Arranque complicado: Dificultades políticas en los primeros 60 días de Rocha Moya

Días previos a su toma de protesta como gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya aseguró no quitar la tradición de los 100 días para hacer una autoevaluación, lapso de tiempo en el que priorizaría atender asuntos urgentes en el estado.

Aunque posteriormente consideró ampliar este evaluación de gobierno a cuatro meses para estar en sintonía con la Cuarta Transformación.

También justificó que en ese periodo era imposible resolver problemas sustanciales; sin embargo, reiteró que lo urgente es lo que se ve como una voluntad de hacer las cosas bien.

“La gente dirá que hay voluntad política”, sostuvo.

Todavía faltan poco más de dos meses para que se cumpla ese ejercicio de rendición de cuentas anunciado por el representante del Poder Ejecutivo estatal, pero en el marco del cierre de un año e inicio de otro nuevo en Espejo quisimos mostrar algunos acontecimientos en el arranque de la nueva administración que requirieron atención por parte de las nuevas autoridades y secretarías.

“No tengo derecho a fallar”, ha sido la consigna del gobernador emanado de las filas de Morena durante sus primeros dos meses.

Algunos de estos asuntos han sido vistos por la opinión pública como uno de sus primeras dificultades políticas, tal es el caso del movimiento dentro del sector salud, donde más de 3 mil trabajadores en situación de precariedad laboral, de cara a una pandemia mundial, realizan sus actividades en gran desventaja.

Se encuentran también las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia en la zona serrana del estado, un fenómeno social que gobiernos anteriores no han atendido de fondo y que ahora al actual gobierno le corresponde ocuparse; lo mismo para los colectivos de la sociedad civil que buscan familiares desaparecidos.

En cuanto al sector magisterial, voces auspician un largo periodo de confrontaciones entre los dirigentes de la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con la nueva dirección de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC).

A continuación indicaremos algunos rubros de la sociedad que han sido comentados, atendidos, priorizados o en vías de ser tomados en consideración por el gobierno de Rubén Rocha Moya.

Seguridad Pública

Aunque desde el gobierno de Quirino Ordaz Coppel su administración se jactaba que Sinaloa ya no se encontraba entre los primeros estados del país con registros de homicidios dolosos, por otro lado dejaba de lado el gran número de casos de desapariciones de personas que ya rebasan los asesinatos en la entidad.

Por otro lado, de acuerdo con la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública los focos rojos de urgencia atención en el estado es en robo a comercio, robo a casa, robo a instituciones bancarias, violencia familiar; y por supuesto seguir previniendo los homicidios culposos, dolosos, así como los feminicidios.

Continua sin atenderse también el uso ilegal de armas en Sinaloa, así lo confirmó el comportamiento delictivo de 2020, cuando se mantuvieron los altos niveles de uso de armas de fuego para cometer delitos, en algunos casos de 100 por ciento, como en robo a bancos.

Ese mismo año, el estado superó considerablemente los promedios nacionales de delitos cometidos con violencia.

De igual forma, en el documento Ciudadanos Evaluando elaborado por el CESP se señala que la violencia familiar debe ser la meta para atender con prioridad, ya que desde 2020 se ha venido recrudeciendo a niveles preocupantes. En ese sentido, los analistas advierten que estamos ante un escenario que puede descontrolarse si se sigue minimizando.

En lo que respecta al problema de desaparición forzada, el gobernador cumplió su promesa de campaña de reunirse con los colectivos de búsqueda desde su primer día en funciones. Ahí, Rubén Rocha escuchó las denuncias ciudadanas de madres, esposas y hermanas con algún familiar ausente.

En esa reunión participaron 22 colectivos y la mayoría de estos coincidieron en que es necesario destinar recursos económicos y en especie, así como contar con una base de datos estatal de las personas que han desaparecido para facilitar la búsqueda y la investigación.

Por su parte, tras escuchar las peticiones y la inconformidad de los colectivos, el gobernador se comprometió en crear para 2022 tres panteones ministeriales y también un albergue para personas indigentes.

“Hago mío el compromiso de ustedes, yo no hago demagogia con este tema, yo soy buscador de desaparecidos de la época de los desaparecidos políticos de los 70s. Me ha tocado formar una comisión de derechos humanos, he venido a escucharles”, declaró en ese momento.

SEPyC vs SNTE Sección 53

La designación de una base sindical tras la muerte de un intendente de una escuela pública de una comunidad del municipio de Mocorito generó un intempestivo conflicto entre la dependencia a cargo de Graciela Domínguez Nava con la dirigencia sindical.

La consigna de la SEPyC fue contundente: “Nosotros somos el patrón”, en alusión a que terminaría los otorgamientos de bases y plazas de manera discrecional dentro del sistema educativo en el estado por parte del sindicato.

LEE MÁS: “Nosotros no rompemos con el patrón”: Convergencia 53

El líder de la sección 53, Fernando Sandoval Angulo, denunció a la titular de la SEPyC de entrometerse en las funciones del sindicato, en la asignación de plazas laborales de intendencia, veladores, secretarias y prefectos.

“Hoy denunciamos y demandamos el alto a la intromisión de la SEPyC, de Graciela Domínguez Nava, en la titularidad que tiene la sección al respecto al personal de apoyo y asistencia a la educación. Es una facultad que tiene esta organización sindical y no vamos a permitirle a la SEPyC su intromisión en quienes deben ser las propuestas de personal de apoyo y asistencia a la educación”, dijo.

En reacción a dicha declaración la secretaria de Educación Pública respondió que le parecía precipitado el supuesto “rompimiento”, anunciado que esa ruptura no es con los maestros al servicio de la educación y que al sindicato no le corresponde el otorgamiento de plazas.

