Tres periodistas asesinados en enero; suman 28 en el gobierno de López Obrador

El asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido ayer en Tijuana a menos de una semana de que también fuera inmolado en la misma ciudad el fotoperiodista Margarito Martínez, remarca el escenario difícil para el ejercicio de esta labor porque el gobierno en sus distintos niveles actúa apático en dar garantías para la libertad de expresión y en otorgar justicia en ataques letales contra medios de comunicación y trabajadores de éstos. En este mismo mes, el día 10 resultó muerto con arma punzo-cortante el reportero José Luis Gamboa, director de la página en Facebook “Inforegio Network”, en el puerto de Veracruz.

El atentado contra Maldonado, una decana del periodismo en Baja California que fue agredida con armas de fuego al salir del domicilio, patentiza la escasa determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador por otorgar protección a integrantes de la prensa, ya que en 2019 la ahora víctima denunció en una de las conferencias de prensa mañaneras de AMLO que temía por su vida.

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De acuerdo a datos de Artículo 19, la organización internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, el crimen que le quitó la vida a la reportera tijuanense se suma a 147 asesinatos de periodistas con posible vínculo por su labor desde el año 2000, de los cuales 28 han ocurrido durante el gobierno de López Obrador.

Con este panorama letal, México continúa clasificado como el país más peligroso para desempeñar esta profesión. En tanto la libertad de expresión se ve menguada por las agresiones contra periodistas, los políticos dejan crecer el discurso que simula preocupación cuando en realidad es el habitual “lavado” de manos. Hoy por la mañana López Obrador atribuyó a hechos del pasado el ataque contra Lourdes Maldonado.

“No olvidemos eso, que la violencia se empieza a manifestar hace 20-30 años, casi a la par de la aplicación de la llamada política económica neoliberal y cuando empieza a hacerse más evidente y monstruosa la desigualdad económica y social”, dijo.

La impunidad en estos hechos tan lamentables como todo tipo de violencia que a diario deja bastantes víctimas en México, constituye el aliento principal para los criminales que capitalizan a su favor la indiferencia e ineptitud de autoridades, fiscales y jueces como permiso para perpetrar los delitos. La ley se torna débil cuando la oratoria gubernamental es la que cobra fuerza al tratar de esconder en la estridencia la autenticidad de los muertos, el miedo, los deudos e ingobernabilidad que acechan sin limitaciones.

¡Ya basta, presidente López Obrador!