Gobierno Federal

Prevén juicio largo en demanda contra fabricantes de armas

Las fábricas de armas en Estados Unidos ya contestaron y piden que se les proteja desde la misma Corte Federal.

El gobierno de México está a la espera de que la Corte Federal en Massachusetts se pronuncie en un debate que se avizora largo con 11 empresas fabricantes de armas en Estados Unidos.

El 20 de agosto de este año se aceptó una demanda interpuesta por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en contra de las principales firmas armadoras de fusiles que se usan en México para cometer crímenes.

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La razón principal se fundó en que esas armas llegaron a territorio nacional por falta de control en la venta de estas.

“La Corte Federal en Massachusetts aceptó el litigio presentado por el Gobierno de México contra diversas empresas responsables de comercio negligente de las armas que usa la delincuencia aquí. Es un primer gran paso, ahora vienen la notificación y el proceso legal. Avanzamos”, escribió Marcelo Ebrard, canciller mexicano, en su cuenta oficial de Twitter el 20 de agosto.

El proceso legal incluye una contestación expresa por los fabricantes de armas, los cuales ya se dieron a conocer, como Beretta USA Corp al solicitar que la Corte ejerza su facultad de jurisdicción.

“El demandante es el gobierno de México. Beretta es una corporación de Maryland con sede corporativa, instalaciones y centro principal de negocios en Maryland. Y los daños por los que el demandante exige compensación ocurrió todos en México”, escribió la empresa en un documento presentado el lunes ante la corte.

Otros fabricantes de armas – incluyendo a Smith & Wesson, Colt’s Manufacturing, Glock Inc., y Sturm, Ruger & Co. – también solicitaron que se desestime la demanda, de acuerdo con el diario San Diego Union-Tribune.

Con esta demanda, México busca compensación, pues asegura que las unidades Smith & Wesson Brands, Inc.; Fabricación de armas de fuego BARRETT G, INC.; Beretta EE. UU. CORP.; Beretta Holding S.P.A.; Century International Arms Inc.; COLT’S Manufacturing Company LLC; GLOCK, INC.; GLOCK GES.M.B.H.; STURM, RUGER & CO., INC.; Witmer Public Safety Group, Inc. y Brazos Interestatales sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al País. Es decir, no es en contra de otro gobierno, sino contra particulares.

Esta discusión se llevó también al pleno del Consejo de Seguridad de la ONU el 22 de noviembre de 2021, donde se expuso parte del documento aceptado por la Corte Federal de Massachusetts.

El consultor jurídico de la SRE, Alejandro Celorio Alcántara, explicó que esta demanda tardará en concluir, incluso podrá trascender a la actual administración federal, por ello la intención es continuar el proceso de manera transexenal.

“No tiene ningún sentido por una cuestión pragmática se vaya a dejar esta demanda”, dijo en un panel denominado “La batalla de Boston”, que forma parte del seminario sobre Violencia y Paz, moderado por el académico y periodista Sergio Aguayo.

“Este litigio es contra las empresas que han fabricado la mayoría de las armas en los crímenes en México”, agregó.

Las tiendas no fueron demandadas porque se buscó ir al origen del problema, dijo Celorio Alcántara.

Para sostenerlo, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un informe pormenorizado de casos identificados sobre juicios en Estados Unidos y México, con detalles específicos que apuntan a posibles complicidades entre distribuidores y las fábricas para alimentar la “epidemia de armas”.

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La información de trazabilidad de las fábricas era pública en Estados Unidos, es decir, se pudo seguir la ruta de las armas. Luego de una reforma se ocultó la información, pero puede ser abierta por el gobierno mexicano en coordinación con el estadounidense.

Celorio Alcántara indicó que parte de esa ruta se debe comprender con el tráfico ilegal que se da de formas múltiples, catapultadas, en partes, por las mismas fronteras y con actos de corrupción de funcionarios estadounidenses y mexicanos.

Sin embargo, afirmó, la demanda pone a discusión un tema central de las políticas de seguridad en México para evitar la violencia.

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