Corrupción

Dejan a la Auditoría investigación por la USE en Culiacán

“Esperamos que (la Auditoría) sea exhaustiva, que sea profunda y si de ella se derivaran responsabilidades de cualquier índole resarcitoria, administrativa, civil o penal, creemos que la Auditoría está obligada a ejercerlas”, dijo Enrique Inzunza Cázarez

El gobierno de Sinaloa dejó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) la investigación en torno a la compra y administración de la Unidad de Servicios Estatales (USE) en Culiacán.

Enrique Inzunza Cázarez, secretario General de Gobierno, dijo que la ASE ya solicitó información específica sobre cada uno de los fideicomisos que atañen a la USE.

“Nosotros esperamos que la Auditoría no tenemos duda que así ocurrirá, que la auditora y quienes integran ese órgano con autonomía técnica garantizada hagan un trabajo exhaustivo, minucioso, se aclare a los trabajadores, primeramente, a los trabajadores, a la sociedad el origen, los movimientos, las acciones que se tomaron respecto de ese recurso por quienes hayan intervenido con sus anteriores gobiernos y los propios dirigentes sindicales”, dijo en conferencia de prensa.

Creemos que corresponde a la ASE, la Auditoría Superior del Estado, ella es quien está interviniendo ya y el gobierno estará muy atento a las conclusiones de su auditoría, que esperamos que sea exhaustiva, que sea profunda y si de ella se derivaran responsabilidades de cualquier índole resarcitoria, administrativa, civil o penal, creemos que la Auditoría está obligada a ejercerlas“.

Lee también: ¿De quién es la USE? | El gran golpe de suerte

La Auditoría abrió un expediente, luego de que se solicitó por el gobierno de Sinaloa, toda vez que no existe certeza jurídica sobre presuntos pagos a razón de un arrendamiento.

Revista ESPEJO documentó que ese edificio costó 235 millones 600 mil pesos, dinero que se tenía en el fideicomiso 110522, en el cual estaban integrados trabajadores del gobierno de Sinaloa y del SNTE 53.

El comité tomó la decisión de formar un nuevo fideicomiso para administrar el edificio y cobrar las rentas, el número 20006580. Ese fondo debía ser administrado por un comité técnico nuevo, encabezado por la secretaría general del SNTE 53 y dos representantes del gobierno de Sinaloa.

En 2005, cuando ocurrió, se nombró a Germán Contreras, secretario general del SNTE 53, a Juan José Cristerna Molina, director de Recursos Humanos del gobierno estatal, y Antonio Vega Gaxiola, entonces titular de la coordinación con entidades públicas de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Esas tres personas fueron el primer comité técnico que debía contratar a una empresa privada para cobrar las rentas, luego debía entregar todo el dinero al comité para que este pagara los impuestos correspondientes y lo depositara a otro fideicomiso, el número 2000485, donde radica el Sistema de Ahorro y Préstamos (SIAP).

En ese fideicomiso hay recursos de trabajadores del gobierno de Sinaloa y del SNTE 53, ahí deben guardarse las retenciones hechas a los mismos, sin embargo, este solo cuenta con 123 millones de pesos.

El comité técnico del fideicomiso número 20006580 a la fecha, después de 17 años, no ha nombrado a un fideicomisario, es decir a alguien que tenga propiedad, autoridad, o posición de confianza o responsabilidad de los bienes.

Lee también: LA USE NO ES DEL SNTE

Inzunza Cázarez señaló que será la Auditoría la que decida, conforme a sus tiempos, la que establezca si habrá sanciones por posibles irregularidades en el proceso de compra del edificio y renta posterior.

Comentarios

Reflexiones

Ver todas

Especiales

Ver todas

    Reporte Espejo