Derechos Humanos

La Red Periodistas de a Pie exige garantías para la seguridad de Marcela Turati, Ana Lorena Delgado y Mercedes Doretti

Desde Periodistas de a Pie respaldamos el trabajo de nuestra compañera y co fundadora Marcela Turati y exigimos garantías para el ejercicio pleno y libre en la cobertura de desapariciones forzada.

El pasado martes 22 de noviembre el diario Washington Post dio a conocer que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de Justicia) investigó, bajo el supuesto de crimen organizado, a las tres mujeres que han trabajado por esclarecer los crímenes de la masacre de 196 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, sucedida en el verano del 2011: Marcela Turati, co fundadora de la Red de Periodistas de a Pie y de la organización periodística El Quinto Elemento Lab; Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación Justicia y el Estado Democrático de Derecho; y Mercedes Doretti, coordinadora del Equipo Argentina de Antropología Forense.

La acción de la PGR de investigar a Turati, Delgadillo y Doretti a partir del 2015, cuando comenzaron a reportear e investigar la masacre, es un ejemplo más de sistemático acoso del Estado Mexicano a periodistas y personas que actúan desde la Sociedad Civil Organizada ante la parálisis de las instituciones. Y pone de manifiesto el riesgo en que se desarrolla el trabajo periodístico en este país. La amenaza en contra, recae también sobre las víctimas y las fuentes de la periodista.

La opacidad de la investigación y la invasión ilegal de la privacidad de Marcela Turati, es una clara amenaza contra la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo, así como su derecho a la seguridad y privacidad.

La Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de la Delincuencia Organizada (SEIDO) no solamente no investigó la masacre, sino que espió a quienes buscaban el esclarecimiento de los hechos.

Desde la Red Periodistas de a Pie respaldamos el trabajo de nuestra compañera y co fundadora Marcela Turati y exigimos garantías para el ejercicio pleno y libre en la cobertura de desapariciones forzadas, toda vez que vulnerar este derecho, afecta el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia, ya que no hay personas sentenciadas en éste ni en otros casos en un país con más de 90 mil personas desaparecidas.

El Estado debe protegerlas por la labor que realizan y no amedrentarlas. 

Exigimos garantías de seguridad para Marcela Turati, Ana Lorena Delgadillo y Mercedes Doretti y para el libre ejercicio del trabajo periodístico.

Que se investigue y castigue a  los responsables de espiarlas y ponerlas en riesgo.

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