Seguridad

Violencia desplaza a 36 mil personas en 10 estados de México: CMPDDH

La Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos documentó distintos hechos de violencia generados por grupos criminales, los cuales provocaron el éxodo de miles de personas en el País

Fotografía: Luis Brito

Fotografía: Luis Brito

La violencia de grupos criminales en México desplazó a 36 mil 682 personas en nueve estados.

Se trata de personas que dejaron sus hogares en Chiapas, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Sonora y Sinaloa, de acuerdo con el último reporte de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMPDDH).

Infografía hecha por la CMDDH

Los reportes de la Comisión están elaborados con notas de prensa y comunicados oficiales entre enero y octubre de 2021, marcando además una diferencia importante con el 2020, cuando se reportaron 7 mil 486 personas desplazadas.

El monitoreo fue constante e incluyó la observación del cumplimiento de medidas para la atención y protección a personas víctimas de la violencia que fueron desplazadas de sus hogares.

Chiapas

En el 2021 se registraron los primeros desplazamientos en Chiapas. Eso ocurrió entre el 26 y el 30 de enero, cuando se reportaron  nuevos ataques armados a las comunidades de Chivit, Stzelejpotobtic y a la cabecera municipal.

“Estos ataques persisten a pesar del “acuerdo definitivo” de resolución del conflicto agrario entre Aldama y Chenalhó, firmado en noviembre de 2020“, señaló el organismo.

El 24 de marzo 300 personas de varias comunidades del municipio de Aldama tuvieron que desplazarse a las montañas tras varios días de ataques armados. El retorno se dio al día siguiente, una vez que las balaceras bajaron de intensidad.

Ese mismo mes 31 personas fueron desplazadas de la comunidad de Los Chorros, en Chenalhó. Las personas determinaron que no había condiciones para un retorno seguro debido a la falta de voluntad política de las autoridades locales. A pesar de que se había firmado un acuerdo con participación del ayuntamiento de Chenalhó y que el retorno se había programado para el día 28, autoridades comunitarias declararon que no permitirían dicho retorno pues no habían sido notificadas a tiempo sobre la fecha de este.

En abril continuaron los ataques a pobladores de Aldama y Chenalhó, y el día 8 un joven de 24 años murió en los límites con San Pedro Chenalhó.

Para junio se reportaron nuevos desplazamientos. La CMPDDH documentó que el primero ocurrió en la localidad Santa Isabel Las Delicias, en Venustiano Carranza, donde 35 familias (un estimado de 133 personas) tuvieron que desplazarse hacia la cabecera municipal cuando hombres armados de la Alianza San Bartolomé de los Llanos destruyeron sus hogares y quemaron vehículos, documentos y bienes materiales.

El segundo ocurrió en la localidad de Ch’ivic, en el municipio de Aldama, donde más de 40 personas, en su mayoría mujeres y niñas/os, fueron obligadas a desplazarse a un campamento improvisado ante las continuas agresiones armadas en contra de esta y otras comunidades de Aldama.

Para septiembre, en las localidades de Nuevo Paraíso, San José El Carmen y en la cabecera municipal, en Pantelhó, Chiapas, al menos 90 personas, en su mayoría mujeres, niños y niñas e integrantes de la organización civil Las Abejas, se vieron obligadas a dejar sus hogares debido a la tensión política y al temor a nuevos episodios de violencia en el municipio.

Durante octubre, familias base de apoyo del EZLN de la comunidad autónoma de Moisés y Gandhi (Nuevo San Gregorio), en Ocosingo, fueron desplazadas tras sufrir un ataque armado de un grupo de corte paramilitar. Los perpetradores prendieron fuego a tres aulas de la escuela secundaria autónoma de la comunidad. No se reportó información específica sobre el número de familias o personas desplazadas.

Campeche

300 familias que llevan viviendo varias décadas en los barrios de Santa Lucía, La Ermita, Camino Real y Estación Antigua, en la ciudad de Campeche, enfrentaron un posible desalojo forzado debido a la ampliación del derecho de vía del Tren Maya. ONU-Hábitat afirmó que los vecinos de estos barrios estaban de acuerdo con el proyecto, pero los pobladores lo desmintieron, puesto que no se ha realizado un censo de las viviendas afectadas.

Quintana Roo

De acuerdo con el FONATUR, tendrán que ser reubicados 3,286 hogares en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo por la construcción del Tren Maya, debido a que se encuentran asentados sobre el derecho de vía. Para reubicarlos, el FONATUR prevé que se tendrán que destinar 3,579 millones de pesos. Se estimó reubicar a al menos 1,314 hogares durante el 2021. 

