Derechos Humanos

Desplazados acusan corrupción en entrega de programas sociales

Las autoridades estatales anunciaron un nuevo censo de personas desplazadas por la violencia, mientras se trabaja con otro para dar de alta a programas sociales, pero a la fecha se desconoce el padrón de beneficiarios.

Isabel y su esposo se fueron a El Salado, un pueblo al sur de Culiacán. Allá trabajan en una tienda amparados en la palabra de su patrón que les ha dicho comprender el dolor de dejar la casa en donde lo tuvieron todo.

Hace poco más de un año salieron de Bagrecitos, uno de los pueblos que componen la sindicatura de Tepuche. Desde esa época ese territorio al norte de la capital de Sinaloa está tomada por grupos criminales.

Lo que les expulsó fue algo grande. Ocurrió el 24 de junio de 2020. 16 hombres fueron mutilados y asesinados en Bagrecitos.

“Allá arriba todavía hay violencia, siguen esas personas y no podemos estar denunciando porque inmediatamente saben quién fue”, señaló.

Regresar, dijo Isabel, no es una opción, menos cuando la ausencia estatal ha sido llenada con un descontrol burocrático, enmarañado en los temas de seguridad y justicia para la recuperación del territorio.

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Bagrecitos es uno de los pueblos a donde llegó el crimen. También están El Vino, Sabinitos, Guayabitas, Juntas de Bagrecitos, La Ceiba, Los Solares, La Pitahayita, Tepuche, La Reforma, Caminaguato, San Rafael, La Ceiba y El Barco.

El gobierno de Sinaloa y el Ayuntamiento de Culiacán anunciaron un censo para conocer cuántas personas ya no volverán a sus pueblos. Este arrojó que había por lo menos 400 familias que dejaron sus hogares y no estaban dispuestas al retorno.

Se prometió también otorgar programas y apoyos económicos o en especie, pero a la fecha se desconoce el nombre de las personas beneficiarias y otras como Isabel han acusado simulación.

Han hecho malos manejos, hay favoritismo, nos han puesto a mí y a mi familia nos han puesto una barrera con los señores Alfredo Ibarra y Antonio Aguilar, me tienen vetada porque me defiendo y defiendo los derechos de quienes son pisoteados”, señaló.

“Me han dicho que no me pueden dar programas porque yo ya estoy en el de Adulto Mayor y no puede tener una persona dos programas, pero no es así. A mi esposo no le aplica porque según está recibiendo el apoyo al ganadero y es falso. Que mi hija porque tiene la beca Benito Juárez, pero eso es falso, se la quitaron”.

En los pueblos del norte de Culiacán se han agrupado habitantes para crear fuerzas comunitarias rurales de autodefensa y se han instalado bases militares para cuidar a los habitantes, pero no lo han logrado.

El 20 de octubre ese conflicto se reavivó en el centro de todo ese lío criminal. Una reunión de hombres armados en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, terminó de manera fatal.

Se dio un reporte inicial, un enfrentamiento en Aguacaliente de los Monzón que ya tenía más de 30 minutos con  hombres disparando desde armas de grueso calibre. La Policía Estatal confirmó el reporte y la muerte de una mujer a fuego cruzado.

“Fue un enfrentamiento entre civiles y tenemos a cinco personas detenidas, de las cuales una persona se encuentra herida y fue trasladada para recibir atención médica y además una persona fallecida que estaba dentro del domicilio”, dijo Carlos Alberto Hernández Leyva, subsecretario de Seguridad Pública, tras el operativo.

Una semana después, hombres armados dañaron 84 cámaras en 21 puntos de la ciudad, de acuerdo con información otorgada por el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i) Sinaloa.

Eso ocurrió el 28 de septiembre. Fue un evento que comenzó desde las 04:50 horas, según datos oficiales, y se habrían usado por lo menos ocho camionetas de particulares donde había hombres armados.

Para dañar las cámaras se usaron armas de fuego. Las personas armadas también usaron fierros especiales llamados “poncha llantas” con la intención de dañar también las patrullas.

No fue casual, un arrebato de grupos armados que actuaron solos. Habrían sido ayudados por policías municipales de Culiacán, de acuerdo con Mauricio García Ramírez, Secretario de Seguridad de Culiacán, que ya ordenó la baja de dos de dos elementos.

Esa violencia sigue ahí, con hombres armados arriba de vehículos asustando a más personas. Eso se ha documentado por las autoridades estatales: el 13 de octubre, por ejemplo, cuando la Policía Estatal aseguró una camioneta con químicos para convertirlos en drogas ilegales. O el 16 de octubre cuando se aseguró dos motocicletas y dos camionetas con ropa militar y bolsas con marihuana.

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Una de las respuestas a la violencia por el gobierno estatal es atender a las víctimas e iniciar a conocer patrones, un trabajo de inteligencia más allá de los números.

Uno de los programas para esa atención es rehacer el censo de personas desplazadas, pero con una operación coordinada con el gobierno federal y organismos internacionales, al reconocer que existe una crisis y se necesita iniciar a reparar el dolor.

-¿Algún día volverá a Bagrecitos, Isabel?

“Mire, yo tengo hijos y mientras la violencia exista allá con esa gente no pretendo hacerlo, me da miedo porque tengo hijos chiquitos, porque estamos alejados de la ciudad sobre cualquier percance… imagínese, cuando pasó (la masacre) empezamos a hablar y nos dieron auxilio hasta en la noche, entonces imagínese que nos atacan a todos y ni en cuenta las autoridades acá porque no nos escuchan, no nos hacen caso”

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