Política

CONTRA-INFORME | Quirino se va pero la violencia se queda

Cuando Quirino Ordaz Coppel ha hablado sobre seguridad y violencia refiere siempre a las tasas de asesinatos y robos, pero afirmar que la violencia y la inseguridad disminuyó solo por la baja estadística de algunos delitos resulta un espejismo mal elaborado.

En los informes de gobierno de la administración de Quirino Ordaz Coppel, se enuncian logros en la materia y es justo, basándose en las mediciones de violencia únicamente por el número de asesinatos o robos.

A poco más de cuatro años de gobierno, la sociedad puede darse cuenta del trabajo que, en coordinación con la Federación y los municipios, se ha realizado para disminuir la incidencia delictiva y los factores de riesgo asociados a la violencia, así como para el desarrollo y fortalecimiento de los factores de protección y sensibilización sobre las conductas negativas asociadas con los delitos que se cometen en contra de los sectores sociales más vulnerables”, dijo Ordaz Coppel en su último informe de gobierno.

Esa lógica de medición se puede comprender tras un reclamo social por la brutalidad vista en noticieros y de manera directa.

Entre 2008 y 2012 se vivieron escenas atroces en todo Sinaloa. Hombres armados sobre camionetas disparando a otros en cualquier calle, en cualquier hora y en cualquier colonia, fraccionamiento o privada. Las muertes tenían como origen esa llamada “guerra contra las drogas” que inició en 2006 con las políticas públicas hechas por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa con el operativo Sinaloa.

“Allí donde se reconcentraron las fuerzas armadas para luchar contra los ‘cárteles de la droga’ es donde los índices de homicidio repuntaron y el ejército condujo una guerra de exterminio en contra de su propia ciudadanía. La narrativa de los ‘cárteles’ que competían por la ‘plaza’ construyó el consenso hegemónico que justificó la militarización ante una sociedad que aprendió aplicadamente a culpar a los ‘narcos’ de todas las matanzas del país. Coerción y consentimiento legitimaron y sustentaron desde entonces la ‘guerra contra el narco‘, señaló el académico por la Universidad de Nueva York Oswaldo Zavala.

Los crímenes de mayor impacto fueron estos que podían verse y saberse de plena impunidad. En el discurso oficial lo usual era el catálogo de “rivalidad delincuencial”, un término no aceptado ahora por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

“Hay circunstancias que nos impiden a nosotros considerar comparativamente la incidencia de un sexenio anterior con el sexenio actual, ¿por qué?, porque usted olvida el fenómeno que se llama rivalidad delincuencial”, dijo Marco Antonio Higuera Gómez, ex Procurador de Justicia en Sinaloa (2011-2016) en una comparecencia ante el Congreso local.

“La rivalidad delincuencial surge a partir del 2008 y hace extremo en el 2010 y esa rivalidad delincuencial fue establecida a nivel federal y por eso hay homicidios”, agregó.

El catálogo de rivalidad delincuencial también sirvió para evitar mayores investigaciones sobre esos crímenes, pues se consignaban muertos, heridos y detenidos por enfrentamientos entre autoridades y presuntos miembros de la delincuencia organizada, un estándar para citar a la Procuraduría General de la República y su responsabilidad ante crímenes desde organizaciones delictivas que superaban al fuero común.

En 2017, cuando Quirino Ordaz Coppel llegó a la Gubernatura de Sinaloa, se enfrentó a un escenario dramático sobre asesinatos. Ese año se colocó como el tercero en la historia con el mayor número de casos.

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Después de ese año, los asesinatos han tenido una tendencia a la baja, de acuerdo con datos públicos, aunque estos siguen siendo la norma para la medición de violencia local.

Lo mismo ocurrió entre el año 2000 y el 2014. En ese tiempo hubo un incremento sustancial sobre secuestros, de tal grado que grupos empresariales locales impulsaron y patrocinaron la creación de la Policía Antisecuestros. El resultado fue positivo si se mide numéricamente.

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El contar con una policía especial fue un propósito que logró impactar en un delito que afectó a la vida y el patrimonio de sinaloenses. Para las autoridades locales, los secuestros también se relacionaron estrictamente a grupos criminales.

