El gobierno de Sinaloa mantendrá una flota de aeronaves para cumplir con “asuntos esenciales” del gobernador Rubén Rocha Moya.
El anuncio se hizo el 31 de enero en el Programa de Reducción y Ahorro del Gobierno del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial.
“El titular del Poder Ejecutivo dispondrá de un inventario básico de aeronaves oficiales que le posibilite su operación básica en asuntos esenciales, en términos del artículo 28 de la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa. Las aeronaves que no cumplan con esas funciones deberán ser desincorporadas del patrimonio estatal“, se indicó en el documento.
“Por ningún motivo, los servidores públicos podrán utilizar para sus asuntos particulares las aeronaves referidas en el segundo párrafo de este articulo”.
En dicho documento no se detalló cuáles son los asuntos esenciales del gobernador.

Revista ESPEJO documentó el 7 de julio que los aviones y helicópteros del gobierno de Sinaloa viajaron casi todos los días desde 2017 a 2021, pero los registros de la Secretaría de Seguridad Pública, encargada de las aeronaves, sólo documentó cuando las usó el gobernador Quirino Ordaz Coppel y sus acompañantes sin nombre.
El gobierno de Sinaloa indicó que el uso de los aviones y helicópteros fue siempre para cubrir agenda del gobernador Ordaz Coppel.
Solo entre 2017 y 2019 hubo mil 463 vuelos distintos hechos por el mandatario sinaloense. De esos, por lo menos en 26 ocasiones usó dos o tres aeronaves de manera simultánea para ir y venir a los mismos lugares donde tuvo eventos públicos, así se documentó en las bitácoras de las aeronaves.

Las bitácoras de vuelo, las cuales fueron obtenidas con solicitudes de información, señalan que el mandatario hizo dos o tres vuelos al mismo tiempo, pues en ambas aeronaves se registró como el pasajero principal con más acompañantes.
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La Auditoría Superior del Estado (ASE) rechazó hacer una auditoría especial por el uso de los aviones, tras informarle al Congreso local que “se tendría que solicitar un dictamen técnico realizado por peritos en aeronáutica que establezca las posibles diferencias de los costos operativos efectuados con los que a su real saber y entender deben de haberse realizado, siendo que para ello debe considerarse la existencia de diversas variables que afectan el costo en el consumo de combustible tales como: condiciones de ruta en dichos vuelos, datos de peso y balance, cantidad de pasajeros transportados, mantenimiento correctivo y preventivo de las aeronaves, por mencionar algunos; circunstancias que no permiten contar para fines de la auditoría con un método establecido para, determinar el costo de operación exacto por aeronave, permitiendo por lo tanto que el posible daño o perjuicio al erario, en caso de haberlo, no se encuentre debidamente soportado, comprometiendo los principios de certeza y segundad jurídica, que todo acto de autoridad debe de contener”.
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Rubén Rocha Moya, gobernador actual del Gobierno de Sinaloa, ha expresado que se debe revisar el uso de los aviones, pero la Secretaría de Transparencia rechazó también tener alguna investigación al respecto.
En el Programa de Reducción y Ahorro del Gobierno se indicó, sin embargo, que deberá hacerse un análisis e inventario para cubrir asuntos esenciales, mientras que a otros funcionarios se les prohibió hacer el uso de las aeronaves y usar vuelos comerciales.
“Se prohíbe a los servidores públicos que para su traslado dispongan de aeronaves oficiales o mediante alquiler con cargo al erario público, quienes en todo caso deberán utilizar aeronaves comerciales”, se señaló.
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