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¿Listo el “sí” a la planta de amoniaco? | Consulta popular para suplantar lo constitucional

Ninguno de los tres niveles de gobierno está dispuesto a esperar que los tribunales competentes solventen las controversias de particulares que están en curso en defensa de las zonas ecológicas protegidas que afirman afectará la industria de GPO.

Foto: Noroeste.

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Es posible que dentro de un mes sea resuelto el “sí” a la planta de amoniaco de Topolobampo mediante el acuerdo entre los gobiernos federal, estatal y municipal para que el proyecto de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente avance a la implementación de la primera etapa del proyecto con la inversión de 100 mil millones de pesos y la generación de dos mil empleos en la fase de construcción.

Tomando en cuenta que el anuncio de la consulta popular para decidir al respecto lo hicieron los más altos niveles de autoridad, queda de manifiesto que la decisión del gobierno alienta el resultado a favor del complejo que se asentará en el norte de Sinaloa para producir 220 toneladas métricas diarias de amoniaco anhidro, un fertilizante esencial para la actividad agrícola, y luego escalar a insumos del campo como urea y etanol.

Es importante resaltar cómo el tema unió ayer en Los Mochis a Rabindranath Salazar Solorio, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación; al gobernador todavía en funciones Quirino Ordaz Coppel, al gobernador electo Rubén Rocha Moya y al alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, políticos que en otros asuntos fundamentales no se han reunido para actuar en conjunto.

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Ninguno de los tres niveles de gobierno está dispuesto a esperar que los tribunales competentes solventen las controversias de particulares que están en curso en defensa de las zonas ecológicas protegidas que afirman afectará la industria de GPO. Los gobiernos federal, estatal y municipal exponen que en caso de la mayoritaria expresión con el “sí” la planta de Topolobampo se hará pese a la situación legal cuya resolución le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al igual que ocurrió en ejercicios similares de participación ciudadana efectuados para validar los proyectos insignias del gobierno de López Obrador, el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía, en el caso de la planta de amoniaco se percibe el operativo previo de las instituciones gubernamentales para que la aprobación transite sin mayores problemas. Pero mucho cuidado con celebrar este tipo de resolutivos porque embozados en el asentimiento popular podría atropellar el marco constitucional hoy en el caso Topolobampo y después en áreas que requieran en el futuro de procedimientos iguales.

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