Esa policía se convirtió en un proyecto de inteligencia, con diagnósticos y proyectos de contención, detenciones e investigaciones que lograron llegar a las raíces de la problemática.

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Para el resto de los delitos, el discurso se enfocó a tener crímenes con altos índices y su relación con organizaciones criminales, así como lo fue sobre asesinatos y secuestros, también otros de orden patrimonial, como el robo de vehículo o los robos bancarios.

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LA MILITARIZACIÓN DE SINALOA

Para combatir esas violencias, se concretó lo que el activista y poeta Javier Sicilia estableció como el principal riesgo de seguridad en el País, el de militarizar espacios y dotar a las fuerzas federales de más poder.

“Pone en serios riesgos la endeble democracia mexicana al subordinar el poder civil a la lógica de la seguridad militar”, señaló Sicilia al Presidente Calderón Hinojosa en 2011.

Seis años después de ese reclamo del activista llegó Ordaz Coppel al poder en Sinaloa, con una política de seguridad definida desde la Federación y con la propuesta de hacer gastos millonarios.

 “No nos podemos confiar, porque es un tema sensible y delicado, no porque estemos bien significa que ya la libramos. Necesitamos seguir invirtiendo al tema de Seguridad como equipamientos, patrullas, sistemas y tecnología y formación de nuevos elementos policiales”, recordó el gobernador de Sinaloa el 26 de junio de 2019 frente al Consejo Estatal de Seguridad.

Bajo esa política se designó a Genaro Robles Casillas, un general con más de 40 años de servicio, en la Secretaría de Seguridad Pública y toda una estrategia comandada por militares.

Generales, tenientes coroneles, sargentos y más comandaron el plan de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que tuvo como base el gasto público para el pago de policías militares, la compra de armamento y la construcción de una base militar.

La presencia del Ejército en Sinaloa inició en marzo de 2017 con 300 elementos, una cifra que creció hacia 2018, cuando ya se contabilizaban 3 mil 200 militares.

El Gobierno de Ordaz siguió con el plan y se comprometió a proporcionar alimentación, hospedaje, viáticos necesarios y estímulos económicos de entre 3 mil y 8 mil pesos, según el grado militar.

Es decir, por los 3 mil 200 elementos, el Gobierno de Sinaloa pagó, al menos, 115 millones de pesos anuales, de acuerdo con datos otorgados por transparencia.

Se compró armamento y ocho vehículos blindados tipo DN XI, a través de un convenio de colaboración con la Sedena por un monto de 36 millones de pesos. También se adquirieron 2 mil 361 videocámaras compradas entre 2017 y 2021 por el gobierno de Sinaloa, con un costo total de 236 millones 443 mil 376 pesos.

Se adquirieron dos aviones no tripulados con un costo de 72.1 millones de pesos a la empresa Hydra Technologies de México.

Todo quedó en manos del Ejército con acuerdos públicos.

Por ejemplo, el acuerdo por los drones se hizo junto a otros dos que implicaron la construcción de una base militar en El Sauz, en Culiacán, y un centro de operaciones meteorológicas, en Mazatlán, ambas pagadas por el Gobierno estatal y entregadas a la Sedena.

La más cara fue la base militar, con un costo total de mil 53 millones de pesos, de los cuales 739 millones 750 mil correspondieron a recursos estatales y 313 al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Todas esas compras y obras sirvieron para fortalecer al Ejército.

En 2019 llegó una administración federal distinta, pero el Ejército permaneció al frente de de la seguridad, con la Guardia Nacional recién creada e integrada militares. También se nombró a otro secretario, tocó el turno a Cristóbal Castañeda Camarillo. A la fecha, sigue al mando y la propuesta es que continúe en la administración de Rubén Rocha Moya (2021-2027).

“Las Fuerzas Armadas patrullan ciudades, allanan laboratorios de drogas y protegen instalaciones estratégicas. Pero eso no es todo. Los militares están siendo cada vez más la fuerza a la que recurre el presidente para tareas previamente gestionadas por agencias civiles, desde administrar puertos hasta remodelar hospitales y construir aeropuertos”, señaló la periodista Mary Beth Sheridan en un amplio reportaje publicado en The Washington Post en diciembre de 2020 para explicar cómo los militares se han hecho de gran poder.

