En marzo de 2017 el Congreso del Estado aprobó la reforma de los artículos 24 y 112 de la Constitución de Sinaloa en materia político-electoral, con la cual se reduce a 30 el número de diputados que integran el Poder Legislativo, que actualmente es de 40. Esta disposición que también baja en 30 por ciento la cantidad de regidores de los Ayuntamientos, entraría en vigor a partir de los comicios locales de 2024.
Sin embargo, al acercarse la fecha en que se aplique dicha reforma electoral, en la 64 Legislatura hoy en funciones cobra fuerza la intención de dar marcha atrás y mantener la cantidad de curules, a pesar de que la sociedad se ha pronunciado por estructuras parlamentarias menos obesas y de mejores resultados a favor de los ciudadanos.
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De acuerdo a información proporcionada por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Gene René Bojórquez Ruiz, en esta semana será abordado el tema con carácter de urgente debido a que el 31 de enero termina el primer periodo ordianario de sesiones. La prisa tiene que ver también con el hecho de que Instituto Nacional Electoral iniciará en febrero con los trabajos de redistritación de todos los estados.
Lo que hace cinco años derivó de una exigencia ciudadana que al final de cuentas se impuso al ser elevada a rango de reforma constitucional, ahora los diputados pretenden echarla abajo al estar ellos en la privilegiada posición de ser beneficiarios y jueces en la intentona que viene, consistente en sostener la asamblea popular como actualmente está, con 40 integrantes. De manera unilateral están borrando la aspiración pública por aparatos de gobierno más austeros y eficientes.
¿Acaso no importa lo que piensen y decidan los sinaloenses al respecto? ¿Dónde quedó la costumbre del Movimiento Regeneración Nacional, que es el que tiene el control del Congreso, por hacer consultas para todo? ¿Por qué no darle alguna utilidad a la Ley de Participación Ciudadana de Sinaloa y que la gente determine si quiere tener 40 ó 30 diputados? Urgen las respuestas porque los apetitos de los partidos políticos nunca más deben colocarse por encima del legitimo interés general.
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