El gobernador Rubén Rocha Moya ordenó actualizar el censo de personas desplazadas por la violencia en Sinaloa, como una medida para conocer las problemáticas centrales de las víctimas.
En una reunión con integrantes de colectivos de derechos humanos y personas desplazadas dijo desconfiar del registro que se inició en la administración de Quirino Ordaz Coppel, por lo que deberá actualizarse en coordinación con la delegación de programas del Bienestar para conocer necesidades y el apoyo necesario.
“Daremos más presupuesto, becas y atención, pero antes necesitamos conocer la situación real”, dijo.
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió recomendaciones sobre personas desplazadas de Sinaloa en 2017 y en estas se señaló la necesidad de un censo para conocer la magnitud de este problema. Eso ocurrió hasta 2019.
La metodología de este conteo estuvo a cargo de académicos de la Universidad Autónoma de Occidente, con preguntas sencillas como el lugar de origen de las personas desplazadas, lugar de residencia actual y si la violencia fue la causante para dejar sus pueblos.
Hasta junio de 2021, la Secretaría de Desarrollo Social no tenía un diagnóstico específico, solo que por lo menos 10 mil personas siguen desplazadas por la violencia y no volverán jamás a sus pueblos por falta de seguridad, trabajo y el despojo de sus tierras.
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