El plan de gasto está basado en una narrativa de seguridad y militares, en el reconocimiento de carencias de infraestructura, en el de tener más fuerza.

Ciertamente, los delitos denominados de alto impacto o de mayor incidencia registrados en reportes estatales indican tendencias a una disminución, pero hay otros que no se cuentan en esos reportes públicos, como la violencia familiar, la sexual, las desapariciones forzadas y el desplazamiento forzado interno.

Es lo que estamos checando. El tema de la pandemia es un caso real porque la gente está en su casa más tiempo y lamentablemente se pierden los valores, el respeto, eso es lo más delicado. Cuando eso se pierde se rompen todas las fronteras y se llega hasta esos extremos, pero sí efectivamente ese tipo de delitos han tenido un incremento, hay otros que están a la baja, por eso se tiene que seguir trabajando muy fuerte“, reconoció Ordaz Coppel el 7 de octubre de 2021.

Pregunta: ¿Pero no se conoce por qué?

Respuesta: No, la Fiscalía tiene mayores elementos.

P: Pero al gobierno le toca la prevención y las estrategias para prevenir esos delitos.

R:Se ha hecho mucho trabajo en la parte educativa, en la parte de concientización, pero lamentablemente creo que todavía en muchas familias eso…

P: ¿Qué ha pasado, gobernador, qué diagnóstico tiene sobre eso?

R: Es un tema de educación, es un tema que no es de la noche a la mañana. Por eso yo tengo mucha confianza en los niños, en los jóvenes que están recibiendo una educación, bases para tener una sociedad cada vez más distinta, además abierta.

Las violencias que están creciendo

“El gran reto de Sinaloa en materia de seguridad son los delitos que afectan a las mujeres, es decir, la violación, violencia familiar y feminicidio”, señaló la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad (CESP) en un informe que no solo condenaba los asesinatos, sino todas aquellas formas de violencia contra mujeres.

Y es verdad, los crímenes contra mujeres tienen una tendencia a la alza de manera importante.

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“Un aspecto determinante que propicia la violencia feminicida y los feminicidios es la inexistencia de
medidas que den seguridad que protejan a las mujeres y las jóvenes”
, sostienen las investigadoras Florina Judith Olivarría Crespo, María del Carmen González Montes y Laura Elena López Rentería en el documento Igualdad de género, Reflexiones, editado por el Instituto Tecnológico de Sonora.

“(…) Las víctimas pueden ser asesinadas por motivos de celos, o presunta o consumada infidelidad; por otros motivos derivados de la crianza de las hijas o hijastras (infantil); enojo de hijos e hijas hacia sus madres (familiar); dudas referentes a la paternidad, dar por terminada una relación, entre otras, y en él se puede encontrar presente la violencia económica. Un obstáculo que presenta esta tipología es la forma en la que se presenta la información”, agregaron.

Para las autoras, Sinaloa es un estado violento, donde se cohabita con el narcotráfico. Y es en ese contexto donde ocurre el feminicidio que constituye un grave y complejo problema.

En diversos análisis que se han realizado con respecto a la violencia es común señalar que ésta es multifactorial, producto de diversos componentes entre los que destacan los medios de comunicación, la familia, las instituciones, condición social, cuestiones raciales, étnicas, de género, aspectos internos y externos del ser humano, entre otros; o como resultado de una cultura o ideología justificada en el ejercicio del poder. Por otro lado, la violencia puede comprenderse como la consecuencia de un desajuste estructural y social en el contexto; como la modernización urbana, cambios políticos o de estructuras de gobierno, desgaste en la autoridad e inconformismo político“, indicaron.

De manera estadística se conoce que las mujeres son asesinadas en mayor manera con armas de fuego, casi siempre por hombres con quienes tuvieron una relación de convivencia y dentro de los hogares, donde ocurrieron situaciones de violencia familiar, sexual, psicológica, física o todas.

El gobierno de Sinaloa ha destacado estadísticas donde se muestra una tendencia a la baja tanto de los feminicidios como en los homicidios dolosos, lo que podría resultar alentador cuando los problemas sociales se analizan cuantitativamente, pero en el análisis documental de cómo son perpetrados y las circunstancias en que se desarrollan estos asesinatos de mujeres devela la crueldad, misoginia y barbarie con la que se ejecutan, señalan las investigadoras.

