En esta ocasión 49 niñas, adolescentes y mujeres no pudieron recibir el año 2022, pues 42 de ellas han sido víctimas de feminicidios y 7 de homicidios durante este año, según los datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El hecho más reciente fue el acontecido el pasado martes 28 de diciembre del 2021. Una niña de 6 años fue asesinada con un machete en un campo agrícola del municipio de Navolato. De acuerdo con la narrativa de las autoridades se presume que se trató de un desquite de un hombre de 28 años de edad, quien ya se encuentra detenido.
Una semana antes ocurrió un hecho similar donde la víctima también fue una niña, en esta ocasión de 12 años de edad originaria del municipio de Mazatlán. Se ha dado conocer que antes de su asesinato con asfixia fue agredida sexualmente. Su padrastro fue detenido y se encuentra como presunto responsable.
Partiendo de estos casos y los que antecedieron, activistas y colectivos han criticado la falta de políticas públicas de prevención de delitos contra la mujer y la niñez, pues “pintando el Congreso de naranja o el Ayuntamiento” no se acabará la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.
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¿Qué deben hacer las instituciones?
Priscila Salas, activista por los derechos de las niñas, mujeres y adolescentes y vocera del colectivo “No se metan con nuestras hijas”, señaló la necesidad de que Gobierno del Estado ponga sobre la mesa un Plan Estatal de Prevención, así como recursos para ejecutarlo.
“Podemos decir que el presupuesto que hay para la Secretaría de las Mujeres, el 60% es para gasto operativo y no hay una política pública de gobierno para estos casos, no tenemos un Plan Estatal de Prevención y tenemos cifras que continúan aumentando, seguimos contando a las asesinadas y las marcamos con una crucecita más y les marcamos una ficha de desaparición más, pero no existe una política de prevención y es todavía más escandaloso que las mujeres solamente podamos ser sujetas a políticas públicas una vez que nos asesinaron, una vez que desaparecimos”, dijo.
Mencionó que no se trata de figurar, de dar el discurso y hacer actividades representativas como el iluminar el Congreso del Estado de naranja, sino que instituciones como la Fiscalía, Sipinna y SEMUJERES realicen acciones concretas que tengan como prioridad la garantía de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, pues desde hace años México tiene un gran problema para brindarles seguridad a las mujeres.
“Lamentablemente con pronunciamientos no se evitan las muertes de las niñas y las mujeres, necesitamos política pública, necesitamos acciones contundentes, necesitamos gastar dinero en esto, y no existe el dinero para gastarse en acciones de prevención, por lo menos todo el año que entra hay un presupuesto sí para una Secretaría, no hay política pública transversal, ni de género, ni con perspectiva de niñez y adolescencia, ni con perspectiva de derechos humanos”, comentó.
“Yo seré honesta, no creo que el día naranja podamos decir que tiene un impacto en la prevención en las niñas, adolescentes y mujeres, tiene que haber política pública basada en la situación particular del Estado, con dinero apropiado, con el involucramiento de todas las entidades de gobierno y que se pueda evaluar su impacto, porque en el día naranja ¿Qué pasa? participan nada más las instituciones de gobierno y en muchas ocasiones no llega a la sociedad en general, la otra es que no hay acciones de prevención. Y esto no es algo que llegue a acabarse con un año, el día naranja y las manitas naranjas o moradas, del color que tu quieras, o pintando el Congreso de naranja, o pintando el Ayuntamiento de naranja, eso no va a suceder“, agregó.
Por su parte, la activista Heidy Mares, mencionó que debe ser un foco de alerta el incremento en la cifra de feminicidios y mujeres desaparecidas, para que instituciones realicen acciones concretas y destinen recursos a la atención de este problema.
“Al menos hasta septiembre los feminicidios incrementaron al menos un 70% en comparación del año pasado, esto debería ser una super alerta para las autoridades. En marzo, noviembre andan con insignias, con el color morado y naranja a todo lo que da, pero no ha habido protocolo, y lo que se ha implementado evidentemente no está funcionando”, dijo.
Criticó, al igual que Priscila, que al menos en este año no se destinaron recursos en el presupuesto del 2022 para protocolos de prevención contra la violencia hacia la mujer.
“Estamos hablando de que se les da más presupuesto a otros sectores, pero realmente necesitamos que se enfatice mucho que ahorita no nada más estamos hablando solo de la cuestión de feminicidios, también de desapariciones”, dijo.
En este sentido dijo que se cuenta con un protocolo Alba, pero por falta de recursos no se ejecuta como debiera; asimismo, mencionó que se debe destinar presupuesto para una Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, pues problemáticas como la pornografía infantil en Sinaloa se han incrementado.
Comentó también que se debe brindar atención a las niñas, mujeres y adolescentes de la zona rural y no solo en las ciudades grandes como Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.
Con el fin de que se generen políticas públicas de prevención, colectivos como “No se metan con nuestras hijas”, “Sororas Guasave”, “Las cuidanderas”, “Girls Up”, entre otros, crearon una agenda de acciones que necesitan ejecutarse y fue entregada al Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya y al Congreso del Estado. Entre ellas se destacan las siguientes acciones:
- Implementación del Protocolo Alba de manera que se garantice la presentación de la denuncia de manera oportuna, emisión de la ficha y realización de la búsqueda con perspectiva de género de niñas, adolescentes y mujeres.
- Armonizar la legislación local, sobre todo en el nivel municipal, para que todos los tipos de violencia sean penalizados de acuerdo con la recomendación #29 de la CEDAW.
- Creación de un padrón de agresores estatal.
- Expediente único virtual para el seguimiento de los reportes de violencia familiar que se hacen a la línea 911.
Por su parte, Rocío Avendaño, integrante del Colectivo Buelna, defensor de los niñas, niñas y adolescentes, dijo que estos hechos resaltan la duda de la eficacia de las políticas públicas de prevención de delitos contra la niñez.
“Evidentemente han fallado y han fallado en todos los niveles, a corto plazo, a mediano plazo y largo plazo. Cuando se trata de niñas, de mujeres adolescentes, todos y todas estamos obligadas a hacer lo mejor por ellos y por ellas, por el principio del interés superior de la niñez”, dijo.
Comentó que en la anterior administración se tuvo recurso para elaborar estas acciones, entonces ¿En dónde están?.
Señaló que es necesario preguntarle al actual gobierno ¿Cuándo se va a iniciar a trabajar?, pues es urgente que se desarrollo el Plan Estatal de Protección de mujeres, niñas y adolescentes.
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