicas.

Aunado a la falta de pago a los testigos sociales, el gobierno de Ordaz Coppel deja también pendiente la actualización del Reglamento de la ley y la implementación de la ley con la incorporación del Estándar de Datos para la Contratación Abierta, el cual, según el artículo segundo de los transitorios de la ley, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Innovación debió de haber incorporado, dentro de los sesenta días hábiles de haberse publicado el Decreto, el Estándar de Datos para la contratación abierta, para asegurar la disponibilidad de la información de manera estructurada y reutilizable, del ciclo completo de las contrataciones. Esto no ha sucedido.

Respecto al tema de transparencia, éste fue otro de los grandes logros de la reforma al aumentar en su artículo cuatro el número de documentos y procesos a transparentarse, a pesar de ello el Gobierno de Ordaz Coppel no acató las nuevas obligaciones y continuaron sin ser publicados, en Compranet Sinaloa, documentos de interés público como por ejemplo, la relación de licitaciones de obras en proceso, las inconclusas y las complementarias; los estudios de impacto urbano y ambiental; los tabuladores de precios unitarios; los dictámenes; los informes de avance físico y financiero; y los finiquitos de los contratos. Así como también las bitácoras de la obra; acta de entrega recepción; acta de extinción de derechos y obligaciones, y fianza de vicios ocultos, entre otros. Con ello, a pesar de la reforma, la opacidad estuvo presente en los procesos de contratación de obra pública del gobierno de Quirino Ordaz Coppel.

4.- Empresas fantasma, impunidad y desvío de recursos públicos.

Las contrataciones de empresas fachada, creadas para simular servicios y desviar recursos públicos, hicieron crisis en Sinaloa durante el gobierno de Mario López Valdez, cuando se destinaron más de 135 millones de pesos hacia este tipo de empresas fraudulentas. Al iniciar el periodo de Ordaz Coppel el modelo de corrupción disminuyó pero no se eliminó. Tampoco se investigó, ni se sancionó.

De acuerdo con los documentos oficiales entregados a Iniciativa Sinaloa por el SAT, entre 2017 y 2019 el gobierno que dirigió Ordaz Coppel contrató 27 millones 240 mil 204 pesos con 17 empresas calificadas como fantasma. El 80 por ciento de los recursos se concentraron en una sola compañía. 

De las 17 empresas detectadas, cinco nacieron entre enero y febrero de 2017, al mismo tiempo que iniciaba el gobierno de Ordaz Coppel, y una de ellas duró solo 13 meses activa.

La mayoría de estas empresas presentaron características de una empresa fantasma: creadas el mismo día o mes, comparten socios, comisarios, apoderados legales y domicilios fiscales; son de reciente creación, sus domicilios están abandonados, cerrados o se hallan en casas particulares. 

En algunos casos, después de haberle facturado al gobierno fueron disueltas o liquidadas. Incluso, algunas fueron contratadas cuando ya estaban boletinadas por el SAT.

Aunque en las facturas revisadas en el periodo de Ordaz Coppel no se especifica para qué dependencia es la compra, sí destacan algunas facturas con órdenes de compra de la Secretaría de Turismo, de la Secretaría de Pesca y la Secretaría de Obras Públicas

Se encontró el pago de una factura por 17 millones 207 mil pesos para la aplicación de 718 metros cuadrados de pintura de aceite amarillo. Cada metro cuadrado se cobró en 20 mil 660 pesos. Esta factura es la del monto más alto de entre los 6 mil comprobantes fiscales proporcionados por el SAT.

En febrero de 2021, Iniciativa Sinaloa presentó dos denuncias administrativas en la STyRC y en la ASE por la posible comisión de faltas graves como peculado, desvío de recursos públicos, abuso de funciones y contratación indebida contra quienes resulten responsables por la contratación de cientos de empresas que simulan operaciones fiscales.  Al cierre de este informe, ni la STyRC, ni la ASE han informado respecto a las dos denuncias ciudadanas. 

5.- Publicidad Oficial, derroche, opacidad y discrecionalidad.  

El dispendio y manejo discrecional de los recursos públicos utilizados para la publicidad oficial fue un sello distintivo en el gobierno de Ordaz Coppel.

Los recursos destinados para la difusión de la imagen del gobernador y su esposa en medios de circulación nacional, la promoción de la marca Puro Sinaloa y las constantes encuestas de popularidad para ubicar al mandatario entre los mejores gobernantes del país, fueron tan notorios y excesivos que llevaron al congreso local a discutir el tema en varias ocasiones. 

