Maestras y maestros jubilados de la Sección 53 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE 53) denunciaron ante la Fiscalía General de la República opacidad en el fideicomiso con el que se compró la Unidad de Servicios Estatales (USE).
Esa denuncia se interpuso el 2 de septiembre de 2020, de acuerdo con un oficio presentado por los maestros, del cual Revista ESPEJO tiene una copia.
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En la denuncia se señaló de manera directa a ex dirigentes y dirigentes del SNTE 53, como a Daniel Amador Gaxiola, Óscar Octavio Beltrán Ruiz, Lorena Álvarez Gámez, Germán Contreras García, Lourdes Sarabia López, José Silvino Zavala Araujo y José Fernando Sandoval Angulo.
También se incluyó a los ex directores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa (ISSSTESIN) Jesús Enrique Hernández Chávez, Rodolfo Sahagún Obregón, Lorena Álvarez Gámez, Óscar Octavio Beltrán Ruiz y Jesús Ernesto Delgado Valverde.
El Fideicomiso 110522, denominado Fondo de Ahorro de los Trabajadores del Estado de Sinaloa, se usó en 2015 para comprar el edificio donde hoy se alberga la USE por un monto de 235 millones 600 mil pesos, pese a que su valor de avalúo era por 204 millones de pesos.
La compra se hizo a la empresa OEI Inmobiliaria.
Esa transacción se logró luego de que el comité técnico del Fideicomiso 110522 aceptara gastar los 235.6 millones de pesos de un fondo hecho con retenciones a trabajadores del Estado y del Magisterio a cambio de un edificio, el cual, según se estableció en el acuerdo, debe ponerse en renta para generar ingresos a favor.
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Esa operación se aceptó también por Hilda Elisa Cervantes Elizalde, secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STASE), y Germán Contreras García, secretario de la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 2005.
Ninguno de los sindicatos consultó a los trabajadores del Estado o al Magisterio.
En cambio, se acordó crear otro fideicomiso, el número 20006580, el cual debía administrar los recursos, cobrar las rentas, pagar los impuestos generados por ese dinero y luego, ya con los recursos libres de impuestos, depositarlos en otro fideicomiso, el número 2000485, denominado también Sistema de Ahorro y Préstamos (SIAP).
En 2017 la Auditoría detectó que había un hoyo financiero por $1,032,636,527.83 (mil 32 millones 636 mil 527.83 pesos) en el Fideicomiso 2000485, conocido también como SIAP. En la cuenta pública de 2018 se señaló que la deuda creció hasta los 1,169 millones de pesos. Pero en la cuenta pública de 2019 ya no aparecía adeudo.
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La fiscalización llegó hasta 2018 y con ella siempre una leyenda:
“Es conveniente mencionar que el contrato del Fideicomiso número 2000485-0 del Banco Santander S.A., fue solicitado a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante oficio número ASE/AUD/B/1003/2018, a lo cual la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante oficio número DRH/1878/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, manifestó no estar en posibilidad de proporcionarlo, debido a que no se encontró dicha documentación en los archivos de la Secretaría”, se señaló en los reportes de la Auditoría hasta 2018.
Los maestros jubilados del SNTE 53 cuestionaron la falta de seguimiento por la Auditoría y los razonamientos de esta para no investigar más a fondo.
Ese fideicomiso tiene por ahora 123 millones de pesos, sin que se dé razón alguna del dinero faltante, por ello la Comisión de Fiscalización del Congreso local solicitó una auditoría especial para reiniciar esa investigación.
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