Escudado en la justificante de que es “en beneficio de la sociedad”, a la que por cierto no le pidió opinión, la 64 Legislatura del Congreso del Estado va por mantener las 40 diputaciones que integran la Cámara y desechar la reforma política que se implementó en 2017 para adelgazar el aparato parlamentario a 30 asambleístas, decisión que en aquella ocasión fue validada y aplaudida por los sinaloenses.
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En la sesión de ayer, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el dictamen que retrocede al estado actual que guarda el Congreso mostrando excesivo temor a reducir estructuras de gobierno obesas aun cuando las dificultades económicas convocan a las instituciones públicas a ceñirse a la realidad que vive la población en general con limitantes derivadas de la inflación, efectos de la pandemia de coronavirus en la economía e insuficiencia del ingreso familiar para cubrir el costo de satisfactores de necesidad prioritaria.
En contrasentido de los apremios que también enfrentan las finanzas públicas, los legisladores de los partidos Movimiento Regeneración Nacional, Revolucionario Institucional y Sinaloense se mostraron como celosos guardianes de lo que llaman democracia participativa, pero sin caer en cuenta que sus representados no quieren más diputados sino mejor calidad en el trabajo que realicen en beneficio de la gente. Visto desde la abismal diferencia de políticos muy bien pagados y ciudadanos con salarios paupérrimos, se entienden mejor los contrastes entre aquellos que no desquitan lo que ganan y las mayorías que no son remuneradas como lo merecen.
Incurren en la alevosía del discurso que alega la defensa de número de acciones legislativas cualitativas para las y los sinaloenses, al mismo tiempo que borran a la ciudadanía al tomar decisiones que usurpan la voluntad popular. Postulan en la reculada que de reducirse el número de diputados el Congreso perderá representatividad, y proceden a arrebatarle a la población esa presencia cívica que tanto esfuerzo costó construirla.
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El Congreso va a hurtadillas a resolver un asunto que lo convierte en beneficiario y en quien decide, carente de la sensibilidad para llevar a cabo la consulta a la gente y al menos legitimar así la regresión consistente en defender las curules con garras y dientes y simultáneamente desconocer los derechos de los ciudadanos a decidir en aquello que le compete resolver.
En el orden de las ambiciones, se resguarda la cuota política y se desampara a quienes los asambleístas dicen representar.
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