Corrupción

Determinar y castigar manejos oscuros de la USE, sean quienes sean los responsables

Durante cuatro gobiernos estatales el secreto se ha mantenido bien guardado y, paradójicamente, el que luce muy descuidado es el derecho ciudadano a saber en qué y cómo gastan los políticos el dinero del erario

Después de casi dos décadas de manejos turbios sobre el edificio y terreno que son sede de la Unidad de Servicios Estatales, el gobierno de Rubén Rocha Moya ha ofrecido auditorías a todos aquellos esquemas de arrendamientos, financiamiento o fondos que implican recursos públicos que en teoría son del magisterio sinaloense y cuya transparencia debe garantizársele tanto a los supuestos beneficiarios como a la sociedad en general.

A 17 años de que fue construida la USE todavía no se clarifica la propiedad del inmueble, la procedencia del dinero para su edificación, por qué el Gobierno del Estado no paga la renta a la sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que se asume como dueño, y una secuencia de inconsistencias que resalta tratos indebidos en las partes arrendataria y arrendador que durante cuatro gobiernos (Juan Millán Lizárraga, Jesús Aguilar Padilla, Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel) prefirieron esconder la madeja de complicidades en lugar de rendir cuentas sobre el tema.

En tal sistema de opacidad ESPEJO Revista Digital realizó la correspondiente investigación a cargo del periodista Marcos Vizcarra, sin encontrar evidencia legal que pruebe que la USE le pertenece al sindicato de maestros y que esta organización esté debidamente acreditada y constituida para reclamar el edificio y pago de rentas atrasadas. El reportaje, cuya primera entrega se publicó el 20 de febrero, la segunda hoy y mañana la tercera y última, pretende dilucidarle a la opinión pública un asunto que entre más es revisado mayor tufo de corrupción expele.

En principio la USE nació como patrimonio de los sinaloenses porque la construcción se realizó sobre un terreno de 20 mil metros cuadrados aportados por el Desarrollo Urbano Tres Ríos, empresa paraestatal del Gobierno de Sinaloa y el costo fue pagado con obras de urbanización en el sector en que se ubica. Y porque desde el inicio hasta la fecha fueron pasados por alto, por colusión u omisión, trámites esenciales para certificar a quién pertenece o formalidades cuyo cumplimiento da certeza jurídica a la compra o traspaso del bien inmueble.

Por el bien de los maestros y para enviarles a todos los ciudadanos la señal de voluntad por la rendición de cuentas, las revisiones que efectúe la Auditoría Superior del Estado a los recursos y propiedades que maneja el SNTE 53 deben aportar información nítida y suficiente que descifre el enigma, más sospecha que misterio, de a quién le pertenece la USE.

Durante cuatro gobiernos estatales el secreto se ha mantenido bien guardado y, paradójicamente, el que luce muy descuidado es el derecho ciudadano a saber en qué y cómo gastan los políticos el dinero del erario.

LÉELO AQUÍ: LA USE NO ES DEL SNTE

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