Corrupción

Exhibe la ASE desórdenes administrativos y financieros de alcaldes de Culiacán y Mazatlán

En total la ASE observó 250.2 millones de pesos en posibles irregularidades por el Gobierno de Sinaloa, el Congreso local, el Poder Judicial, los 18 municipios

Los gobiernos municipales continúan con desórdenes financieros y administrativos que se agregan a la baja capacidad recaudatoria y configuran ambas situaciones crisis de los erarios que repercute en los ciudadanos que siempre pagan por las consecuencias de alcaldes que le apuestan más a subir impuestos y tarifas de servicios públicos que al manejo racional y responsable de los presupuestos y la implementación de la honestidad y transparencia.

En los informes de las cuentas públicas correspondientes a 2020, la Auditoría Superior del Estado señala posibles irregularidades por 40.6 millones de pesos en el Ayuntamiento de Culiacán, 34 millones de pesos del gobierno de Mazatlán y 23.3 millones de pesos del municipio de Guasave, mientras al Gobierno del Estado, presidido entonces por Quirino Ordaz Coppel, le realiza observaciones por sólo 15.5 millones de pesos. En el caso de Mazatlán hay que agregar que la Auditoría Superior de la Federación le observa al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres posible daño al erario público por 823 millones de pesos.

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En total la ASE observó 250.2 millones de pesos en posibles irregularidades por el Gobierno de Sinaloa, el Congreso local, el Poder Judicial, los 18 municipios, organismos autónomos y entes públicos estatales durante el ejercicio fiscal de 2020. Éstos serán notificados dentro de un plazo de diez días hábiles y a partir de allí podrán presentar las aclaraciones sobre los probables daños a las finanzas públicas.

El informe del órgano fiscalizador expone la escasa cultura por el ejercicio correcto del dinero que los sinaloenses aportan y evidencia también la falta de planeación administrativa y el uso anárquico de los presupuestos disponibles. Se trata sobre todo de dos municipios, Culiacán y Mazatlán, en permanente déficit financiero y aparte con alcaldes en incesante confrontación o medición de fuerzas políticas con los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Tal vez sean la impunidad y arreglos políticos los que producen la repetición de los desaseos en las finanzas estatales y municipales. Por más irregularidades que sean detectadas, ninguno de los servidores públicos involucrados resulta ejemplarmente sancionado y todo queda en justificaciones a medias, tráfico de influencias y en el mejor de los casos multas a modo que no son proporcionales a la cuantía del perjuicio ocasionado.

¿Entonces para qué sirven las auditorías y los informes de las irregularidades?

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