Por lo menos en dos ocasiones, diputados locales cuestionaron desde tribuna un aumento excesivo en los gastos de publicidad oficial y comunicación social que realizaba la Coordinación de Comunicación Social (CCS). En diciembre de 2018, el diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta acusó que el gobierno de Ordaz Coppel estaba gastando aproximadamente un millón de pesos diarios en publicidad. 

A través de solicitudes de transparencia y tras varios obstáculos para acceder a la información, Iniciativa Sinaloa  documentó que en solo tres años, entre 2017 a 2019, el gobierno de Ordaz Coppel gastó mil 180 millones de pesos en Comunicación Social y Publicidad Oficial. 

Este gasto elevó casi 17 veces más, los 70 millones 751 mil pesos que se habían aprobado en el Congreso del Estado para el período 2017-2019.

El informe del gasto en Comunicación y Publicidad Oficial del gobierno de Sinaloa elaborado por IS, se construyó con el análisis de 3 mil 105 facturas pagadas por la CCS que están disponibles para su consulta de forma pública.

Del análisis se detectó que un 60 por ciento de los recursos se destinaron a compañías fuera de Sinaloa, algunas de éstas con características de empresas fantasma y otras empresas creadas pocos meses antes de recibir contratos y que luego de facturar millones desaparecieron. 

Durante la investigación se acudió a las direcciones de 13 compañías contratadas por la CCS, nueve ubicadas en Culiacán, dos en León, Guanajuato y otras dos en Zapopan, Jalisco. En ningún caso se encontró evidencia de que las empresas hayan operado en el lugar.

“En León, Guanajuato, por ejemplo, en el domicilio fiscal de Servicioes, se ubica ahora una empresa de serigrafía que no tiene ninguna relación con la empresa. La persona que renta desde hace seis meses el lugar contó a una reportera que no es la primera vez que acuden a buscar a esta empresa, y que en un par de ocasiones la han visitado policías ministeriales de la Fiscalía General de Guanajuato, quienes preguntan por los dueños. En Zapopan, Jalisco, una mujer que habita en el domicilio registrado por Larce Drillo y LCAM Estrategia, dijo desconocer a estas compañías, y aseguró que en el edificio de departamentos habitacionales nunca ha habido oficinas de negocios”, extracto de la tercera parte del informe Crean empresas, facturan millones y desaparecen.

6.- Los retos anticorrupción para el nuevo gobierno estatal 

Ante la conclusión de una administración que se esforzó más en publicitar el discurso del combate a la corrupción pero que no lo ejerció de manera contundente y que deja importantes rezagos y retos en materia de prevención, investigación y sanción de los hechos relacionados con la corrupción, en Iniciativa Sinaloa proponemos una Agenda Mínima para el Combate a la Corrupción en Sinaloa. 

Esta propuesta ciudadana está dirigida al gobernador electo, Rubén Rocha Moya, y se centra en cuatro ejes principales: Sistema Estatal Anticorrupción, Contrataciones Públicas, Publicidad Oficial y Gobierno Abierto. 

La agenda mínima pone atención en puntos que desde Iniciativa Sinaloa consideramos prioritarios, sin embargo, no es limitativa y busca ser una propuesta que sea adoptada, mejorada y fortalecida por el gobierno del Estado que encabezará Rocha Moya. 

Entre los puntos de la Agenda se pide que el Ejecutivo asuma su facultad de iniciar e investigar nuevos expedientes por posibles hechos relacionados con la corrupción durante la administración de Ordaz Coppel y dar prioridad y celeridad a las denuncias ya existentes en las que acusa la posible comisión de faltas graves asociadas a la corrupción.

También destacamos la necesidad de impulsar la incorporación del Estándar de Datos para la contratación abierta en obra pública; fortalecer la figura del Testigo Social en apego a lo aprobado en la reciente reforma de la Ley de Obras Públicas; impulsar la creación de un padrón estatal de Beneficiarios Finales y transparentar la planeación, asignación y uso de los recursos públicos destinados a Publicidad Oficial, entre otros. 

La Agenda Mínima se hizo pública el pasado 14 de octubre pero hasta el cierre de este documento no hemos recibido respuesta del gobierno de Rocha Moya.

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