“Hemos llegado aquí para que todo se haga en el marco de la legalidad. Queremos dejar claro que el problema de la posición del dirigente sindical es que no es en sí mismo solo esta plaza, ellos exigen todas las plazas de personal de apoyo, cosa que nosotros no podemos aceptar. El sindicato no puede hacerlo unilateralmente menos cuando es una facultad de la institución y no sindical”, explicó la funcionaria estatal.

Por otro lado, hay quienes especulan que el asunto de fondo es terminar con el cacicazgo que ha mantenido por años el ex senador Daniel Amador, a quienes algunos consideran el líder moral de la Sección 53.

Basificación al sector salud

Se calculan que poco más de tres mil trabajadores del sector salud en Sinaloa se encuentran laborando por contrato y sin la suficiente estabilidad que una base garantiza. Son cientos de enfermeras, camilleros, trabajadores de intendencia, dentistas, químicos, administrativos e incluso médicos que cargan con años de lucha a favor de sus derechos.

Se han manifestado reiteradamente en los últimos años en el Congreso del Estado, en el Palacio de Gobierno y en las mismas calles. De paso señalan el otorgamiento discrecional de plazas por parte de funcionarios de la Secretaría de Salud en turno y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud sección 44.

LEE MÁS: Piden empatía hacía plantón de los trabajadores de Salud afuera del Hospital de la Mujer

No fue sino hasta la radicalización de las protestas de ellos al plantarse sobre la avenida Miguel Tamayo afuera del Hospital de la Mujer, obstaculizando la movilidad vehicular y generando molestias a los vecinos de Valle Alto, que tanto el gobernador Rubén Rocha Mocha como el actual secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, comenzaron a agilizar las gestiones para la anhelada basificación.

En esos encuentros Rocha Moya les aseguró que a partir del primero de enero de 2022 comenzaría este proceso, donde dentro del Presupuesto de ese año se destinaron recursos suficientes para atender por lo menos una primera etapa de las aproximadamente 400 bases que prometió el gobernador.

“Ya hablé con el presidente y le planteé el problema. No voy a esperar el dinero de la federación, de tal manera que vamos a empezar para que esa gradualidad camine. Nadie de los que está aquí se les va correr, vamos a tener a todo mundo de acuerdo con sus antigüedades. Ustedes van a tener su base”, prometió Rubén Rocha Moya en el plantón un día antes de rendir protesta frente a los legisladores. 

Préstamo a la federación

A las semanas de iniciar su gobierno sorprendió la noticia de que el gobernador solicitaría un crédito al Gobierno Federal por mil 300 millones de pesos con el propósito de garantizar a los trabajadores del Estado las dos quincenas de diciembre más sus respectivos aguinaldos.

“Que los trabajadores no se mortifiquen, les vamos a pagar las quincenas y su aguinaldo en tiempo, a más tardar el 20 de diciembre debe pagarse por ley”, mencionó al ser cuestionado en su rueda de prensa semanal.

De igual modo, anunció que solicitaría ayuda al presidente López Obrador para el cierre de año, ya que Gobierno del Estado cuenta con un déficit de 2 mil 600 millones de pesos.

“No sabemos con cuánto nos va a apoyar para el cierre, por eso lo más probable es que la previsión que hemos tomado de solicitar créditos de corto plazo es que lo apliquemos, porque ese recursos aunque se autorice con tiempo, llega hasta después del 20 de diciembre y nosotros tendríamos que cumplir con los pagos”, explicó el mandatario.

Asimismo, en ese momento Rubén Rocha Moya dio a conocer que dichos préstamos son porque “el Estado no tiene recursos”.

Desplazados por la violencia en Mazatlán

El pasado primero de noviembre el gobernador Rubén Rocha Moya tuvo un encuentro con una comisión que representaba a los desplazados por la violencia de diversos municipios del sur del estado que han migrado a zonas periféricas del puerto de Mazatlán.

Días antes, las víctimas de la violencia en la zona serrana se manifestaron en las calles en reiteradas ocasiones demandando a las autoridades estatales asignar más recursos para la construcción de nuevas viviendas.

Lo anterior porque un gran número de desplazados se les ha vuelto imposible regresar a sus lugares de origen por el acecho de gavillas que se disputan el territorio en los Altos.

LEE MÁS: Ordena Rocha actualizar censo de desplazados

“Vamos a plantearle a Rocha que etiquete recursos pero además mezclen recursos, hay muchos desplazados que sí pudieran pagar vivienda si participan de Conabi, de SEDATU y del Gobierno Municipal porque también tienen responsabilidad, de acuerdo a la Ley de Desplazamiento tienen obligación en servicios públicos”, manifestó en una de esas protestas Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, coordinador del Movimiento Amplio Social Sinaloense.

Entre los acuerdos tomados entre ambas partes se prometió la compra de reservas territoriales para dotar terrenos amplios donde las personas puedan tener por lo menos un árbol y criar uno que otro animal, ya que los terrenos que les fueron otorgados en la pasada administración son de 6 por 15 metros.

Se mencionó también de un crédito a través de Banobras para la construcción de viviendas con porcentaje de interés bajo.

De igual forma, mediante la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) se acordó que realizarán un nuevo censo entre los desplazados para tener una cifra real en Sinaloa.

“Eran 2 mil 188 por ahí en todo el estado, pero debido a que el gobernador es muy sensible en estos temas, quiere que nosotros hagamos toda esa labor y veamos un número real. El censo va a ser en todo el estado y vamos a tratar de que ese censo sea real, por lo tanto se va acrecentar. Vamos a impartir la justicia”, explicó en su momento María Inés Pérez Corral, subsecretaria de Evaluación y Planeación.