“En múltiples ocasiones al feminicidio, le preceden situaciones graves de violencia familiar, institucional, laboral, escolar, entre otras, así como sucesos de violencia emocional, física o sexual, que en ocasiones no son denunciados, por lo que no queda el antecedente oficial antes las autoridades, lo que limita la tipificación del delito cuando éstas culminan en feminicidio”, señalaron.

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El Instituto Sinaloense de las Mujeres reconoció la problemática como una situación poco o nada estudiada, por lo que para poder definir situaciones y tener un programa de mayor eficiencia a la de gastar en armas o cámaras de vigilancia, se solicitó un estudio antropológico que presentará sus primeros resultados en noviembre de 2021.

Los programas de prevención no resuelven las cosas de la noche a la mañana”, advirtió Laura González, directora del Instituto, el cual se eliminará y sus programas y proyectos pasarán a una secretaría especial para la atención de mujeres que aún sigue en proceso de construcción por la administración que gobernará entre 2021 y 2027.

No existe un diagnóstico, como reconoció la directora del Instituto, como tampoco lo hay de otras problemáticas que están en crecimiento, como la desaparición de personas.

Se solicitó un diagnóstico a la Comisión Estatal de Búsqueda, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, así como el Plan Estatal de Búsqueda. En ambos casos las respuestas fueron “información inexistente”.

La justificación es que no se cuenta con el Sistema Estatal de Búsqueda, la situación de pandemia por Covid-19 que inició en marzo de 2020 y la falta de recursos humanos y tecnológicos.

Sin embargo, datos obtenidos con solicitudes de información a la Fiscalía General del Estado revelan que, en promedio, cada 8 horas es desaparecida una persona en Sinaloa. Este crimen ha generado una nueva forma de sobrevivencia en este Estado mermado por la violencia social y burocrática: el de evitar ser desaparecido.

Son los familiares de las personas desaparecidas quienes han salido a la búsqueda, exponiéndose a ser amenazadas, golpeadas, asesinadas o desaparecidas por hacer el trabajo que, de manera normal, deberían hacer las autoridades estatales.

Más de la mitad de los casos registrados en denuncias ante el Ministerio Público o la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa involucran a autoridades, basado en el análisis de 338 expedientes, en el que en 142 señalan a policías municipales, estatales o miembros del Ejército, la Marina, la Policía Federal y hasta funcionarios de la SEP.

Durante los últimos 10 años -entre 2010 y 2020- se han desenterrado más de 600 cuerpos y más 10 mil restos de huesos humanos de fosas clandestinas. La mayoría sigue sin ser identificada y reconocida por sus familias.

Otras más, unas mil 600 personas, se encuentran enterradas en fosas comunes sin haberse hecho una identificación forense correcta y, al menos una tercera parte, están en lugares donde la Fiscalía General de Sinaloa ha perdido el registro.

Hasta septiembre de 2021 se reportaron 10 mil 890 personas que fueron desaparecidas, de las cuales 5 mil 027 siguen sin ser localizadas y mil 161 fueron encontradas sin vida.

Desapariciones
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Las desapariciones de personas son delitos cuantificables, puede compararse en cifras con datos oficiales y se observa una tendencia a la alza. Una interpretación laxa de esos datos podría concluirse en que las desapariciones son delitos que suplieron a los asesinatos, pero esa interpretación no incluye lo que expertas en temas antropológicos y forenses catalogan como duelo suspendido o duelo inconcluso.

La desaparición forzada de cualquier persona implica para sus familiares y seres queridos, entre otras cosas, un primer proceso de daño generado por la angustia y el miedo, la incertidumbre, la impotencia y la incomprensión de las razones y de la magnitud de la agresión; es el llamado duelo crónico o duelo suspendido, aquel que se caracteriza por una duración excesiva y porque nunca llega a una conclusión satisfactoria; al que otros autores designan como duelo imposible70. Este proceso se traduce en una situación de estrés que se prolonga en la medida en que no se resuelve aquello que le da origen: la desaparición forzada”, señaló la Antropóloga Ximena Antillón en el Informe de Impactos Psicosociales del Caso Ayotzinapa.

