Derechos Humanos

Procedimiento abreviado | Fiscalía tiene que buscar condenas apropiadas, no ridículas: NSMCNH

El colectivo feminista No se Metan con Nuestras Hijas, acusó que las autoridades faltan a los derechos humanos de las victimas al ofrecerles condenas ridículas a los agresores. “Hay estados en los que incluso presionan a las víctimas para que acepten el procedimiento abreviado”, reclamaron

El papel de la fiscalía no es ofrecerles a los agresores, a los presuntos responsables o imputados el procedimiento abreviado. El papel de la Fiscalía es acusar, representar a la víctima, representar a la sociedad, obtener condenas justas que brinden y garanticen el acceso a los derechos humanos y el acceso a la justicia de las víctimas. Ese es el papel de la fiscalía”, reclamó Priscila Salas.

La declaración de la activista feminista, miembro de la colectiva No se Metan con Nuestras Hijas (NSMCNH), llega después de que se diera a conocer el caso de una violación en la que la víctima es una menor de edad y cuyo agresor recibió una condena de 2 años de prisión. Esto, mediante el mecanismo de procedimiento abreviado estipulado bajo el ‘sistema penal acusatorio’.

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La activista indica que, luego de una investigación al interior de su colectiva, se dieron cuenta que en los estados son las fiscalías y ministerio públicos los que ofrecen esta modalidad en casos de violencia de género.

“Incluso hasta las presionan a las víctimas para que acepten el procedimiento abreviado”, acusó.

¿Qué es el procedimiento abreviado?

Según el portal conceptosjuridicos.com, el procedimiento abreviado es “una forma de  terminar el proceso (penal) de manera anticipada según el artículo 185 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). A grandes rasgos, es el juicio que se realiza como alternativa al juicio oral, donde es el juez de control quién dicta la sentencia”.

Requisitos para procedimiento abreviado

  1. La solicitud del Ministerio Público, la cual deberá contener la acusación, así como, exponer los datos de prueba en que se basa. Narrando los hechos que se le atribuyen, su clasificación jurídica, cuanto intervino en los hechos así como las penas y la cantidad que habrá de establecerse para la reparación del daño.
  2. Que la víctima u ofendido no se opongan, pero si lo hicieran solo se tomará en cuenta si su oposición fuere fundada, aunque la ley solo le reconoce el derecho a oponerse cuando la reparación del daño no se encuentre debidamente acreditada (artículo 204 CNPP)
  3. Que el acusado sepa de qué se trata el juicio oral y el procedimiento abreviado, que renuncie de manera expresa al juicio oral, que acepte el procedimiento abreviado, que confiese que es culpable y que acepte la sentencia basada en las pruebas que exponga el Ministerio Público cuando formule la acusación.

Según este portal, los beneficios de un procedimiento abreviado son que el acusado podrá obtener una reducción en su sanción, así como una justicia más rápida para la víctima.

Sin embargo, para Priscila Salas, en realidad la intención de las autoridades al promover la resolución de juicios por este procedimiento es desahogar la gran carga de trabajo que tienen los juzgados, sin importarles si hay una justa reparación del daño a la víctima.

“(El procedimiento abreviado) les hace judicializar más carpetas, tener más sentencias. Ósea, les suben las estadísticas pues, les da buenos números. Pero ese no es el asunto”, lamentó.

“El asunto es que la fiscalía cumpla con su papel de procurar a justicia para las víctimas. Uno. Dos. Que haya sentencias que sean ejemplares y que disuadan a las personas de cometer estos delitos…. Pero que sí haya condenas que las familias, las víctimas, se sientan representadas”, añadió.

¿Es revictimización?

Al cuestionar a la activista sobre si este comportamiento de parte de las autoridades es una acción revictimizante, esta indicó que no es así ya que la presión por parte de estas para que las victimas acepten el procedimiento abreviado no es parte del mismo delito, sino más bien una especie de ‘violencia institucional’.

“No quiero usar la palabra revictimizante ¿sabes por qué? Porque no es parte del mismo delito, no es parte del mismo, esta violencia institucional… Yo creo que es contra sus derechos humanos, es una violación a sus derechos humanos”, explicó.

Más allá de esto, enfatizó, en el caso de Sinaloa se debe recordar cómo, durante su papel como jueza en el juicio por el caso de corrupción de la actual fiscal Sara Bruna Quiñonez Estrada, fue estricta al señalar que el pago del daño generado por el ex secretario de finanzas Armando Villarreal, era muy grave como para resolver el caso con una pena como la que solicitó en aquel momento la Fiscalía a cargo de Juan José Ríos Estavillo.  

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Ahora, lamenta Salas, parece que ha tomado el papel que antes criticó.

“Yo creo que es muy importante retomar este asunto y recordarle a la fiscal la indignación que tuvo como jueza para que ella pueda empatizar con las víctimas y que no salga y diga que esto solamente es un asunto procesal, porque entonces cuando ella era jueza también era un asunto procesal y sin embargo encaró a la fiscalía y le recriminó su falta de acusación”.

Sara Bruna, hoy fiscal, tomo relevancia pública cuando se indignó porque las penas eran ridículas, las sanciones eran inapropiadas. Eso como jueza no lo aceptó, ese es el papel del juez en estos casos, no aceptar estas cosas, pero el papel de la fiscalía es acusar, es representar, es que el daño sea reparado y que haya sanciones adecuadas, y no irse a los mínimos”.

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