Chihuahua

En Abril, el Gobernador Javier Corral declaró que no se puede garantizar el retorno de los desplazados por la violencia de la Sierra Tarahumara, pues no existen condiciones de seguridad y el gobierno estatal no cuenta con un estado de fuerza suficiente.

Eso sucedió pese a una sentencia ganada por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que ganó un amparo para que se brindara atención urgente a 525 personas desplazadas por hechos violentos en Guadalupe y Calvo, Uruachi, Saucillo, Balleza, Madera y Cuauhtémoc.

En mayo, tres gobernadores tradicionales de la comunidad rarámuri de Mogótavo, en Urique, han sido denunciados por una empresa por el delito de despojo agravado por ocupar sus tierras ancestrales, que fueron comercializadas sin respetar los derechos y voluntades de la comunidad. Según el asesor jurídico de los gobernadores, el grupo de empresarios que interpuso la denuncia pretende desplazar a 300 personas de 80 familias de la comunidad. En respuesta, hubo manifestaciones exigiendo el retiro de las denuncias, el reconocimiento del territorio ancestral y la protección contra desalojos.

En julio se reportaron incendios provocados por grupos criminales en la Sierra Tarahumara que intentan apoderarse de la tala ilegal. Desde 2014 estos grupos han provocado desplazamientos y asesinatos de líderes comuneros en la región. 

En agosto se registraron dos episodios de violencia: el primero en la localidad de San Felipe de Jesús, municipio de Valle de Zaragoza, donde la violencia generalizada ocasionada por el crimen organizado provocó la huida de 50 familias. El segundo sucedió en Baborigame y otras localidades cercanas en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde por lo menos 20 personas indígenas tuvieron que desplazarse tras la quema de sus viviendas y el despojo de sus tierras.

A finales de octubre, al menos 20 personas de la localidad de Rincón de Alisos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, tuvieron que desplazarse con el apoyo de fuerzas de seguridad pública tras la incursión armada de un grupo criminal.

Guerrero

El 25 de febrero se reportaron ataques e incursiones de grupos armados en tres comunidades del municipio de Coyuca de Catalán, ubicado en la región de Tierra Caliente. En El Pescado, poblado vecino, alrededor de 50 mujeres y 40 menores de edad se refugiaron en una clínica para protegerse de un posible ataque.

La violencia de esta región, cuyo origen se relaciona con la explotación de la madera de los bosques de la sierra, generó temor y desplazamientos forzados en al menos 32 poblados y rancherías del ejido Guajes de Ayala, en Coyuca de Catalán.

Al día siguiente, familias que habían sido desplazadas en enero de 2020 de la comunidad de Zihuaquio, también en Coyuca de Catalán, exigieron al gobierno estatal la entrega de despensas, apoyos económicos y predios para construir sus viviendas. 

Cerca de 450 personas desplazadas de la sierra de Leonardo Bravo y de Heliodoro Castillo dijeron estar dispuestas a reubicarse en Chilpancingo o en los estados de Morelos, Puebla, Hidalgo y México, dado que las autoridades les expresaron que no hay condiciones para el retorno seguro a sus lugares de origen.

La CNDH manifestó preocupación por la violencia en la zona calentana de Guerrero, principalmente la provocada por grupos armados en los municipios de San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán, la cual ha resultado en desplazamientos, homicidios y desapariciones.

Grupos armados disputan el control de la tala ilegal de recursos maderables. A principios de abril fue asesinado por un comando criminal el activista y ecologista Carlos Márquez Oyorzábal, que también se desempeñaba como comisario de Las Conchitas, San Miguel Totolapan.

En mayo, 300 personas de nueve comunidades en la sierra de Zihuatanejo, Guerrero, tuvieron que abandonar sus hogares debido a las extorsiones e incursiones armadas de “Los Cuernudos”.

En agosto, el Congreso Estatal aprobó una reforma al Código Penal del estado para crear el delito de desplazamiento interno forzado y sancionar a quien “pretenda, mediante el uso de la violencia y actos intimidatorios, poseer, usar u ocupar temporal o permanentemente el domicilio, patrimonio, posesiones y viviendas de una persona o grupo, ocasionando el abandono de éstos”. 

Michoacán

Para febrero varias familias de Taretan, Michoacán, se vieron obligadas a abandonar el municipio debido a la actuación de grupos del crimen organizado que practican extorsión y buscan reclutar a adolescentes y jóvenes.

“La información disponible actualmente no permite estimar el número de personas desplazadas”, se informó en el reporte de ese mes.