La especialista refiere que no se puede comparar un asesinato con una desaparición, la cual por sí misma es un atentado a la vida y puede terminar con la muerte.

Las desapariciones de personas dejan una huella profunda desde distintas vertientes. Por ejemplo, estos crímenes tienen singularidades, entre ellas la de falta de información sobre los perpetradores y con ello una serie de preguntas que se agrandan entre quienes buscan a personas desaparecidas. ¿Seguirá vivo? ¿Le tratarán bien? ¿Lo golpearán? ¿Comerá? ¿Tendrá frío o calor? ¿Habrá enfermado? son algunas de ellas.

Cuando a los familiares se les encuentra sin vida, las preguntas suelen mantenerse, pero con otras más: ¿Será mi familiar? ¿Por qué lo asesinaron? ¿Por qué lo dejaron en ese lugar (fosa clandestina, la carretera, un terreno baldío)?.

Las desapariciones tienen un nivel de impunidad del 99 por ciento y en muchas ocasiones aunque se tenga a una persona detenida o condenada por ese delito, se termina por desconocer dónde se encuentra ese familiar desaparecido.

Iliana Padilla Reyes, investigadora por la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Nacional Autónoma de México, menciona en su libro Geografía de la Violencia, otro efecto importante: las desapariciones han logrado un movimiento social con falta de atención desde autoridades.

“Las víctimas también se han manifestado contra la violencia, como es el caso de los familiares de jóvenes desaparecidos desde los movimientos estudiantiles de los ochenta, y recientemente las madres de jóvenes desaparecidos por el crimen que se han organizado para buscar las osamentas”, señaló.

“Otros esfuerzos ciudadanos se han enfocado en crear programas para la prevención de la violencia (Culiacán participa y Recuper-arte), otros a generar estadísticas (Ver por Sinaloa y Semáforo delictivo) y algunos más articulan campañas mediáticas para impactar en la percepción de los ciudadanos (Compañía de paz). Aunque se han presentado diversos esfuerzos, estos aún se ven desarticulados y la reflexión y discusión formal sobre la violencia no ha encontrado espacios públicos permanentes”.

Es desde organizaciones civiles que se ha incrementado la conversación sobre las desapariciones de personas en todo el País.

Solo en Sinaloa se han conformado 22 colectivos de personas con familiares desaparecidas y son las mismas que han encabezado proyectos y políticas públicas, como la construcción del único Laboratorio de Medicina Forense en el Estado o la aprobación y publicación de la Ley en Materia de Desaparición Forzada.

Los esfuerzos, sin embargo, no han sido suficientes, estos crímenes tienen una tendencia a la alza y se sigue sin conocer por qué.

Así sucede con más crímenes que no se toman en cuenta en los informes públicos, como el desplazamiento forzado interno.

Para poder documentarlo, las víctimas de este tipo de crímenes han salido a defenderse para contar lo que sucede en zonas de silencio, donde no hay medios de comunicación o activistas:

En 2011 los grupos de hombres armados sacaron a por lo menos 563 personas de Cajón de Cancio, El Corral Quemado, Mezquite, Mezquite Caído, El Muerto, El Oro, El Palmarito, Puerto de la Judía, Ranchito de Islas, Real Blanco, Reparito, Saucillo, Saucito, El Trigo, Huepaco, Huillachapa, Cieneguita de Núñez, La Culebra, Ladrillera, Tasajera, Colmenas, Las Juntas, Las Taunitas, Los Molinos, Tacopaco, Tadaran, Techobampo de los Paredes y Tardancito. Todos pueblos de Choix.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó esto en la recomendación 39/2017. La memoria quedó impresa.

