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Cobró la SEDENA 122 millones de pesos a 21 estados para dotarlos de armas, pero no las entregó

Inquieta el hecho de que actualmente la SEDENA esté recibiendo enormes montos de recursos públicos para realizar obras estratégicas y hacerse cargo de áreas claves del gobierno sin que haya rendido cuentas de los 122 millones de pesos que pagaron los estados para contar con el armamento que permita combatir al crimen en mejores condiciones.

De acuerdo al más reciente informe de la organización no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la Secretaría de la Defensa Nacional incumplió con la entrega de armas y municiones después de que corporaciones policiacas de 21 estados del país pagaron por adelantado 122 millones de pesos, al serles de alta prioridad combatir a la delincuencia debido al crecimiento de los índices de inseguridad.

El resultado de la investigación, dado a conocer el 24 de noviembre, se fundamenta en información obtenida en la Auditoría Superior de la Federación que da cuenta de la omisión de la SEDENA en lo referente a armas, municiones, cartuchos y cargadores para armas largas y cortas, afectando a 21 estados entre los que figuran Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Ciudad de México, que son los que más violencia registran.

En la revisión a los resultados de auditorías al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública MCCI detectó que en 2018 no se entregó armamento pagado por nueve estados con la cantidad 32 millones de pesos; el año siguiente se elevó a 42 millones de pesos en perjuicio de 11 estados y en 2020 el monto ascendió a 122 millones con afectaciones a 21 estados.

De tales derivaciones surge la pregunta de si el alto mando militar está a favor o en contra de las medidas que el Gobierno Federal implementa para la pacificación de México. También inquieta el hecho de que actualmente la SEDENA esté recibiendo enormes montos de recursos públicos para realizar obras estratégicas y hacerse cargo de áreas claves del gobierno sin que haya rendido cuentas de los 122 millones de pesos que pagaron los estados para contar con el armamento que permita combatir al crimen en mejores condiciones.


El manejo honesto del dinero que los ciudadanos aportan como contribuciones fiscales requiere del mayor cuidado y transparencia sin importar cuál entidad pública tiene a su cargo los programas de egresos e ingresos. En la mayoría de los estados afectados por la no entrega de armamento las fiscalías y órganos de auditoría se negaron a dar información sobre el tema, otorgándole así a la institución militar el privilegio del silencio que la primera condición para que impere la impunidad.

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