En abril ocurrieron dos desplazamientos importantes.

El primero fue en Aguililla, derivado de enfrentamientos entre grupos armados ocurridos los primeros días del mes. Dichos enfrentamientos provocaron el desplazamiento de al menos 680 personas.

El segundo evento de desplazamiento ocurrió el día 13 de abril, cuando al menos 400 personas de 80 familias de las comunidades de El Maguey, municipio de Quitupán, Jalisco, y El Lobo, municipio de Cotija, Michoacán, tuvieron que abandonar sus hogares debido a incursiones armadas. Se reportó que al menos 150 personas son originarias de El Maguey.

En junio la violencia generalizada y enfrentamientos entre grupos armados continuaron en Aguililla y otros municipios de la región de Tierra Caliente.

Reportes de mediados del mes señalaban que Aguililla se había quedado sin luz y Apatzingán sin policías, y que el operativo policial implementado en la zona ya no estaba. El secretario de Gobierno Estatal declaró que no existe un plan específico para restablecer la paz en Aguililla, pero estaban trabajando en un plan junto con la iglesia para detener la violencia y apoyar a las víctimas

En julio, la Arquidiócesis de Michoacán declaró que se encuentra rebasada por la ola de personas desplazadas que huyen de los municipios de Aguililla, Buenavista, Chinicuila, Coalcomán y Tepalcatepec.

durante agosto, al menos 500 docentes habían pedido su cambio de plaza en cinco municipios de la región de Tierra Caliente, debido a la situación de violencia, que también ha generado el desplazamiento forzado de estudiantes y sus familias.

En septiembre, al menos 230 personas más de Coalcomán dejaron sus comunidades y se trasladaron a la cabecera municipal, donde fueron alojadas por la iglesia y familias. 

Oaxaca

En enero se reportó el desplazamiento de personas de la región Triqui, por lo cual la CNDH emitió medidas cautelares.

En febrero, cinco mujeres fueron amenazadas, encarceladas y agredidas por autoridades locales de San Andrés Yutatío, Tezoatlán, debido a un conflicto agrario entre la comunidad y el papá de cuatro de ellas. Las mujeres tuvieron que desplazarse debido a las amenazas y 30 familiares que aún permanecen en la comunidad son hostigados por las autoridades auxiliares y comunales. 

El 12 de mayo , 45 viviendas de la comunidad fueron incendiadas. Ante la falta de respuesta adecuada y la ausencia de condiciones para el retorno, algunas de las personas desplazadas acudieron a oficinas de gobierno para exigir atención integral, incluida la reconstrucción de las casas.

En julio, al menos 200 personas tuvieron que desplazarse de la localidad de Río Santiago por ataques de sus vecinos de Santiago Xochiltepec, varios pobladores retuvieron por 72 horas a 51 integrantes de la Guardia Nacional y de la Policía Ministerial. Los pobladores accedieron a liberarlos sólo después de que el gobernador se comprometiera a acudir a la población y establecer mesas de diálogo para resolver el conflicto. 

Tamaulipas

Tras una masacre ocurrida a finales de junio en Reynosa, donde fueron asesinadas 15 personas en un ataque perpetrado por un grupo del crimen organizado relacionado con el Cártel del Golfo, algunas personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Cruz Francisco, abogado y esposo de una de las sobrevivientes de la masacre, explicó que en su caso salieron de la región por la falta de seguridad y para evitar problemas con los grupos armados.

Sonora

La violencia en el norte del estado, principalmente en los municipios de Magdalena de Kino e Ímuris, ha ido en aumento. Los enfrentamientos armados dejaron al menos ocho casas incendiadas y más de 20 personas asesinadas. Los pobladores denunciaron en julio que esta situación de inseguridad ha generado desplazamientos forzados. 

El Congreso del Estado aprobó varias modificaciones al Código Penal Estatal, entre ellas, la tipificación del desplazamiento interno forzado como delito. De acuerdo con las modificaciones, el desplazamiento se castigará con una pena de dos a ocho años de prisión y una multa de 150 a 300 veces el valor diario de una Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Sinaloa

Dos mujeres rastreadoras de Culiacán fueron obligadas a desplazarse a otro estado tras ser víctimas de constantes amenazas y actos de intimidación. Las rastreadoras, que buscan a sus hijos desaparecidos en ese municipio y ya habían tenido que desplazarse dentro del estado en distintas ocasiones, se vieron obligadas a salir de Sinaloa debido a un aumento de la violencia hacia ellas.

Comentarios

Reflexiones

Ver todas

Especiales

Ver todas

    Reporte Espejo