En ese documento se establece que no fueron los únicos, hubo 1,475 personas más del municipio de Sinaloa desplazadas en 2012 de los pueblos San José de Los Hornos, Ocurahui, Sierrita de Germán, Metatitos, Los Quintero, El Hornito, La Ciruela, Arroyo Seco, Batamote, Casas Grandes, El Laurelito, El Limón, El Limón de Los García, El Palmar de los Sepúlveda, El Pilar, El Zapotillo, La Cantera, La Chirimoya, Ciénega de Parra, Joya de  Los Martínez, La mesa, La mesa del Bejuco, Las mesas, Las Tapias, Los Alamitos, Los Chapotes, Los Cocos, Los Laureles, Los Naranjos, Los Quintero, Mesas de los Parra, Metatitos, Tarahumares, Terrero de los Acosta, Tescalama, Tierra Nueva y Zapotes de los Barraza.

Otras 4 mil 714 personas más fueron desplazadas de los municipios de Ahome, Badiraguato, Cosalá, Mazatlán, San Ignacio, Concordia y Culiacán, según informes del gobierno de Sinaloa.

Abandonaron sus vacas y caballos, los corrales quedaron abiertos como las puertas de las casas, las poltronas afuera de estas. Dejaron sus vidas entre los cerros y montañas para guarecerse y tratar de apaciguar el ánimo en las ciudades.

Esta violencia no mermó, todos los días se registraron muertes y desapariciones en la sierra por grupos criminales. Entre 2013 y 2016, organizaciones como la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, documentaron hasta 34 mil personas que abandonaron sus pueblos.

Hubo quienes se refugiaron con familiares en otros municipios, principalmente Culiacán, Mazatlán y Ahome, pero hubo otros a merced de la supervivencia.

En 2017 hubo más casos en Concordia. En 2018 se registraron desplazamientos en Rosario, Badiraguato y Choix. En 2019 en el sur de Sinaloa y en el 2020 en Culiacán.

Sinaloa es un estado en constante migración forzada.

Desplazamiento forzado
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“Atrás de la violencia de los grupos criminales, así como de las fuerzas del Estado, está el propósito por despojar de los recursos naturales a los campesinos en un marco privatizador promovido por el neoliberalismo; es decir, allanar los espacios a los grandes capitales como pueden ser los mineros, los hídricos o los energéticos -tanto nacionales como extranjeros- y a otros agentes que quieran incursionar en esas actividades”, señaló el investigador Roberto Carlos López López en su ensayo Emigración forzada de familias por la violencia en el sur de Sinaloa: experiencias trágicas y complejas.

La investigadora Sibely Cañedo documentó que el crecimiento de los megaproyectos mineros tienen una relación con el desplazamiento forzado.

Pues muchos de los casos donde los grupos armados llegaron con amenazas, asesinatos, incendio de casas y más situaciones atroces, la minería floreció.

“A pesar de que la sierra se convirtió en territorio de disputa entre los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva, al mismo tiempo que se intensificaron los enfrentamientos, los asesinatos y los desplazados de sus tierras, la minería no sólo no dejó de producir, sino que hizo crecer sus volúmenes y ganancias”.

Sibely Cañedo, investigadora y periodista.

Cuando la CNDH emitió las recomendaciones sobre personas desplazadas, se señaló la necesidad de un censo para conocer la magnitud de este problema. Eso ocurrió en 2017, pero se comenzó hasta 2019.

La metodología de este conteo estuvo a cargo de académicos de la Universidad Autónoma de Occidente, con preguntas sencillas como el lugar de origen de las personas desplazadas, lugar de residencia actual y si la violencia fue la causante para dejar sus pueblos.

Hasta junio de 2021, la Secretaría de Desarrollo Social no tiene un diagnóstico específico, pero sí conoce que por lo menos 10 mil personas siguen desplazadas por la violencia y no volverán jamás a sus pueblos por falta de seguridad, trabajo y el despojo de sus tierras.

La respuesta gubernamental ha sido la de dotar de vivienda a las víctimas, bajo un programa opaco denunciado por quienes han sido desplazadas.

