En la designación no hubo presión desde el Ejecutivo, aseguró Sara Bruna Quiñónez Estrada tras rendir protesta como Fiscal General de Sinaloa.

“Me intimida y me mortifica que piensen eso”, señaló.

“Yo acudí voluntariamente, ya di mis razones de por qué decidí participar y con eso le digo todo, fui favorecida con el voto de las diputadas y los diputados, yo se los agradezco y me comprometo a no defraudarlos”.

-¿Hay presión desde el Ejecutivo?

“¿Presión? No, ninguna… de nadie”

En cambio, el reto, prosiguió, es demostrar es que la justicia no sea lenta, que la Fiscalía General sea austera y que se responda la confianza ciudadana.

“Se va a implementar un mecanismo para que sea implementado en un tiempo mínimo cada denuncia que se presente”, señaló.

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Para lograrlo, dijo, deberá conocer la Fiscalía General del Estado desde su interior, pues su carrera ha sido, en su mayoría, en los tribunales, con un contacto mínimo hacia el organismo.

“En cuanto llegue a la Fiscalía necesito tener un contacto con todo el personal, escucharlos qué problemática están enfrentando, porque hay que entender las trabajadoras también tienen sus propios problemas para poder entender con qué podemos empezar sobre las acciones para atender las quejas que vamos a recibir de todos ellos”, señaló.

-¿Va a hacer una depuración del organismo?

“Si es necesario y después de un análisis y si encontramos algo, se tendrá que hacer”

-¿En el tema económico?

“Sobre el número de escoltas, yo considero que debe ser algo cómodo, algo mínimo, lo mínimo que se requiera, esa es la decisión que tengo”.

-¿Se bajaría el salario?

“No lo conozco”

-La postura del gobierno estatal es de austeridad, ¿sería así para la Fiscalía?

“Por supuesto que sí”

Quiñónez Estrada fue designada Fiscal General con el voto secreto a favor de 39 diputadas y diputados, luego de un proceso de renuncia de Juan José Ríos Estavillo y con el apoyo expresado por el gobernador Rubén Rocha Moya.

Antes de llegar al Pleno a rendir protesta fue Jueza local y encabezó casos de escándalo en tribunales, entre ellos tres de los juicios por asuntos de corrupción en el gobierno de Mario López Valdez.

Sus posturas públicas fueron las de rechazo al tratamiento desde el Gobierno del Estado y la Fiscalía, que accedieron a vías alternas con perdones solicitados por los acusados, entre ellos Armando Villarreal Ibarra y Ernesto Echeverría Aispuro, ex secretarios de Administración y Finanzas y Salud.

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En su equipo está aún Reyna Angulo Valenzuela, Fiscal Anticorrupción, de quien señaló que no estar de acuerdo con su trabajo.

“En cuanto al posicionamiento de ella, yo creo que quedó claro en los juzgados que yo no estuve de acuerdo de ninguna manera, discrepo con ella”, expresó.

Antes de tomar decisiones se reunirá con cada una de las áreas y a partir de ahí se tomarán decisiones sobre nuevas designaciones.