“Cabe decir que la Secretaría (de Desarrollo Social) ha hecho depuraciones en su registro de las familias que, supuestamente, han regresado a sus comunidades, pero cuestiono ese registro, porque no todas las familias informan a las autoridades sobre su decisión de retornar o no hacerlo. De hecho, hay familias que no acuden a las autoridades ni siquiera por ayuda y no son registradas en el padrón. Si bien las autoridades estatales hacen un esfuerzo por detectar los municipios afectados y registrar el número de familias o personas desplazadas, prevalece la dificultad de hacer un censo, porque no todos los desplazados acuden a las autoridades para denunciar su situación. Además, no todos los desplazamientos son masivos, sino que en muchos casos han sido dispersos, lo que dificulta que sean visibles y contabilizados”, aseguró el investigador Roberto Carlos López López en su ensayo Emigración forzada de familias por la violencia en el sur de Sinaloa: experiencias trágicas y complejas.

“La violencia es un fenómeno de distintas caras y anclajes en las distintas realidades históricas y sociales. Para descifrar su complejidad, no hay más remedio que segmentarla en modalidades significativas. Hablamos con frecuencia, por ejemplo, de violencia juvenil, de género, sexual, étnica, racista, familiar, ancestral, endémica, terrorista, discursiva, abierta o simbólica, corporal o psíquica, cotidiana o estructural, de alta o baja intensidad, violencia legítima o criminal, o víctimas y perpetradores de la violencia. Si bien en algunos casos estas categorías tienen un alto valor diagnóstico e interpretativo para el análisis de realidades concretas o de tipo comparativo, en otros pueden resultar limitadas, estigmatizantes, oscuras o equívocas…En cualquier caso, usemos las categorías que usemos, al hablar de violencia nos referimos a relaciones de poder y relaciones políticas (necesariamente asimétricas), así como a la cultura y a las diversas formas en que ésta se vincula con diferentes estructuras de dominación en los ámbitos micro y macrosocial; en términos de Gramsci, es hablar de relaciones de hegemonía y subalternidad”

Francisco Ferrándiz y Carles Feixa Pampols (2004), en “Una mirada antropológica sobre las violencias”, en Alteridades, vol. 14, núm. 27, Universidad Autónoma Metropolitana –Iztapalapa, México, D.F., 2004, pp. 159-174.

Cuando Quirino Ordaz Coppel ha hablado sobre seguridad y violencia refiere siempre a las tasas de asesinatos y robos.

“Sinaloa mantiene una tendencia estable a nivel nacional y se mantiene dentro de los estados que tienen mayor seguridad”, dijo el 3 de octubre de 2021, según documentó el diario Noroeste cuando se le cuestionó sobre la situación de violencia.

Y tiene razón, esas violencias disminuyeron, pero hubo otras que incrementaron y dejan ahora un problema social importante a tratar de resolver.

Por eso surgieron y se reafirmaron movimientos sociales informados que exigen diagnósticos, programas y proyectos con plazos para evaluar su eficacia.

“Es indispensable tener en cuenta que la defensa futura de los derechos humanos y la fortaleza de nuestro régimen democrático dependen, en gran parte, de cómo abordemos y resolvamos la recisión de nuestro pasado. Los resultados obtenidos, necesariamente tendrán que reflejarse en la reforma del Estado en general, y de las instituciones de procuración y administración de justicia en lo particular, instrumentando mecanismos de prevención, control, rendición de cuentas y sanción, para erradicar la impunidad y evitar que este tipo de actos ocurran en el futuro”, señaló el activista sinaloense Óscar Loza Ochoa en su libro Tiempo de Espera en 1986.

“Pero lo más importante es lo que significa para las víctimas y la sociedad toda, el que se conozca la verdad. La reparación del daño en muchos casos es imposible, sin embargo, saber la verdad, si se acompaña con la acción de la justicia, puede ser una parte de la mitigación del daño ocasionado por el Estado”.

El fragmento citado corresponde a una interpretación de las violencias en 1986 por el activista Óscar Loza Ochoa.

Se plasmó en un libro llamado Tiempo de Espera, como un manifiesto de advertencia sobre distintas violencias que hoy vuelven a problemáticas sociales: desapariciones forzadas y desplazamiento.

A esas violencias se suma la violencia de género que en sus variantes -feminicidios, violencia familiar, violaciones y abuso sexual- son la mayor de todas las problemáticas locales.

Afirmar que la violencia y la inseguridad disminuyó solo por la baja estadística de algunos delitos resulta un espejismo mal elaborado, “pues lo más importante es lo que significa para las víctimas y la sociedad toda, el que se conozca la verdad“.

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